Garzón, imputado por prevaricación en la causa contra el franquismo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el que admite a trámite una querella interpuesta el pasado 26 de enero por el sindicato Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la que se le acusa indiciariamente de un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son) en relación con la causa abierta por este magistrado por las desapariciones tras la guerra civil española.

El TS señala que "cuando la muerte es anterior a una condena y la condena por ello no ha existido, lo que se extingue es la acción penal, lo cual determina que si el proceso estaba abierto porque vivía la persona, se archive de plano, y si no lo estaba resulte absolutamente imposible incoarlo".

Así lo confirmaron fuentes del sindicato querellante que señalaron que en su querella también solicitaban en caso de que su iniciativa fuera admitida a trámite, como así ha ocurrido, que el Consejo General del Poder Judicial suspenda cautelarmente de sus funciones al juez mientras termina de instruirse ese procedimiento.

Sin embargo, el CGPJ no estudiará si suspende provisionalmente o no a Baltasar Garzón hasta que sea firme el auto del Tribunal Supremo.

En declaraciones a Efe, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha explicado que dicho auto no es firme, ya que contra éste cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, por lo que el Alto Tribunal no lo ha remitido aún al CGPJ.

Una vez que el Consejo reciba la resolución firme del Supremo, según Bravo, se convocará a la comisión permanente para estudiar y resolver si suspende o no provisionalmente al juez de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

"De momento al Consejo no ha llegado nada porque la decisión no es firme, por lo que no podemos reunirnos", ha concluido.

El sindicato Manos Limpias, que no cuenta con representación en ningún centro de trabajo y está dirigido por Miguel Bernard -ex responsable de la formación ultraderechista Fuerza Nueva-, se querelló contra Garzón el pasado mes de enero por considerar que éste se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo sabiendo que no lo era.

La Fiscalía, que había pedido al Supremo que archivara la querella, no recurrirá el auto del TS, según han informado a Efe fuentes del Ministerio Público.

El presidente del sindicato, Miguel Bernard, explicó que la querella se interpuso por considerar que Garzón incurrió en prevaricación al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia fiscalía de la Audiencia Nacional. En declaraciones a este periódico, Bernard ha asegurado que este auto del TS supone "el triunfo del Estado de Derecho" al haber tratado a Garzón "como lo que es, un ciudadano más" que tiene que ser juzgado por haber "vulnerado la legalidad vigente". Tras haber presentado "infinidad denuncias" y querellas contra el juez, el presidente de Manos Limpias considera esta última como un éxito de su organización.

Garzón: "La ley es igual para todos, estoy tranquilo"
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha asegurado este miércoles tras conocer la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de una querella en su contra por prevaricación que "la ley es igual para todos", al tiempo que destacó que "está tranquilo" y se defenderá de la acusación "en su momento".

"No tengo conciencia de haber cometido delito alguno", ha agregado.

Archivada la querella que acusaba al juez de cohecho por el dinero recibido en Nueva York
Por otra parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado definitivamente la querella por cohecho que un abogado presentó contra Garzón por haber recibido supuestamente durante su estancia entre 2005 y 2006 en Nueva York 1,7 millones dólares del Banco Santander. En un auto, el TS rechaza la nulidad de actuaciones y la reapertura de diligencias solicitada por el letrado Antonio Panea contra la decisión que este órgano tomó el pasado 6 de abril de confirmar el archivo de la citada querella.

Este asunto, no obstante, está siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ver si el juez incurrió en alguna falta disciplinaria por no haber comunicado a este órgano los ingresos que percibió en concepto de salario.