Huelga judicial

La jornada de paro que ayer secundó en España gran parte de la carrera judicial supone todo un hito, por tratarse de un hecho sin parangón alguno. El 70 por ciento según los convocantes, y algo más de la mitad según fuentes oficiales, no son sino flecos de la habitual guerra de cifras en este tipo de acontecimientos. Con todo, el seguimiento fue considerable. Y es que motivos no les faltan. La situación de la Justicia en España es poco menos que caótica. Asuntos que tardan años y años en ventilarse, condiciones precarias, escasez endémica de medios materiales y humanos, y un largo etcétera de razones que chocan frontalmente con lo que debe de ser el funcionamiento de la Justicia en un estado democrático y hacen que ese servicio esencial sea uno de los peor valorados por los ciudadanos.

El ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo, muy en su línea, ha tratado de criminalizar a los jueces, equiparando su actitud a la de pilotos y controladores aéreos, cuando la realidad es bien otra. Cierto es que entre sus demandas se halla una mejora salarial del 3,5 por ciento -algo, por otro lado, no especialmente exorbitado, habida cuenta de que su retribución es un 20 por ciento inferior a los de sus colegas europeos-, pero dicha demanda no es sino una más. Claro, que las otras no conviene airearlas. La implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, creación de 1.200 plazas nuevas y un ratio de jueces como el de la media europea -20 por cada 100.000 habitantes- parecen reivindicaciones bastante sensatas. aunque también cabe reseñar que los propios funcionarios deben asumir su cuota de responsabilidad incrementando su trabajo y adoptando patrones de modernidad.

Entonces, ¿Dónde está el problema? Pues que, hasta ahora, a ningún gobierno se le habían puesto en huelga los jueces. Y, si quienes más saben de leyes, mandan un mensaje a la ciudadanía que venga a decir que “la Justicia está en un estado tan calamitoso que somos incapaces de llevar a cabo nuestra labor en estas circunstancias”, habrá quien vuelva la vista hacia el Ejecutivo, en busca de una explicación. Y es verdad que no toda la culpa ha de recaer en el gabinete de Zapatero, pues sus predecesores tampoco hicieron demasiado en este aspecto. Pero sí es verdad que con este Gobierno, la Justicia ha alcanzado unas cotas de deficiencia totalmente inaceptables. Casos como el de la pequeña Mari Luz son sólo la punta del iceberg de lo que puede volver a suceder -con independencia de la mayor o menor diligencia con que actuasen en el juzgado-. Nunca se ha estado peor. Pero detener la marcha la Justicia con intención de que mejore no es posiblemente el mejor de los remedios. Al menos ahora ya hay conciencia social del problema. Ojala tras ello vengan soluciones.