Paraísos fiscales: nubosidad variable

Las llamadas de los gobiernos contra los llamados “paraísos fiscales” son habituales pero arrecian con las crisis económicas y la caída de ingresos fiscales. Hay ciertos países - importantes y de peso algunos, pequeños los más- que cuentan en su legislación con la salvaguardia del secreto bancario. Y, además, ofrecen una fiscalidad muy favorable a todo el que quiera depositar sus capitales en los bancos que operan en aquellos países. Dos combinaciones muy atractivas; lo suficiente como para que un número creciente de ahorradores los elijan para su refugio: sobre todo, tras los desastres de dos guerras planetarias, inflaciones, devaluaciones -y demás apropiaciones indebidas de la propiedad privada por gobiernos crecientemente rapaces. Fuera de casos contados, como Suiza, los paraísos fiscales apenas existían antes de 1914. Después, no han hecho más que crecer, como respuesta a una política fiscal confiscatoria que ha convertido al déspota oriental de Hegel en un arquetipo político relativamente indulgente, comparado con la voracidad de los gobiernos de nuestro tiempo. Es este tipo de política la que ha generado el incentivo de la defraudación y la oportunidad de negocio para los paraísos, sin que esté demostrado que la voracidad fiscal haya incrementado el ingreso fiscal total.

Hacienda somos todos. Pero unos más que otros y, algunos, mucho más que otros. Unos pocos, los más ricos, aportan un porcentaje muy importante de los ingresos fiscales. Su desafección fiscal está muy mal vista por los gobiernos. Por eso, uno de los grandes objetivos de los Estados más ricos es evitar la competencia fiscal. Los Gobiernos quieren, por lo general, que sus ciudadanos compitan en ofrecer los mejores bienes y servicios; pero ellos se resisten a competir por dar los mejores servicios y al coste fiscal más reducido. A todo ello lo llaman “armonización fiscal” –en realidad, un atentado a la inteligencia y, de paso, a la gramática.

Sin embargo, la verdadera clave de los paraísos fiscales es el secreto. El secreto es, por un lado, el verdadero refugio de las grandes fortunas. La historia nos enseña que, en épocas malas, los Estados han recurrido a la confiscación. Nadie quiere ser víctima de ello y, quienes más dinero tienen, ponen los medios para que no ocurra. Pero el secreto es también el escudo de los delitos económicos. Y los Estados tienen el derecho y la obligación de perseguirlos. Este viernes, seis Estados se han comprometido a facilitar a la OCDE la información que poseen de ciertos individuos.

A partir de aquí, cabe plantearse qué uso harán los países de la OCDE con esa información. La cuestión es si se limitará a utilizarla para luchar contra el crimen, o bien sus miembros aprovecharán la información obtenida para evitar que sus ciudadanos dejen parte de su riqueza en estos países. La tentación de hacerlo es muy fuerte y es labor de la sociedad civil vigilar que los Estados no se extralimiten en sus funciones.

Queda, por último, recordar dos hechos, que prácticamente todo el mundo reconoce cuando se habla en general, pero que se escamotean cuando hablamos de los “paraísos fiscales”. El primero es que los dueños de la riqueza son sus titulares y tienen por tanto el derecho a resguardarlo en su propio país o en cualquiera otro del mundo que les ofrezca las garantías que consideran adecuadas. El segundo, es que los Estados son soberanos para elegir sus regulaciones bancarias y que, aquellas que reconocen el secreto de sus cuentas, son tan legítimas como las que no lo hacen. Esperemos que el éxito de que habla la OCDE lo sea también de la sociedad en general.