EMPATE TÉCNICO

Según el último sondeo del CIS, si las próximas elecciones españolas del 9 de marzo se celebrasen hoy, el resultado estaría sumamente ajustado. De hecho, se produciría lo que los sociólogos denominan empate técnico. El PSOE mantendría una escasa renta de 1,5 puntos sobre el PP. Esto se traduciría en una diferencia de entre 1 y 10 escaños en el Congreso. En porcentajes, estaríamos hablando del 40,2% de los votos para los socialistas, frente al 38,7% que obtendrían los populares. Poco que decir del resto: los nacionalistas, igual, sin grandes alteraciones, salvo Esquerra, que sufriría un considerable retroceso. Y destacamos por anecdótico a la par de esperanzador la posible irrupción en el parlamento de UPyD (Unión Progreso y Democracia), si bien el partido de Rosa Díez no tiene garantizado el escaño.

En cuanto a los datos de posible participación, según el CIS, acudirían a votar el 72% de los encuestados. Este porcentaje resulta elevado si lo comparamos, por ejemplo, con las exiguas cifras de participación en los últimos referenda autonómicos. Y un último dato: nada menos que un 30,1% de las personas preguntadas aseguró no tener aún decidido el voto, frente a un 69% que ya lo tiene claro. Ni que decir tiene que todas estas cifras han de ser puestas en cuarentena, pues de todos es sabida la escasa fiabilidad que una encuesta puede llegar a tener. Pero sí es cierto es que dicen muy a las claras cuál es la foto actual, y en base a ella, los partidos han de mover ficha. Asistiremos por tanto, a un "sprint" final intensísimo; por otro lado, no olvidemos que serán la primeras elecciones legislativas sin la siniestra sombra del 11-M. Y por mucho que sea lanzar un brindis al sol, esperemos debates inteligentes y propuestas constructivas, frente a descalificaciones personales y ofertas a modo de globo sonda, que a nada conducen. No merecemos menos.

SOLBES Y LA INFLACIÓN

La inflación ha vuelto a subir en enero y alcanza el 4,3 por ciento, un nivel que no veíamos desde finales de 1995. ¿Quién ocupaba entonces la cartera de Economía antes de un cambio de Gobierno? Pedro Solbes. Para evitar que se repita la historia, al menos por lo que se refiere a la derrota electoral socialista, el Gobierno insiste en que los malos datos de la inflación, como los del paro, son transitorios, coyunturales. Y que tras las elecciones, como por ensalmo, darán paso a una evolución más favorable. Más desearíamos los ciudadanos que el Gobierno tuviera en este punto toda la razón de su lado. Pero por desgracia todo apunta a que las causas del repunte de precios son más permanentes que lo que sugiere el Ejecutivo.

Los empresarios españoles descartan una "rápida desaceleración" de la inflación, y para ello recuerdan que las materias primas mantienen una viva subida de precios. El gobernador del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, ha insistido estos dos días que ha pasado por nuestro país para insistir en que su primera preocupación es la inflación y que bajar los tipos de interés ahora sería una "política loca". Teniendo en cuenta que España sola aporta casi el 30 por ciento de la inflación europea, parece que no tenemos razones para seguir al Gobierno en su mensaje. Es más, la inflación es un fenómeno eminentemente monetario, y el crecimiento del dinero en la eurozona sigue manteniéndose por encima del 10 por ciento, lejos del objetivo del 4,5 por ciento buscado por el BCE.

Es cierto que el Gobierno no tiene la política monetaria en su mano, cedida al banco central paneuropeo. Pero también lo es que no ha utilizado lo que sí estaba entre sus atribuciones para controlar el aumento de los precios, y nos referimos, por supuesto, a la política fiscal. En lugar de controlar el desmedido apetito del Estado por el gasto público, éste ha crecido año a año por encima del PIB. Y no olvidemos que la inflación, como apuntó ya el padre Juan de Mariana, es el impuesto de los pobres y resulta especialmente injusto. Por desgracia, Zapatero parece haber antepuesto otros objetivos a la salud económica de los españoles.

EL PISO DEL MINISTRO DE JUSTICIA

Cuesta creer que en un país que tiene un PIB superior al de Brasil o Canadá, estemos enfrascados en debates absurdos y estériles impregnados de un sospechoso aroma a envidia. Desde hace unos días no se habla de otra cosa que no sea el elevado precio que ha costado al erario público la reforma de la vivienda del ministro de Justicia. Los más de 40 millones de las antiguas pesetas invertidos en ella están siendo utilizados como munición por la oposición y detractores del controvertido titular de Justicia, en detrimento de otros debates serios que sí deberían importar a quienes se jactan de defender los intereses del país. Si tanto les preocupa que se esquilmen las arcas públicas -ya que, al y fin y al cabo, estamos moviéndonos en el área de Justicia- no está de más recordar que mucho más dinero cuestan al Estado y a los ciudadanos los pleitos interminables que pueden llegar a alargarse décadas, con todo el desgaste tanto económico como social que ello conlleva. ¿No sería más provechoso y útil para la nación exigir una reforma seria en ese sentido en vez de divagar en asuntos superficiales y de poco calado como el piso de Bermejo?

Enzarzarnos en un asunto menor, que tampoco parece un caso de corrupción reseñable, nos hace pensar en los costos de la economía de la envidia. De Mariano Fernández Bermejo se pueden objetar muchas cosas: su escaso respeto por las minorías, su injerencia en la organización de la Justicia, que viene a socavar la división de poderes, sus malos modos y falta de respeto hacia sus adversarios políticos, etc. Pero, la moralidad de una persona no puede ser cuestionada por haber acometido la remodelación de un piso que llevaba más de doce años sin arreglarse. Se trata de un tema ridículo, sonrojante y alentado por cierto espíritu de ruindad en lugar de por una sana fiscalización democrática. Y ya que de pisos y justicia hablamos, parecería mucho más sensato ocuparse de temas realmente serios. Por ejemplo, el lanzamiento de un inquilino moroso tarda con frecuencia más de un año, lo cual se traduce en el encarecimiento de los pisos de alquiler. Centrarse en la remodelación del piso del ministro en lugar de denunciar los interminables retrasos de la justicia en estos asuntos es, cuando menos, mezquino, y desde luego, una falta de sentido común.