Af-Pak: perspectivas sombrías

Ocho años después de iniciarse la operación Libertad Duradera como respuesta a los atentados del 11-S, Afganistán sigue sufriendo una intensa guerra de insurgencia, tiene un gobierno ineficaz, débil y ausente en muchas zonas del país y gran parte de la población afgana continúa viviendo sumida en la pobreza e inevitablemente afectada por una violencia desatada. Y las cosas tampoco van bien en Pakistán. Aquí van algunos detalles y reflexiones sobre la actual coyuntura en Af-Pak, como ahora llaman los estrategas estadounidenses a aquella región del mundo.

La insurgencia que actúan en Afganistán está compuesta por una variedad de milicias y facciones, aunque la iniciativa la lleven los talibán y aunque entre sus huestes también quepa distinguir facciones: unas irredentas, motivadas por su extremismo religioso, absoluta y sinceramente identificadas con los principios yihadistas de Al Qaida, obstinadas en recuperar el país para reimplantar la Sharia (Ley Islámica); y otras que siguen o ayudan a los auténticos talibán por compartir el mismo deseo de expulsar a los extranjeros y acabar con su gobierno “títere” para tocar poder. Esto por lo que respecta a los dirigentes de las facciones insurgentes. Entre sus militantes de base también se aprecia una amalgama de luchadores fanatizados, nacionalistas y profesionales de la guerra, estos últimos hombres duros con mucha guerra a cuestas a los que el mando estadounidense quisiera atraer a su propio bando (como ya lograra el general Petraeus con parte de la resistencia sunní en Irak) pero cuyos sueldos por guerrear al lado de los talibán pueden llegara a triplicar el salario de los soldados leales al gobierno de Karzai (entre 200 y 300 dólares mensuales frente a 75). Y es que hace ya tiempo que los talibán descubrieron que el cultivo de opio da para mucho.

La violencia de los insurgentes afganos toma diversas formas: guerra de guerrillas (hit and run: golpear y huir), atentados con explosivos (causa del 75% de las bajas entre soldados de Estados Unidos), misiones suicidas. Los ataques se dirigen principalmente contra dos tipos de blancos: las tropas extranjeras (cuando la mayoría de ellas deben atenerse a unas normas de enfrentamiento absurdamente restrictivas que elevan el riesgo para sus propias vidas) y las fuerzas afganas leales al débil Estado afgano. Por supuesto, muchos de esos ataques, cuyo número en 2008 se duplicó con respecto a los perpetrados en 2007, arrastran bajas colaterales. Tampoco son extraños los secuestros de extranjeros (con motivación económica o política) y los atentados destinados a eliminar e intimidar a representantes políticos y ciertas personas o sectores de la población civil.

Desde algunos meses atrás los talibán y sus socios tienen presencia permanente en casi tres cuartas partes de Afganistán. Y la gravedad de este dato sólo se puede valorar de forma adecuada si se tiene en cuenta que hace algo más de un año sólo actuaban con continuidad en un 20 por ciento del territorio. Dominan el sur y el este del país y en algunas regiones operan ya como un gobierno paralelo. Asimismo, la mayoría de las vías de acceso a la capital se han vuelto inseguras por continuos asaltos.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Sería largo de explicar, aunque conviene mencionar algunos errores cometidos en el pasado y otros que podrían estar cometiéndose ahora o en un futuro inmediato. Probablemente el primero de ellos radica en la creación del escenario de guerra iraquí a partir de 2003. Además de otros muchos perjuicios, como aumentar el radicalismo en todo el mundo musulmán, la polémica intervención contra el régimen de Sadam Hussein ralentizó la campaña afgana a causa de los masivos costes y recursos requeridos para contrarrestar a los resistentes/insurgentes enfrentados al nuevo gobierno iraquí. En este sentido, el reciente cambio de prioridades impuesto por la administración Obama y su compromiso a favor de intensificar los esfuerzos y recursos destinados a Afganistán es lógico y oportuno. Sin embargo, diversos análisis señalan que el aumento de inversiones y hombres previsto para Afganistán (tanto de Estados Unidos como de sus aliados) seguirá siendo insuficiente para revertir la situación. Por ejemplo, las inversiones dedicadas a la reconstrucción del país siguen siendo bastante inferiores a las realizadas en Bosnia y Kosovo. Después de todos estos años no se ha dado ningún paso importante para implementar un modelo que haga viable el desarrollo económico de Afganistán. Sin ningún avance en ese terreno la política de tolerancia cero avalada por los países de la Coalición contra el cultivo de opio (medio de vida del que dependen 14 millones de afganos) resulta absolutamente contraproducente y absurda. Asimismo, y unida a las numerosas evidencias de corrupción que corroen al Estado afgano, la falta de oportunidades para ganarse la vida deslegitiman y debilitan al gobierno establecido en beneficio de los insurgentes.

