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Justicia

Dos abogados solicitan al CGPJ la suspensión cautelar de Garzón

lunes 16 de marzo de 2009, 11:26h
Dos abogados han solicitado al Consejo General del Poder Judicial la suspensión cautelar de Baltasar Garzón mientras el órgano de gobierno de los jueces investiga el cobro no comunicado por parte de Garzón de 200.000 dólares durante su estancia en EEUU. Por su parte el PP, según ha declarado este lunes Federico Trillo, volverá a denunciar al magistrado ante el CGPJ y el Tribunal Supremo.
Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea -este último impulsor de la querella a raíz de la cual se ha conocido el cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo de más de 200.000 dólares durante su estancia académica en Estados Unidos- solicitan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspensión cautelar del magistrado mientras se tramita la investigación de los hechos por parte de este órgano. Consideran que la medida está justificada porque el juez podría haber cometido tres faltas de carácter muy grave que no han prescrito. En un documento remitido al Consejo el pasado viernes, al que ha tenido acceso a Europa Press, los letrados justifican su petición en el hecho de ser parte en la querella contra Garzón ya que, pese a ser archivada, motivó la apertura de la investigación por el Consejo.

El pasado día 10, el órgano de gobierno de los jueces abrió diligencias de investigación por el cobro por parte de Garzón de algo más de 200.000 dólares durante su estancia académica en Estados Unidos, entre marzo de 2005 y junio de 2006, a la vista de un auto dictado un día antes por el Tribunal Supremo que se sugiere que el magistrado podría haber incurrido en una falta disciplinaria al no haber comunicado dicha circunstancia al órgano de gobierno de los jueces.

Faltas
Según los abogados, Garzón podría haber incurrido en ocultación de datos en obtención de ayudas económicas (artículo 417.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) que se inicia en marzo de 2005, cuando empieza a recibir el segundo sueldo del Centro de Derecho y Seguridad de la Cátedra Rey Juan Carlos, y concluye cuando deja de percibir el sueldo en junio o julio de 2006. Igualmente consideran que merece una sanción muy grave que Garzón no solicitara la autorización de compatibilidad en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de junio de 2006 para realizar una actividad remunerada con cargo a entidad privada. Se trata de una falta de incumplimiento inexcusable de deberes profesionales o judiciales señalada en el artículo 417.14 de la LOPJ., según esta parte. Además, piden responsabilidades disciplinarias al magistrado por Infracción del deber de abstención en la querella dirigida contra directivos de la entidad patrocinadora de los dos cursos dirigidos por el denunciado (Diálogos Transatlánticos y Derechos Humanos en Latinoamérica)"en los que este obtuvo ventajas directas como aumento de su prestigio y de su influencia internacional".

En su querella inicial ante el Tribunal Supremo, que fue archivada, el abogado Panea acusó a Garzón de cohecho y prevaricación por haber recibido supuestamente 1,7 millones de dólares del Banco Santander Central Hispano (BSCH) por la presentación de un ciclo de conferencias en Estados Unidos, celebrado durante la licencia por estudios de la que disfrutó el juez en dicho país, y luego archivar una causa judicial contra la entidad bancaria.

Ahora, el CGPJ se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo le remita determinada documentación que le fue enviada por la Universidad de Nueva York en el curso de la tramitación de la querella antes señalada. Los documentos especifican las cantidades relacionadas con la estancia del magistrado en este centro académico. En el auto de archivo, el alto tribunal considera que los hechos denunciados por el letrado alicantino carecen de relevancia penal, si bien advierte que la ocultación por parte del juez de las cantidades que percibió del Centro Rey Juan Carlos I de España y el Centro de Derecho y Seguridad de la universidad de Nueva York podría ser determinantes de responsabilidad ante el CGPJ.

Apuntaba el Supremo que la Ley orgánica del Poder Judicial sanciona en su artículo 417.11 como falta muy grave "faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos", y que habría que investigar el caso porque cuando Garzón pidió prórroga de licencia tras su primera etapa en EEUU "no consta que hiciese advertencia alguna sobre la naturaleza y cantidad de los ingresos percibidos y gastos que le fueron satisfechos".

Así, el auto explicaba que el Centro Rey Juan Carlos asumió el pago de gastos de viaje por 21.152 dólares y la escolarización de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de Naciones Unidas. Además, El Centro de Derecho y Seguridad pagó a Garzón otros 160.333,14 dólares por organizar los cursos denominados "Diálogos Transatlánticos" y "Seguridad Jurídica".

El PP continúa con su denuncia
El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ha anunciado también este lunes que su partido volverá a denunciar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, y ha asegurado que "hay una deliberada voluntad de dañar al PP" en su actuación.

Trillo ha explicado que esta nueva denuncia contra Garzón se producirá después de que el diario El País publicara este domingo una entrevista con el sastre José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrece detalles sobre los trajes que confeccionaba para el presidente valenciano, Francisco Camps, cuyas facturas están siendo analizadas en la trama de corrupción que investiga Garzón. En declaraciones a Onda Cero, Trillo ha dicho que esas declaraciones son "una sarta de mentiras de principio a fin, mentiras, contradicciones y ridiculeces", y ha añadido que José Tomás no es "ni testigo, ni sastre", está "imputado por falsedad y estafa" y ha sido "despedido disciplinariamente" de la empresa Forever Young para la que trabajaba.

"Me consta que no es sastre, es jefe de ventas de la empresa Forever Young y, además, no es testigo, es imputado de Garzón", ha aseverado el dirigente del PP quien ha recalcado que sus declaraciones pueden suponer una nueva violación del secreto del sumario. Trillo ha desvelado que se ha puesto en contacto con Forever Young y que la empresa "está actuando" contra José Tomás al que denunció el pasado 13 de febrero "como autor de falsificación de facturas dobles", y ha dicho que cree que la empresa ampliará hoy esta denuncia por las declaraciones que publicó ayer El País.

Ha insistido en que "hay una pretensión desde el principio" por parte de Garzón de que haya "una especie de trama nacional del PP" en la causa y que, por eso, "encuentra al sastre, que cuenta cuentos, cuentos y mentiras". Trillo ha recalcado además que "no hay ni un sólo contrato" con la empresa investigada en Valencia por Garzón, Orange Market, que no haya sido revisado por el Tribunal de Cuentas, públicamente convocado, resuelto en mesa de contratación en concurrencia de audiencia y sin ninguna impugnación".

Ha vuelto a criticar que Garzón saliera de España el pasado martes "con permiso de asuntos propios y sin haber enviado las causas" a los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid, así como la explicación del juez de que había "funcionado mal el servicio de reprografía". "Es lo que le ha permitido justificar la ausencia durante una semana del territorio nacional, retener la causa y abundar en la indefensión del PP", ha manifestado Trillo, quien ha confiado en que los autos lleguen "hoy o mañana" para que, "de una vez, se pueda producir un proceso con todas las garantías debidas".
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