Sainete en la audiencia

Seguramente muchos recuerdan aquella frase, pronunciada hace ya bastantes años por un alcalde andaluz y que había de hacer fortuna: “La Justicia es un cachondeo”. La expresión, basta y carente de cualquier atisbo de respeto institucional, se repitió insistentemente porque la opinión pública vio en ella un fiel reflejo de la situación de nuestra Administración de Justicia o, si se prefiere, más solemnemente, de nuestro Poder Judicial, que es como la Constitución denomina a esta alta función del Estado. Casos sin cuento adobaban y han seguido adobando la justeza de esa contundente descalificación: Desde el violador declarado inocente porque la víctima llevaba minifalda hasta el criminal que aprovecha una visita al juzgado para escaparse sin que nadie se lo impida. Sin duda son muchas más las sentencias razonables y ajustadas a Derecho, pero las hay que parecen redactadas por quien, carente del menor criterio jurídico o del más elemental sentido común, se pierde entre los artículos de los códigos y sale por peteneras, sin inmutarse y sin que se le caiga la cara de vergüenza. Durante mucho tiempo, la Justicia –porque por pocos que sean los casos criticables afectan al conjunto de la institución- ha hecho el ridículo ante la opinión pública. Y una buena parte de los españoles no confía en la Justicia ni en la profesionalidad de muchos de sus componentes y, en consecuencia, el respeto por la institución se ha desplomado.

Pero desde que la Audiencia Nacional se encontró con ese juguete maravilloso que es el principio de la “jurisdicción universal”, el ridículo ha adquirido las mismas dimensiones planetarias que la pretendida competencia que reclaman los mal llamados “jueces estrella”. Algunos jueces españoles se pone en evidencia, con demasiada frecuencia, ante el mundo entero. El ridículo se potencia porque ninguno de los implicados en los sumarios “internacionales” abiertos por los jueces de la Audiencia Nacional, con Garzón a la cabeza, se ha sentado ni se va a sentar en el banquillo ante ellos. ¿Qué se busca, entonces, con estas operaciones? La respuesta no puede ser otra que notoriedad y atención de los medios, sin ningún resultado práctico. La interpretación tan extensa del principio de la jurisdicción universal que hacen algunos jueces no solo atenta a uno de los fundamentos del Derecho procesal que es el del juez natural, ya que los magistrados de la Audiencia Nacional son los menos “naturales” para juzgar ese tipo de casos. Además, ¿para qué está el Tribunal Penal Internacional? Es absurdo que algunos jueces, sin ruborizarse, se consideren competentes para juzgar los abusos cometidos en Gaza o en el Tibet, las “hazañas” jurídicas del equipo legal de Bush o los abusos contra los derechos humanos en Guatemala o en Marruecos, por bien fundamentados que puedan estar tales casos. Y deberían pensar cuánto dañan a la imagen internacional de España. Todo ello mientras los juzgados españoles ven como se acumulan los legajos, como en pleno siglo XIX.

Pero el reiterado ridículo de nuestro sistema judicial ha rizado el rizo con el asunto de los catorce piratas detenidos por la dotación del Marqués de la Ensenada, que no solo ha puesto de manifiesto las diferencias de enfoque entre fiscalía y judicatura, sino que, una vez más, ha hecho bien visible que un asunto como este los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa van cada uno por su lado, como ya se hizo patente, hace bien poco, con motivo del anuncio de la precipitada retirada de nuestras tropas en Kosovo. El juez Andreu tenía razón, al menos por una vez, al declararse competente en el caso porque según el artículo 23 c) de la LOPJ la piratería es uno de los delitos en los que es competente la jurisdicción española, aunque se haya cometido fuera del territorio nacional. El encaje en el más bien desastroso Código Penal vigente no tendría por qué ser complicado para un juez avezado. Pero poco después el fiscal se entera del canje de notas entre la UE y el Gobierno de Kenia (firmado el 6 de marzo 2009) y pide la entrega de los piratas a este país. Sorprendentemente, el juez reacciona, molesto porque se le lleve la contraria, y pide la puesta en libertad de los piratas. ¡Qué espectáculo y que bochorno para España!

No está claro que la Justicia española no pueda enjuiciar a los piratas, pues el citado canje de notas expresamente reconoce que no afecta a los ordenamientos nacionales. Pero España, en cuanto participante en la operación “Atalanta”, parece lógico que cumpla los acuerdos de la UE sobre esta materia y esta operación. ¿Cómo es posible que Exteriores y Defensa no hayan unificado criterios, previamente a todo esto, para el caso de que se detuviera a piratas? Pero a la vista de cómo funcionan ambos departamentos y del mayúsculo despiste de muestra Defensa en temas internacionales nada puede extrañar. Después del papelón del Playa de Baquio, -en el que funcionó al máximo el “buenismo” de Zapatero que en casos como estos no es sino un híbrido de la ignorancia y la estupidez- todo encaja en el roussoniano optimismo antropológico del Presidente. Un buenismo que utiliza y humilla a nuestros militares, que exponen sus vidas en operaciones como esta, obligados al papelón de ver como los piratas son, al final y para su país, más importantes que ellos mismos. Nuestros soldados pensarán, ¿para qué demonios se nos ha traído hasta aquí? Pues para exhibir el buenismo del Presidente.