Las filtraciones de la justicia

La denuncia presentada por el Partido Popular ante la Fiscalía General del Estado, con motivo de la filtración del sumario sobre la presunta trama de corrupción que está investigando el juez Baltasar Garzón, refleja bien a las claras el deficientísimo estado de la justicia en España. Esta vez, la supuesta responsabilidad de las filtraciones habría que buscarla, a juicio del PP, en el personal adscrito al servicio de la Fiscalía Anticorrupción, quien, al mismo tiempo, ha sido acusada de emplear un doble rasero a la hora de investigar a las comunidades socialistas de las que no lo son.

Por lo que respecta a las filtraciones, no se trata de algo nuevo. Antes al contrario, es una práctica que, por desgracia, resulta bastante más habitual de lo deseable. Y eso que la ley es clara en este aspecto. Según el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral”. Basta con leer o escuchar a los medios habituales para comprobar que nada de esto se cumple. Ya sucedió con la sentencia del Supremo sobre Educación para la Ciudadanía, sobre la que el Ministerio de Educación había preparado un comunicado valorativo dos días antes de que se conociese su texto definitivo. Por no hablar de la custodia del material probatorio. Del mismo, formarían parte unas supuestas grabaciones que deberían permanecer custodiadas en la Audiencia Nacional…lástima que alguien las haya filtrado ya a la emisora de siempre, donde las repiten machaconamente.

Todo se sabe. Extraoficialmente, claro. Oficialmente es otra cosa. Algo así sucede con la mecánica de la Fiscalía Anticorrupción, cuyas actuaciones presentan un sesgo estadístico coloreado e inquietante. En Andalucía, por ejemplo, paradigma del pelotazo inmobiliario con capital en la Costa del Sol, poco se sabe. Por el contrario, en otras autonomías de distinto color político, el celo de la Fiscalía es encomiable. Cosas así son las que hacen recapacitar sobre las denuncias de los jueces acerca del estado en el que se halla la justicia. Medios, pocos; politización, en exceso. Si alguien vinculado al PP -o a quien sea- ha cometido un delito, que se investigue, pero con todas las garantías procesales. Entre las que se incluyen el secreto de las diligencias del sumario, y el poder personarse en la causa si determinados colectivos o personas ven lesionados sus intereses. Nada de esto sucede. Parece haberse abierto la veda contra el PP, precisamente donde es más fuerte y en periodo electoral: ello no justifica la sobre-actuación ni sirve para enmascarar la realidad de la corrupción donde quiera que se encuentre pero la manipulación partidista de la Justicia tampoco es un asunto banal.