El liberal reglamentismo

En España todo el mundo quiere que le garanticen el trabajo por decreto. Esta mentalidad va mucho más allá del prudente, aunque no sé si sano, deseo de ser funcionario -se lo dice un hijo de empresario que ha acabado siendo funcionario, es decir, que no hablo de oídas-, y afecta a un estrato más profundo que tiene que ver con la falta de fe en la libre competencia, incluso entre los propios empresarios españoles, muchos de los cuales, si pudieran, impulsarían una legislación monopolística u oligopolística. Ya les digo que no hablo de oídas y conozco en profundidad algunos sectores empresariales como el del transporte, la logística o el automóvil, en los que toda legislación liberalizadora ha sido vista casi siempre a priori con recelos. En último término, muchos empresarios españoles confunden liberalización y privatización. Lo que les interesa es ésta, pero una vez privatizado un sector público y obtenida la concesión, explotarla privilegiadamente sin que ninguna otra empresa se pueda introducir en el supuesto campo propio.

Por lo visto -hasta hace unos días lo desconocía-, existen guías turísticos oficiales en algunas ciudades españolas, entre ellas Madrid. Trabajan por cuenta ajena, pero para obtener el diploma oficial (aquí sin un papelito con cuño administrativo no se es nadie) tienen que pasar una serie de exámenes. Al parecer, hay algunos avispados que sin el diploma acreditativo se atreven a ofrecer sus servicios y la gente los contrata. Los guías oficiales están naturalmente muy mosqueados por esta intromisión. Tienen sus razones porque han tenido que pasar varias pruebas para poder ejercer su profesión, pero la pregunta que cabe hacerse es si es objetivamente necesario para ser guía turístico un título administrativo. Es recomendable, claro está, que un guía turístico conozca de lo que habla e incluso que haya estudiado una carrera universitaria sobre Historia o Arte, pero es esto imprescindible hasta el punto de que la administración reglamente el ejercicio de esta profesión. A mí sinceramente no me lo parece. En un sistema de libre competencia, unos competirían por precio, otros por calidad y a otros se les ocurriría sumar algún valor añadido a su trabajo como representaciones teatralizadas o qué se yo. El mercado se autorregularía, quizá de una forma que algunos nos disgustase: que los turistas prefiriesen el bajo precio frente a la calidad, pero qué le vamos a hacer. No creo que la administración pública tenga que perder tiempo y dinero de los contribuyentes en esto. En otros muchos sectores se da gato por liebre y existen mecanismos jurídicos para reclamar.

Un caso que me parece aún más claro es la reciente regulación de la Comunidad de Madrid para poder trabajar como portero de discoteca. Entre las pruebas a las que los potenciales porteros tienen que someterse está un examen psicológico. Todos sabemos por qué se ha decidido regular el acceso a este sector: la muerte de un joven en la puerta de una discoteca. El hecho es sin duda trágico y merece pensarse a fondo el porqué de la violencia con que algunos jóvenes dirimen controversias en muchos casos absurdas o nimias como la entrada o no en un determinado local. Pero, objetivamente, ¿se necesita pasar un test psicológico y hacer otro tipo de pruebas par ser portero de discoteca?

Hay otros muchos sectores en los que hay un trato cotidiano con el público y para los que no se pide ningún tipo de prueba. Por ejemplo, ¿por qué los porteros de finca no tienen que pasar un test psicológico? Todos sabemos lo difícil que es la convivencia en una comunidad de vecinos y desde que el mundo es mundo los vecinos se han asesinado por disputas sobre lindes, ruidos, usos abusivos de espacios comunes, etc. ¿Por qué, entonces, no exigir a los porteros de finca que estén psicológicamente acreditados para que puedan arbitrar con sentido en las disputas? ¿O quizá se les pide?

¿Y por qué no a los profesores de universidad? Lo digo por hablar de algo que conozco y sé fehacientemente que no se pide nada parecido. Me parece que asumen una responsabilidad mucho más grande -perdón por mi flojera igualitaria- que los porteros de discoteca.

En el caso de los guías turísticos no sé de dónde partió la iniciativa de reglamentar el sector en los términos que he contado, si de la administración o de los guías. En el de los porteros de discoteca, ha sido la Comunidad de Madrid la que ha impulsado esta absurda reglamentación del sector frente a la protesta de los empresarios de discotecas y de los porteros, pero estoy seguro de que en cuanto algunos tengan su carnet oficial, lo esgrimirán como un derecho natural irreductible.

Es curioso que este reglamentismo surja en políticos que se autodefinen de liberales. Claro que el liberalismo del PP, o de algunos sectores del PP, a muchos nos parece desde hace tiempo de boquilla en cuestiones esenciales y sobre todo en aquéllas que van más allá de la economía. Si no, miren al Ayuntamiento de Madrid. Allí, a gentes que se visten en las boutiques de la calle Serrano y sus aledaños se les ha ocurrido reglamentar sanciones para los que rebusquen en las basuras, como si en las basuras se rebuscara por gusto o como divertimento.