Italia y el monopolio de la violencia legítima

El pasado 20 de febrero, el Consejo de Ministros de Italia aprobó, por decreto de ley, la constitución de “rondas de voluntarios que patrullen las ciudades para evitar las violaciones”. La medida prevé que las rondas no irán armadas y serán formadas por voluntarios, con prioridad para ex agentes de las fuerzas armadas, coordinadas por el delegado del Gobierno de cada ciudad.

Resulta evidente que el decreto es fruto del clamor racista provocado en Italia por los últimos episodios de violencia y por la algarabía mediática a la que ha decidido sumarse demagógicamente el Gobierno. Sin embargo, los datos recientes parecen desmentir que nos encontramos frente a una nueva emergencia o a una situación cada día peor.

De acuerdo con los informes gubernamentales, en 2008 los delitos han disminuido un 10% en todo el país: se han registrado casi 500 violaciones menos que en 2007 (una descenso de 8,8%) y, de todas formas, en más del 60% de los casos las violaciones sexuales son cometidas por italianos. No obstante, la difusión de una sensación de inseguridad callejera y un arrebato emotivo generalizado empujan a los italianos a una “odiosa conexión entre criminalidad e inmigrantes”, como ha afirmado el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini.

En lugar de plantearse medidas serias y efectivas, el gobierno Berlusconi plantea una vez más acciones resonantes y preocupantes. Mientras son necesarios 9000 policías más (según el sindicato de la policía italiana Silp-Cgil), el gobierno prevé recortes y fantasiosas soluciones alternativas, derogando la seguridad y el monopolio de la violencia a privados, permitiendo, de hecho, el patrocinio de las rondas por parte de personas físicas y jurídicas particulares.

La decisión del gobierno parece una especie de “abdicación del Estado de derecho” y la institución de las rondas cuestiona el monopolio estatal de la fuerza. En 1919, Max Weber definió el Estado como una organización que reclamaba, de forma exclusiva, el “monopolio de la violencia legítima” y que, por ello, incluya la gestión y el mando de las fuerzas armadas, de los tribunales de la policía para desempeñar funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores.

La inseguridad ciudadana, real o percibida, no se combate con medidas dictadas más por los sondeos de opinión que por la realidad. De Maquiavelo a Hobbes, pasando por el propio Weber, filósofos y teóricos han definido al Estado como la institución capaz de concentrar la violencia en beneficio del orden e integridad de la sociedad, una condición que certificaba el pasaje desde el “estado de naturaleza” donde el más salvaje podría llevar las riendas de la sociedad a través de la ley del más fuerte, al “Estado de derecho”, donde el Estado, en sus distintas versiones nacionales, se preocupaba de garantizar la seguridad, la vida y las propiedades de sus soberanos.

Esta nueva actuación por parte del gobierno italiano para poder atajar una sensación generalizada de inseguridad en el país, conllevan a una evidente privatización de la seguridad que incita el riesgo de crear un anti-Estado. La medida puede interpretarse como una expresión del fracaso del estado ya que privatiza justo lo que no se puede privatizar; una nueva medida anacrónica y fuera de la realidad, ya que en las democracias modernas debería ser el Estado el garante de la seguridad, algo que Berlusconi ignora, porque encarna cada día más esa extraña mezcla entre “Le Roi Soleil” y un bufón contemporáneo. Lo que nos queda por ver…