Los tunecinos están convocados a las urnas para elegir presidente de la República en octubre próximo. A diferencia de todas las elecciones anteriores celebradas desde 1987 cuando destronó a Habib Burguiba, el candidato oficial y actual Jefe del Estado, Zine el Abidine Ben Ali cabalgaba en solitario con algún que otro rival de pantomima.
Ben Ali en persona ha asegurado hace unos días que aceptará la presencia de observadores internacionales. Eso sí, "procedentes de un país hermano o amigo", lo que deja la puerta abierta a
excluir representantes incómodos. "Estas elecciones se desarrollarán en un contexto de transparencia, de respeto a la legalidad y de observancia de las reglas democráticas", ha asegurado el presidente.
Ben Ali aspira a un quinto mandato presidencial, y
no tendrá dificultad en arrasar frente a los hasta ahora tres candidatos de la oposición moderada, y los dos potenciales, el doctor Ben Jaafar y Ahmed Nejib Chebbi, a quien la actual legislación impide postularse.

El último en presentar su candidatura ha sido el secretario de los comunistas tunecinos, Ahmed Brahmi. Dirige desde hace dos años el Movimiento Ettajdid (la renovación),
heredero del viejo partido comunista tunecino y aglutinador de varias formaciones de izquierda. Este universitario se presenta como "defensor del Estado democrático moderno y laico". Situándose de este modo entre la oposición parlamentaria que sostiene a Ben Ali y la oposición radical en la que se encuentran los islamistas y otros grupos democráticos beligerantes.
Los presos de opinión
La novedad planteada por Ahmed Brahmi es que no sólo exige una reforma radical del sistema electoral, la garantía de libertades y la anulación de un
proyecto de Ley que incluye un "control previo" de los discursos electorales de los candidatos, sino que exige igualmente la liberación "de todos los presos juzgados por delitos de opinión", incluidos los mineros de la
región de Gafsa encarcelados por manifestarse pacíficamente en 2008. Precisamente en una carta enviada desde las cárceles, el colectivo minero ha agradecido la solidaridad mostrada por la sociedad con sus familias y ha renovado su empeño en luchar por las reivindicaciones democráticas "legitimadas por la Constuitución y las leyes internacionales".

Si el régimen parece no temer la candidatura de Brahmi, no es el caso con otros candidatos potenciales. El doctor Mustafá Ben Jaafar, a quien se le tilda de
"intransigente moderado", no ha podido aún presentar su candidatura. Al igual que a Nejib Chebbi del Partido Democrático Progresista, la actual legislación hecha a medida no le permite postularse.
Para crear cizaña y poner trabas a la candidatura potencial de Ben Jaafar un miembro de su propio partido, Jalel Habib, le acaba de acusar de "complicidad con el extranjero". Y como argumento de peso, el tal Habib reprocha a Ben Jaafar que anunció su intención de presentarse a las elecciones en su
gira por Francia y Suiza, donde se entrevistó con miembros del Parlamento europeo y de la Internacional socialista. La dirección de este partido, el Frente Democrático para las Libertades en Túnez (FDLT) se ha visto obligado a denunciar a Jalel Habib, a quien considera "manipulado" por el régimen, y ha recordado que el FDLT mantiene desde hace años una estrecha relación con la organización internacional de los socialistas.
Los islamistas del movimiento Ennahda,
ilegales y perseguidos por el régimen, se mantienen en la sombra y esperan que se cierre la presentación de candidaturas para emitir su veredicto y pronunciarse sobre los comicios presidenciales.
El régimen de Ben Ali se juega mucho en las elecciones: credibilidad y fiabilidad ante sus socios internacionales. La Unión Europea tiene un acuerdo de relación privilegiada con Túnez que presupone "el respeto a las leyes democráticas". Y el pPresidente norteamericano Barack Obama acaba de enviar un mensaje a Ben Ali, con motivo del 53º aniversario de la independencia de Túnez en el que anuncia su deseo de trabajar estrechamente con su homólogo tunecino. Las elecciones serán, por otra parte, la prueba de la voluntad del régimen de avanzar en el Estado de derecho y en el régimen de libertades, algo sobre lo que la oposición en su conjunto se muestra pesimista.