La Generalidad catalana pagó informes a personas que lo niegan

La Generalidad de Cataluña no sólo está siendo noticia por la adjudicación "a dedo" de informes, sino que además, ahora, según informa el diario ABC este jueves, muchos de los autores de estos artículos o estudios niegan haberlos hecho y aseguran haber cobrado por otros servicios.

De esta forma, los autores de algunos informes niegan haber recibido remuneración alguna por unos trabajos a pesar de que sí aparecen en el listado oficial de informes de 2007 que entregó a CiU y PP el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura.

Hay que recordar que la Fiscalía ya pidió al tripartito catalán más información de los estudios encargados a personas afines por si se hubieran podido malversar caudale spúblicos al pagar cantidades millonarias por informes injustificables.

Asesores a sueldo
Desde CiU, Jordi Turull ha confirmado que al menos cinco personas le han asegurado que no han recibido ningún encargo. Este diputado catalán está convencido de que detrás de estos informes existe "contratación de personal encubierta", esto es, una lista de asesores a sueldo que aparecen como autores de informes.

El diario de Vocento explica desde Barcelona que uno de los abogados de la Generalidad, Santiago Farrés, aparece en el listado de Saura como autor del estudio "Perspectivas de futuro de los juzgados autonómicos". Farrés asegura que él no recibió ningún encargo, sino que cobró 800 euros por escribir un artículo en una de las revistas del Ejecutivo regional.

"Diseño de parchís y puzle" y las "explotaciones de la avellana"
El Museo de Arqueología de Cataluña pagó 1.392 euros a un experto en diseño de olores y sistemas de difusión, Darío Sirerol, por la instalación de una ambientación olorosa en una exposición. Sin embargo, en el listado del Gobierno catalán consta que la Consejería de Cultura pagó ese dinero, no por la instalación, sino por un estudio técnico.

La lista incluye trabajos tan variopintos como el "Diseño de parchís y puzle de la casita de cartón recortable" por el que se han pagado 11.368 euros o el "Estudio socioeconómico de las explotaciones de la avellana" que se encargó por 30.000 euros a la agencia de detectives que investigó la desaparición de Madeleine.