En el Colegio “Cervantes” se prohíbe el español

“El castellano es la lengua oficial del Estado”, dice el artículo 3 de la Constitución. Claro y conciso. Pero parece que hay quien no lo entiende así. Más concretamente, el Gobierno balear, que no hace mucho ya daba muestras de su talante al primar en los facultativos que ejercen la medicina en el archipiélago sus conocimientos de catalán sobre los médicos. Por si las cotas del absurdo no hubieran sido ya rebasadas con creces, se conoce ahora que un colegio público de Ibiza -para colmo, de nombre “Miguel de Cervantes”- impide a un niño de 11 años examinarse en castellano: un hecho que sería grotesco si no fuera porque antes es intolerable.

La amalgama de formaciones políticas que gobierna Baleares está comandada por el PSOE. Así, la tropelía lingüística no ha sido perpetrada esta vez por los nacionalistas -aunque el disparate en cuestión sea muy de su agrado-, sino por el partido en el poder, tanto a nivel nacional como autonómico. Pasa así a engrosar la larga lista de despropósitos cometidos por quienes sienten pavor a conducirse como lo que son, españoles. Ese miedo irracional de la izquierda a la hora de significarse por lo español ha hecho que los partidos nacionalistas lleven chantajeando al conjunto de la ciudadanía durante ya demasiado tiempo. Demandas leoninas e inaceptables; propuestas que lejos de vertebrar el país, lo someten a la desigualdad y la desconfianza; y dislates varios, en suma, ante los que el señor Zapatero se muestra insensible, no sea que pongan en cuestión su fórmula socio-nacionalista.

Con todo, el problema es aún mayor de lo que se piensa. El desaforado traspaso de competencias otrora estatales ha desnaturalizado gran parte de la administración del Estado en detrimento del despilfarro en las autonomías. Precisamente, el gasto autonómico es de tal dimensión que, a día de hoy, supone el principal obstáculo para salir de la crisis. Dicho traspaso debió haberse cerrado hace mucho. Y las consecuencias las pagamos hoy. Todos. Entre ellas, la política lingüística de Baleares. Se supone que España es una nación de ciudadanos libres e iguales. Por eso, es el Parlamento el lugar de hacer preguntas y pedir responsabilidades.