Otra complicación que debiera haberse evitado radica en la falta de congruencia y consenso real entre los aliados de la Coalición sobre cómo enfrentarse a los insurgentes. Como es sabido, la actuación de las tropas extranjeras ha tomado dos formas, una ofensiva, bajo el liderazgo de Estados Unidos, y otra defensiva, de la que se encarga la OTAN y su Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (International Security Assistance Force, ISAF). Existen problemas de coordinación entre ambas misiones y hay también dificultades relacionadas con las diferentes prioridades y estilos de actuación que adoptan cada uno de los contingentes nacionales que integran la misión ISAF (en la que, por cierto, las tropas españolas están operando con especial reconocimiento del pueblo afgano y corriendo altos y continuos riesgos de los que rara vez se informa en nuestro país…). Por su parte, el reducido ejército afgano es bastante menos eficiente y profesional de lo que sería deseable. Estados Unidos pide más colaboración y entrega a los europeos pero éstos (sus gobiernos) están atenazados por la expectativa de los problemas internos que pudiera acarrearles una implicación sin reservas en la campaña afgana. A su vez, las operaciones militares puramente ofensivas entrañan sus propios riesgos relacionados con la dificultad de evitar muertes civiles cuando se actúa con plena contundencia sobre el enemigo pero intentando minimizar las bajas propias (típico dilema en las guerras contemporáneas). Para colmo, varias afirmaciones lanzadas en los últimos meses por altos cargos de la Casa Blanca manifestando su interés en negociar con los insurgentes podrían ser interpretadas en el peor de los sentidos, es decir: dando a entender a los propios insurgentes que Estados Unidos ha renunciado a vencerlos y que, más pronto que tarde, acabará dejando el país abandonado a su suerte. Obviamente, el efecto probable de esta clase de interpretaciones sería el de envalentonar a los insurgentes, al menos a sus facciones más radicales, antes que el de obtener una paz de corto plazo.

Lo que sí hay que reconocerle a la administración Obama es el acierto de asumir definitivamente que el mayor de sus problemas en aquella parte de Asia traspasa la frontera este de Afganistán. Es bien sabido que las tribus pastún que habitan al otro lado de esa borrosa línea dieron cobijo a los talibán y a líderes y militantes de Al Qaida desde finales de 2001 y que siguen haciéndolo hoy día. El pasado verano los servicios de inteligencia estadounidenses estimaban que los talibán del Mulá Omar y la organización de Bin Laden podían regentar más de 150 campos de entrenamiento para combatientes y terroristas extendidos por toda la zona noroeste de Pakistán. Sin semejante refugio y bases de apoyo las actividades insurgentes dirigidas contra el gobierno afgano podrían haber concluido hace años, en lugar de agravarse. Asimismo, el movimiento yihadista global habría perdido a su vanguardia ideológica. Pero, además, el establecimiento en Pakistán de una parte de la insurgencia afgana y de Al Qaida ha alimentado la proliferación de aguerridos grupos autóctonos talibán que colaboran con sus hermanos del país vecino, hostigan a los convoys occidentales que se dirigen a Afganistán para abastecer de suministros a las tropas de la OTAN, controlan varias zonas del país donde imponen la Sharia, ejercen una violencia casi constante contra las autoridades e incluso urden atentados terroristas fuera de Asia (el más destacado un plan desbaratado en enero de 2008 para atentar en el metro de Barcelona).

Hace pocas semanas, en el curso de una conferencia impartida en Karachi, el prestigioso periodista pakistaní Ahmed Rashid advertía sobre los cambios recientemente experimentados por los talibán pakistaníes. Según su análisis, se han convertido en un movimiento yihadista multiétnico que colabora o está en contacto con varias docenas de grupos extremistas en todo el país, han desarrollado una agenda expansionista y se proponen lo que hace sólo unos meses parecía absurdo a muchos analistas: derrocar al mismísimo gobierno de Pakistán. Se trata de un objetivo difícilmente realizable. No obstante, lo ocurrido en el último mes parece congruente con el diagnóstico de Rashid. Las zonas donde los talibán pakistaníes ejercen su poder de forma plena abarcan las denominadas Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA) y la Provincia de la Frontera Noroccidental (NWFP). Pero hace pocas semanas los talibán se aproximaron peligrosamente a la región del Punjab (¡donde Pakistán tiene distribuida la mayor parte de su arsenal nuclear!) y llegaron a tomar posiciones sólo a cien kilómetros de distancias de la capital, Islamabad. Más recientemente han dado algunos pasos atrás forzados por el ejército pakistaní, con el que han entablado una cruenta lucha en el valle del SWAT, en la Provincia de la Frontera Noroccidental. En todo caso, las refriegas continúan mientras Pakistán se vuelve más inestable a cada día que pasa e incluso comienzan a circular rumores de un posible golpe de estado.

Ante tan dramática coyuntura, una de las metas de la nueva estrategia estadounidense para Af-Pak pasa por reforzar la colaboración con Pakistán para detener a los líderes y militantes de Al Qaida que aún permanecen escondidos en ese país, expulsar de allí a los insurgentes afganos y “pacificar” a los talibanes pakistaníes. Obama ha solicitado al Congreso nuevos fondos para donaciones a Pakistán, suponiendo que tal desembolso será recompensado con la ayuda militar y de inteligencia deseada pero no hay plenas garantías de que esta estrategia funcione. Por un lado, el gobierno pakistaní no controla a las fuerzas armadas sino al revés y muchos de los jefes militares siguen simpatizando con los insurgentes afganos, al igual que sus servicios de inteligencia, que se hallan infiltrados por elementos yihadistas. Por otro lado, la experiencia de los últimos años sugiere que el ejército pakistaní no sabe bien cómo neutralizar a sus propios extremistas.

En suma, todo va a peor en Af-Pak, o así lo parece.