América Latina: las Nuevas Guerras son contra la Población Civil

Existen 26 países en el mundo que registran conflictos armados. De éstos, dos de ellos se encuentran en América Latina: Colombia y México. El primero mantiene desde hace más de 40 años un conflicto armado interno de intensidad variable, mientras el segundo es catalogado como un problema de ejércitos privados al servicio del narcotráfico.

No obstante, entre las similitudes no solamente está las graves consecuencias humanitarias de barbarie, desplazamiento forzado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y el crecimiento del narcotráfico, sino la actitud estatal de privilegiar cualquier tipo de guerra como única acción ante estos fenómenos.

Recientemente, el informe de Human Rights Watch para las Américas mostraba cómo en el marco de la lucha contra el narcotráfico han aumentado las denuncias de violaciones a los derechos humanos en México, siendo la población civil la principal víctima de la situación. De forma similar, desde hace más de 20 años la guerra en Colombia arroja anualmente decenas de miles de víctimas civiles en contraposición con las bajas militares registradas.

Aquí radica la gran similitud, que se comparte con conflictos de todo el mundo: La característica de las nuevas guerras es precisamente que no representan un mayor riesgo para los actores armados puesto que son guerras contra la población civil.

Resulta entonces paradójico pensar que dos gobiernos establecidos en el marco de la democracia – y con instituciones públicas reconocidas – escojan la solución que conlleva mayores costes humanos. Incluso, en numerosas ocasiones, mientras se tolera como un “daño colateral” las violaciones a los derechos humanos, se es condescendiente con actores políticos o económicos relacionados con el narcotráfico o la criminalidad. Situación evidente en Colombia donde un 33% del congreso tiene procesos penales por vínculos con grupos paramilitares y narcotraficantes.

Las respuestas gubernamentales evidencian valores que perpetúan la crisis humanitaria en tanto lo importante no es la solución de los fenómenos, sino su estabilización temporal. La deshumanización en las acciones militares deja de ser un caso aislado para convertirse en una doctrina de negación de la otredad y no sólo se enfoca en la eliminación del enemigo, sino en la transformación de la diferencia social en la amenaza nacional por excelencia.

No puede explicarse de otra forma que la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército mexicano fueran crímenes sexuales contra mujeres de comunidades indígenas, acciones que no representan ninguna ganancia en la lucha contra “el narco”, pero que se presentan como tal. En Colombia, continuamente jóvenes de barrios populares son desaparecidos y asesinados para ser presentados por el ejército como bajas en combate. Pero la influencia del narcotráfico aumenta en los dos casos.

Desde esta perspectiva, toda operación militar es buena en función de los resultados aunque no exista coherencia entre las primeras y los segundos. Los ejércitos de los dos países comparten doctrinas similares, en cuanto la efectividad de la guerra es capaz de tolerar – sin ningún tipo de veeduría ciudadana o internacional – las atrocidades contra la población, como si éstas fueran un mal menor.

En este panorama, es inevitable y desafortunado pensar que el cumplimiento del derecho sagrado a la vida se encuentra en el último lugar de la agenda pública colombiana o mexicana.