El Estado anoréxico sigue perdiendo peso, pero cuando truena tiene que sacar el paraguas

Por comparación con anteriores legislaturas, las dos encabezadas por Rodríguez Zapatero han supuesto una sustancial disminución del número de recursos de inconstitucionalidad y de conflictos constitucionales de competencia en relación con disposiciones dictadas por las Comunidades Autónomas. En el pasteleo territorial de los últimos cinco años, el Estado se lo ha tragado todo. La expansión del poder normativo autonómico se ha producido con el silencio y, quizás, hasta con la complacencia del Gobierno central. Este adelgazamiento de sus competencias no deja de presentar ciertos rasgos de esquizofrenia. El Gobierno central se deja cortar pedazos de tejido adiposo pero al mismo tiempo reconoce que su anorexia le impide hacer bien los deberes, aún más acusadamente en situaciones críticas como en la revolución (que algunos llaman crisis) económica del presente. La estrategia de desmontaje de las competencias del Estado, convertido en colador, ha amilanado a éste. Su falta de beligerancia es incomprensible pues un Estado desapoderado se convierte en inerme. No recurre nada, no plantea conflicto alguno pura y simplemente porque no quiere molestar a las Comunidades Autónomas, autosatisfechas con su patente de corso.

Es sabido que el Estatuto de Autonomía de Cataluña no fue recurrido por el Gobierno central y otras reformas estatutarias, algunas salvo en aspectos puntuales, tampoco le plantearon dudas en constitucionalidad al Sr. Rodríguez Zapatero y a su equipo de constitucionalistas de cabecera. La única ocasión en que se ha movilizado al Gobierno –desde hace bastante tiempo- para recurrir un ley autonómica ha sido hace cuatro días y respecto de dos meros apartados de una ley autonómica madrileña, la de Cajas de Ahorro, sobre la elección de los compromisarios de la Asamblea. Por supuesto que el Gobierno central está en su perfecto derecho, por más que no hace demasiado tiempo se produjo una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la referida elección, declarando su plena conformidad con la Constitución. Está en su perfecto derecho, pero no deja de llamar la atención (dicho sea sin entrar en la discusión sobre el tema de fondo de Cajamadrid).

Es todavía más sorprendente a la vista de la reciente aprobación por el Parlamento de Cataluña de la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias y la de la Autoridad Catalana de la competencia, que ha publicado el BOE a finales de la semana pasada o de otras muchas normas de desarrollo del nuevo Estatuto Catalán que ya han visto la luz sin que el Gobierno central haya dicho una palabra o haya acudido al Consejo de Estado para pedirle un dictamen como lo ha pedido ahora en relación con la ley madrileña. Sin esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto –que sin duda se volverá a retrasar por enésima vez el Legislativo y el Ejecutivo catalán están deprisa, deprisa (como la película de Saura) dictando las leyes y los reglamentos que complementan este Estatuto. Cuando llegue la Sentencia tardía del Alto Tribunal –que se encuentra en estado convulso en este momento según todas las informaciones el Estatuto Catalán estará plenamente “desplegado”. Y entonces ¿qué?. No puede haber más dejación por parte del Estado con respiración asistida en la UVI, aunque cuando truena –tras tantos desmanes derrochadores de Cajas y otros- es el que paga.

Por cierto, Patxi López y Antonio Basagoiti deberían incluir también en su acuerdo que el Gobierno Vasco habrá de remitir para su publicación en el BOE, las leyes que apruebe a partir de ahora al Parlamento Vasco. En los pasados treinta años ninguna ley autonómica vasca ha visto la luz en el Diario Oficial del Estado.

P.D.: Hoy la code nos lleva a Cicerón, que escribió hace veintiún siglos: “El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado”.

¿En quien estaría pensando?