El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asumido el caso "Gürtel" planteado por Baltasar Garzón, y considera que los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, pudieron percibir "importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas con imputados en la causa".

La
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado este martes aceptar la inhibición planteada por el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción destapada en la
'Operación Gürtel' que afecta a aforados autonómicos del PP. Asimismo, el Alto Tribunal madrileño ha pedido a la
Fiscalía Anticorrupción que informe sobre la posible competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso de que se hallen indicios penales contra aforados nacionales.
Con motivo de la decisión de asumir la causa, el TSJM ha reclamado a
Garzón la inmediata remisión de la totalidad de las actuaciones seguidas en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de la decisión que adopte la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De este modo, la Sala de lo Civil y Penal ha designado como instructor de la causa, en virtud del turno establecido en las normas de reparto, al magistrado Antonio Pedreira.
El TSJM considera que aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción por los diputados autonómicos
Alberto López Viejo,
Benjamín Martín Vasco y
Alfonso Bosch Tejedor "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas con imputados en la causa seguida en dicho Juzgado Central de Instrucción".
Por ello, tratándose de personas respecto a las cuales el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponden al TSJ de Madrid, la Sala Civil y Penal de este Alto Tribunal considera que es la competente para instruir el procedimiento.