Deuda histórica con España

Andalucía está de enhorabuena. El Estado ha decidido poner fin a una vieja reivindicación de aquella comunidad autónoma, consistente en una supuesta deuda histórica. Así, la Administración de todos abonará a la autonomía regida por el señor Chaves más de mil millones de euros. No está mal, sobre todo en tiempos de crisis. Pero sucede que la verdadera dimensión del problema es otra. Con independencia de que Andalucía, o cualquier comunidad autónoma, tenga sus carencias y que el Estado deba velar por los intereses de sus nacionales, hemos de abordar la definición de algunos conceptos poco claros, como el de la famosa deuda histórica. Si nos atenemos a la literalidad del Estatuto de Autonomía andaluz, estaríamos ante una cantidad que el Estado debe abonar a Andalucía para hacer frente a las sus peculiares circunstancias socio-económicas.

Mucho han cambiado las cosas en España desde que a finales de los años 70 se inició el desarrollo del Estado de las autonomías. Dicho desarrollo estatutario debió de concluirse hace ya mucho tiempo pero, entre las exigencias de los nacionalistas y la falta de coraje político de los sucesivos gobiernos, todavía hoy algunas comunidades autónomas siguen demandando transferencias y concesiones varias. Y si algo ha demostrado el paso de los años ha sido el preocupante déficit económico que el actual mapa autonómico ha supuesto para la totalidad de España. Las comunidades autónomas han cambiado para bien muchas cosas de sus territorios pero también se han convertido en máquinas de despilfarrar dinero público. Sus administraciones están sobresaturadas de funcionarios muy bien remunerados y con una carga de trabajo cuando menos cuestionable, lo que traducido en productividad arroja un balance desalentador. Además, como consecuencia de este último aspecto se ha ido entretejiendo una tupida red de clientelismos políticos que retrotrae su funcionamiento a la época de Galdós.

Andalucía apela a sus particularidades económicas y sociales. Bien puede tenerlas. Pero igual que ella, también las otras 16 comunidades restantes. Darles a cada una lo que piden significaría la quiebra inmediata de la Hacienda Pública. Conceptos como el de solidaridad fiscal cada vez tienen menos peso específico en el marco de la legislación tributaria española. Al mismo tiempo, los distintos gabinetes -sobre todo socialistas- de la democracia han ido viendo cómo cada vez se iba agrandando más la fractura social entre españoles, sólo por el hecho de vivir en una u otra comunidad. Es hora ya de que los representantes del Estado sienten a los diecisiete presidentes autonómicos y les exprese la necesidad de cerrar de una vez por todas el traspaso de competencias y empezar a funcionar como un país cohesionado, en lugar del reino de taifas que es en la actualidad. Hemos llegado al punto en que son las autonomías las que tienen una deuda histórica con el conjunto de España y no al revés, como quieren hacer ver algunos.