Incompatibilidades y corrupción

Como siempre, acontecimientos impactantes de la actualidad suscitan la reflexión sobre las formas estatales y la convivencia en la España contemporánea. ¿Es per se corruptor el Sistema?; ¿lo diseñaron con más o menos conciencia sus formuladores para favorecer a gran escala las tropelías y gatuperios del lado de algunos de sus principales representantes? La respuesta, según se comprueba cotidianamente en los medios de información y en las conversaciones de todos los ambientes, es variada en su clasificación pero uniforme en su naturaleza.

Dentro de una tradición patria muy añeja configurada a partes iguales por el poderoso ascendiente del catolicismo y el fondo ético de la personalidad nacional, la generalidad de los españoles dan por sentados el carácter tábido de la vida política y la indeficiente inclinación de sus miembros por el abuso. La crítica moral más difundida acerca de la trayectoria pública más reciente viene, desde luego, a refrendar, al menos aparentemente, tan extendido clima de opinión. El sistema caciquil, estructurado paralelamente en todo al gubernamental, favorecía con vigor la práctica degradante, y en numerosas ocasiones mafiosa, del desempeño de las diferentes funciones estatales, en especial, las más sobresalientes. La posesión –ilimitada y prolongada si no vitalicia en la mayor parte de los casos- constituía el rasgo más saliente de la visión histórica y antropológica que inspiraba el modelo, mera transposición, se insistirá, en buen número de veces del estatal. El coronel tomaba “posesión” de su regimiento como el docente superior de “su” cátedra o el juez de su tribunal y el encumbrado burócrata de su sitial. Mientras tanto, las redes clientelares reproducían y distribuían el esquema y flujo de tal organización por todo el cuerpo social, sin que ninguna o muy pocas de sus esferas quedara a salvo de su tentacular influjo.

Con el correr del tiempo y advenida la democracia, las perniciosas secuelas del vicioso entramado semejaron concentrarse en las capas más elevadas del funcionariado y la Administración. Magistrados, profesores universitarios, letrados de los altos Cuerpos del Estado -Congreso y Senado, Parlamentos autonómicos, Concejos, etc.-, en relación estrecha, a las veces, con los círculos financieros y empresariales, lograron legalizar un régimen de incompatibilidades ciertamente holgado e interpretado de ordinario con generosidad en las escasas ocasiones, individuales y colectivas, en que se aplicara punitiva o sancionadoramente.

El mapa autonómico surgido del modelo territorial establecido en la Carta Magna de 1978 así como la multiplicación ad infinitum de universidades por la entera geografía peninsular e insular y la ola de prosperidad económica que inundara al país durante las últimas décadas, ensancharon espectacularmente el grosor de dicha elite de poder y llevó al Sistema a su perfección, con ominosas secuelas para el temple moral de la nación y su adecuada andadura por los derroteros de la modernidad.

Pues, efectivamente, serían los bufetes más acreditados y la enseñanza en el Alma Mater los afanes que imantarían con mayor fuerza a la clase política y a los integrantes de la Administración en sus escalones superiores. Desde los decenios finales de la centuria anterior, una cifra considerable y en todo momento creciente de los cuadros del Estado autonómico compatibilizaron sin merma alguna de la legalidad - (en el Congo de Leopoldo I también había gendarmes y códigos…)- el ejercicio de su específica profesión con el otras tareas, atañentes por lo común, como antes se dijera, al trabajo en grandes despachos jurídicos o al desarrollado en facultades y centros universitarios, oficiales o no. Habitualmente, esta división laboral se ha basado en el seguimiento del régimen de mínima dedicación en la función estatal, aunque no sean extraños ni anormales los casos en que la compatibilidad se haya conjugado con el máximo nivel de aquélla, sobre todo, en los ejemplos concernientes al mundo docente.

En el ámbito privado, la presencia de personal tan cualificado como el aportado por la elite funcionarial se traduce de sólito en la potenciación de los órganos directivos de las empresas y en el acrecentamiento de la solvencia y celebridad de bufetes y despachos. Sin embargo, en el público, su contribución se ofrece menos destacada. A extensos sectores sociales sorprende así que la desbordada inclinación por la docencia y el ejercicio privado de que dan abundantes muestras tantos letrados y magistrados no se haya encauzado con exclusividad desde un inicio por el oficio docente o la abogacía en su condición acaso más genuina. En manera alguna ello implica una prédica por un monroísmo desfasado y dañino. La Universidad y el mundo académico y publicístico en general se benefician sin ningún género de dudas con el magisterio de los profesionales descollantes en sus respectivos campos; pero tampoco suscita la menor vacilación el que, ante todo, han de cultivar con esmero el terreno propio de su peculiar e intransferible status, ya que al vaciamiento de éste sigue ineluctablemente una notoria pérdida del respeto que en toda comunidad desarrollada debe rodear la actividad de sus estratos rectores.

Ya casi a comedíos del 2009, el resultado de tal situación es que nuestra vida pública en buen número de circunstancias se aproxima a la de una nación desbaratada. Los profesores universitarios se encuentran en un carrusel permanente de estancias y estadías foránea; numerosos parlamentarios, más atentos al brillo de empresas y bufetes que al de las propias Cámaras; los jueces entregados a rifirrafes políticos; los soldados y agentes de la autoridad acezantes de tribunas y foros coram populo y todos ansiosos de los reflectores y micrófonos de los medios de comunicación.

El buen orden de oficios y funciones en el que los teóricos de la res publica en los tiempos medievales hacían descansar el acierto de los gobiernos y la buena marcha de la sociedad, está muy lejos de inspirar la de la España hodierna. Todo germen o semilla de una atmósfera más tonificante –y no faltan, por fortuna, en ningún estamento, en especial, en las generaciones juveniles- tendría que se objeto de especiales cuidados para alumbrar un porvenir más saludable y radiante, como lo fueron, en tal plano, otros pasados.