Sin papeles en un mundo kafkaiano

Ante la Ley todos somos iguales, al menos en teoría. Sin embargo, un acuerdo de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor en febrero, corre el riesgo de dejar a los inmigrantes ilegales sin asistencia jurídica gratuita, un derecho reconocido tanto en la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, como en la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.

El acuerdo reconoce el derecho a la justicia gratuita “cuando se cumplan los requisitos para ello.” Allí esta la situación kafkaiana. Un español o un inmigrante legal (con los papeles en regla) pueden cumplimentar correctamente la solicitud de justicia gratuita y aportar los requerimientos de documentación en el plazo debido. Pero un inmigrante ilegal no puede, precisamente porque no tiene los papeles en regla.

El acuerdo dice que si existieran deficiencias en la solicitud o la documentación fuera insuficiente, el solicitante tiene quince días para arreglarlo y de no atender a dicho requerimiento en el plazo indicado, su solicitud será archivada.

Antes del acuerdo, para que tuvieran derecho a la asistencia jurídica gratuita, el abogado que les había atendido en la comisaría o en el aeropuerto presentaba la solicitud firmada por el extranjero, más una copia de la resolución que se iba a recurrir más un justificante sellado por la comisaría donde se había prestado la asistencia. No era necesario adjuntar copia de pasaporte, vida laboral, empadronamiento, etc., como ahora.

Difícilmente se puede cumplir con todos los trámites procedimentales y con la presentación de la documentación que acredite la situación, teniendo en cuenta la brevedad de los plazos establecidos y la imposibilidad material de llevarlos a cabo si uno esta bajo custodia policial o en un centro de internamiento de extranjeros.

La ejecución de los acuerdos adoptados supondría en la práctica una indefensión de los solicitantes, teniendo en cuenta sus circunstancias concretas: no cumplir los requisitos para la entrada en España, situación de indocumentados, que son las que motivan el inicio del expediente de retorno, expulsión o devolución, y que por su notoriedad en si mismas en muchos casos, pueden acreditar de hecho la insuficiencia de recursos para litigar.

Los inmigrantes tienen derecho a salvaguardias procedimentales, como la posibilidad de impugnar de forma individual la decisión de expulsión, acceso a servicios de interpretación y asistencia letrada competentes y acceso a una revisión judicial de una decisión negativa. Asimismo pueden correr el riesgo de sufrir violaciones de los derechos humanos a su regreso, o pueden experimentar dificultades debido a la falta de cooperación de países de origen o de tránsito obligado.

La propia Ley Orgánica 4/2000 afirma que los extranjeros disfrutarán de los derechos reconocidos en la Ley en condiciones de igualdad con los españoles y se reconoce que gozan de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución. No deben olvidarse tampoco las reflexiones del Defensor del Pueblo en su informe sobre asistencia jurídica a los extranjeros en España de 2005 ”resulta justificado el establecimiento de mecanismos compensadores de la desigualdad originaria entre nacionales y extranjeros, y se requiere un tratamiento diferenciado de los extranjeros que acuden a instancias administrativas para la defensa de sus derechos fundamentales” haciendo referencia al principio de igualdad de trato recogido en el articulo 9.2 de la Constitución, que recoge que “corresponde a los poderes públicos la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. En el ámbito europeo, el derecho a la asistencia jurídica es reconocido como un derecho fundamental por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Parece que el motivo para este cambio es monetario: la Comunidad de Madrid está recortando sus gastos. En enero, unos 400 letrados amenazaron ir a la huelga en marzo si la Comunidad de Madrid no pagaba los 24 millones de euros por su trabajo en 2008. La Comunidad anunció que se pagará a los abogados y aprobó un gasto de 34 millones de euros para la justicia gratuita en 2009. Decisión que sólo retrasa el problema pues se paga lo de 2008 con el presupuesto de 2009.

Mientras tanto, el Colegio de Abogados en Madrid sigue designando letrados como antes para los inmigrantes que quieren justicia gratuita a la espera que se aclare la situación. Se tarda normalmente seis meses en pagar los abogados para su trabajo en esto casos. Si, en el otoño, no han recibido sus pagos es de suponer que la Ley no será igual para todos y, ante esta situación, pocos abogados van a prestar sus servicios, dejando a los inmigrantes sin defensa.