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Discriminación poco positiva

José María Herrera
sábado 18 de abril de 2009, 11:15h

Meses atrás, en el artículo Violencia sin género, lamenté que las leyes españolas reservaran un trato diferente a quien agrede a su pareja dependiendo de que sea hombre o mujer. Mi artículo no gustó. Algunos lectores me transmitieron su discrepancia. Creen que no he comprendido bien la idea de “discriminación positiva”, o sea, la necesidad de dar un trato preferencial a las mujeres que les permita recuperar su lugar en la sociedad. Las medidas correctoras están para compensar las injusticias del pasado y para intimidar a los bárbaros del presente.

Estas personas tienen razón, pero argumentan de forma muy poco razonable. Es verdad que el estatuto de la mujer ha sido y sigue siendo indigno en ciertas sociedades tradicionales, pero: ¿por qué habría de tener esto efectos en las sociedades modernas, donde se les reconocen los mismos derechos que al resto? Estoy seguro de que alguno de ustedes considerará excesivo que llame “moderna” a una sociedad en la que muchas mujeres mueren a manos de sus parejas. Sin embargo, lo moderno no es la erradicación de la violencia, sino la forma de combatirla. Aquí es donde entra en juego la igualdad de los ciudadanos y el rechazo de cualquier privilegio.

¿O es que no constituye un privilegio que la mujer pague un precio más bajo que el hombre por delitos de la misma naturaleza? Mis críticos aseguran que no. Distinguen privilegio de discriminación positiva. A mí la distinción me parece un mero artificio. No quiero ni pensar qué ocurriría si todos los que son o fueron objeto de opresión exigieran que se les aplicara. Por otro lado, una cosa es dar para igualar y otra que la equiparación se haga en detrimento de alguien. En un estado justo dos actos igualmente reprobables deben castigarse de la misma manera. Querer que la ley sea más dura con el varón que con la mujer es admitir que no es igual de reprobable el daño sobre uno que sobre otro, o que no es idéntica su responsabilidad, nociones inadmisibles que no serán erradicadas si los gestores del asunto las atacan unas veces y otras la ponen a su servicio.

La justicia en sentido moral, la equidad, no puede depender del legislador, sino del juez que conoce cada caso concreto. Si se impone de manera automática el principio de que, por encima del marco formal, está cualquier valor, por ejemplo, la reparación de los oprimidos, corremos el riesgo de arruinar el sistema. El estado de derecho tiene que permanecer por encima de cualquier reivindicación, por justa que sea, pues sólo él está en condiciones de garantizarlas. No haberlo hecho es la causa de que hayan empezado a producirse graves anomalías. Voces autorizadas aseguran, por ejemplo, que la denuncia por malos tratos se está convirtiendo en un recurso para conseguir divorcios ventajosos. Esto sin mencionar el efecto rebote, característico de las medidas correctoras erróneas.

Mis críticos censuran también que llamara a todo esto nuestro Guantánamo legal. Creo que no me entendieron. Escogí el ejemplo, sin duda desmesurado, por aquello de que se ve mejor la paja en el ojo ajeno. Guantánamo es el símbolo de una historia que empezó con la aparición de una categoría jurídica nueva para designar a los miembros de Al Qaeda, “enemigos combatientes ilegales”. Un enemigo combatiente ilegal no es un delincuente al que se aplican las leyes nacionales, ni tampoco un soldado prisionero sujeto a normas internacionales, sino algo intermedio sobre el que no rigen ni unas ni otras. El Senado americano dio consistencia jurídica a esta extraña figura privando a los incluidos en ella del derecho al habeas corpus. Cuando, poco después, alguien habló de torturas, el gobierno dio a luz un memorando (Torture Memo) en el que se afirmaba que ciertos actos pueden ser crueles, inhumanos o degradantes sin ser tortura. La triquiñuela no era demasiado sutil y el Congreso americano tuvo que prohibir expresamente tales prácticas. Acto seguido, las autoridades elaboraron un curioso catálogo de acciones que no son crueles, inhumanas y degradantes, entre las que se incluyeron asombrosamente el suplicio de la bañera, la exposición al frío y el calor extremos, etc.

Basta con esto. Mi único objetivo entonces y ahora era subrayar los problemas que se derivan de introducir sutilezas (y prejuicios) en la ley. El asunto resulta además particularmente sangrante en democracias que enseñan que para obrar correctamente es suficiente con obrar de acuerdo con la legislación en vigor (fin supremo, por cierto, de la Educación para la Ciudadanía). Las siniestras bromas a que ha dado lugar el último asesinato pasional, esta vez en el seno de un matrimonio gay, son una demostración de los efectos perniciosos de una ley que mira más por la buena conciencia del legislador que por la justicia.

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