Hay soluciones para el desempleo

El Gobierno no sabe ya por dónde tirar para abordar los datos de paro que se acumulan mes a mes. El propio Ejecutivo se ha metido en una trampa al decir que no llegaremos a los cuatro millones de parados, cuando la realidad apunta a que, por desgracia, se superará esa barrera fácilmente. Por otro lado busca culpables a diestro y siniestro, con tal de no aparecer él como principal responsable de la situación. Primero acusó a George W. Bush, pero como su despacho lo ocupa ahora el canonizado Barack Obama, con el que Zapatero quiere identificarse ante la opinión pública, se ve forzado a mirar a otra parte. Ahora señala a la banca como la gran culpable, con la esperanza de que sus fieles se aferren a la nueva consigna sin pestañear.

No cabe duda de que en parte tiene el éxito asegurado. Pero también habrá una parte de su electorado a quien le llame la atención que Zapatero, que se arrogaba en exclusiva los excelentes datos de empleo de sus primeros años, ahora quiera quitarse de en medio para colocar como principal responsable a quien en el momento considere más oportuno. También habrá una parte de sus propios votantes, y de los demás, que se pregunten si los variopintos proyectos improvisados por los ayuntamientos -y financiados con cargo a los 8.000 millones que facilita el proyecto- son de verdad una solución. Y se preguntarán, asimismo, si es que no hay verdaderas políticas de empleo.
Por supuesto que las hay. Los economistas las conocen y hablan de ellas. La historia nos las muestra, porque han sido probadas, y con éxito. Un empresario, cuando va a contratar, tiene en cuenta la productividad que le aportará el trabajador y el coste de tenerlo en plantilla. Si el coste de hacerlo es menor, la posibilidad de mantenerlo es más grande. Arturo Fernández, presidente de la CEIM, ha hecho una propuesta exactamente en este sentido. Se trata de un “contrato de crisis” en el que la seguridad social estaría bonificada y los costes de despido improcedente se rebajarían de los 45 a los 20 días.

Las cuotas de la Seguridad Social son un impuesto sobre el trabajo que paga íntegramente el trabajador, no el empresario. A éste sólo le interesa qué le cuesta a él, no cómo se reparta ese coste. De modo que ese reparto a quien afecta es íntegra y exclusivamente al trabajador. Rebajar las cuotas supone rebajar la fiscalidad sobre el trabajo y, por tanto, reducir el actual desincentivo a crear y mantener puestos de trabajo. Los beneficiarios serían quienes están ya empleados y quienes se han quedado fuera porque su contratación resulta ahora demasiado onerosa. Los altos costes de despido protegen a los trabajadores que están ya contratados pero, dado que encarecen y desincentivan la nueva contratación, suponen una barrera a veces infranqueable para quienes tienen la legítima aspiración de encontrar un empleo.

No hay analista nacional o internacional que no se sorprenda por la excesiva regulación del mercado laboral español. Un Gobierno como este que se ha empeñado en borrar todas las huellas del franquismo, no ha hecho ningún esfuerzo por eliminar una de las pocas que todavía quedan y que hacen verdadero daño a la sociedad española, como es este mercado atenazado por una regulación que pretende ser, falsamente, protectora de los trabajadores. Ha llegado la hora de darle carpetazo.