El retorno de Guantánamo

Una de las primeras decisiones de Obama que más llamó la atención –y la esperanza- fue la de cerrar la prisión de Guantánamo. Lógicamente, una decisión de tal calado requería su tiempo de ejecución, no sólo a nivel logístico, sino también -y no menos importante- legal. Fundamentalmente, por la complejidad que supone hacer frente a ese colosal limbo jurídico en el que se hallan los allí detenidos. El mandatario norteamericano ya ha tanteado a sus aliados sobre la posibilidad de acoger a algunos presos, pero se ha topado con los inconvenientes del derecho comparado, ya que el encaje procesal en la mayoría de ellos se antojaba sumamente complicado. Quizá por eso, Obama manifestaba hace pocos días la posibilidad de reeditar los juicios en la base de Guantánamo; eso sí, con más garantías de los que se celebraron con anterioridad, plagados de irregularidades.

Siendo buena la intención de Obama, no lo es tanto el volver a actuar en el mismo terreno pantanoso que su antecesor George W. Bush, por más maquillaje jurídico que se le quiera dar. Efectivamente, ya hubo juicios en Guantánamo, pero ni las confesiones de los reos fueron obtenidas por medios legales, ni éstos tuvieron acceso a las más mínimas garantías procesales, cuales son designar a su propio defensor o la confidencialidad de la estrategia de defensa. Ya que la institución presidiaria de Guantánamo ha sido puesta en evidencia, resulta evidente que no es el lugar más apropiado para celebrar juicios, por más que se empeñe Obama en lavarle la cara. Si el inquilino de la Casa Blanca ha tenido el acierto de emplear la legalidad vigente como arma principal contra el terrorismo, no debería caer en el error de intentar restaurar acciones pasadas de dudosa legalidad. Está en juego su credibilidad.