El atentado contra la AMIA: quince años de impunidad

Aún así, las distintas asociaciones de familiares de víctimas tuvieron la semana pasada un motivo para, cuando menos, estar satisfechas. Y es que, tras un largo proceso plagado de demoras e irregularidades judiciales que estuvieron a punto de acabar con la posibilidad de esclarecer alguna vez la verdad, la Corte Suprema de Justicia argentina se pronunció a favor de reanudar la investigación contra Carlos Telleldín, principal imputado de la “conexión local” del atentado.

Para entender el significado de éste fallo legal, hay que remontarse al lunes 18 de julio de 1994. Ese día, en horas de la mañana, una camioneta Trafic cargada con explosivos estalló frente al edificio de la AMIA matando a 86 personas entre trabajadores del centro, visitantes y transeúntes. El hallazgo del motor de la camioneta siniestrada apuntó desde el principio hacia Telleldín, vendedor de coches robados, quién presuntamente armó y entregó a terceros la camioneta que luego sería detonada.

La investigación, conducida por el juez Juan José Galeano, concluyó con la implicación de una red de corruptos policías bonaerenses, los cuales extorsionaban a Telleldín para permitirle continuar con sus actividades ilegales, y a quienes éste dio como pago la camioneta sin saber para que iba a ser destinada. Pero en 1997 se hizo público un video que mostraba a Galeano solicitando a Telleldín que involucrara en su declaración a los policías a cambio de 400 mil dólares. Se supo a su vez que esto ocurría con la complicidad de los fiscales del caso, y de altos cargos de gobierno del entonces presidente Carlos Menem.

Finalmente, tras siete años de investigaciones, empezó en 2001 el Juicio Oral. Dicho juicio acabó tres años después con la resolución de un Tribunal Federal dictaminando que el Estado armó la causa AMIA para encontrar culpables a cualquier precio, más allá de los acontecimientos reales, y con el objetivo de “satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. El resultado fue la absolución de todos los acusados, y la denuncia a varios importantes funcionarios, incluido Galeano, a quien se le inició un juicio político. Más recientemente han sido citados a declarar por supuesta obstrucción de la investigación del atentado, entre otros, el ex presidente Menem y Hugo Anzorregui, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Estado. La esperanza de muchos es que algún día se llegue a comprender todo el alcance de los “oscuros intereses” a los que hacía alusión el tribunal, y a establecer el papel de los sucesivos gobiernos argentinos en la evasión de sus responsabilidades.

Al mismo tiempo, una indagación independiente afirmaba que el gobierno de Irán había sido el responsable de planificar el ataque y que la organización chiíta libanesa Hezbolá lo había llevado a cabo. Es decir, se avalaban las tesis iniciales acerca de los autores intelectuales y materiales del atentado. El gobierno de Nestor Kirchner solicitó en 2007 a la Interpol la captura varios prominentes ex diplomáticos iraníes, y en su último discurso como presidente ante la Asamblea de la ONU, fue más lejos al denunciar que el régimen de Teherán no prestaba toda la colaboración requerida por la justicia argentina.

Por su parte, la actual sentencia de la Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar como válidas las pruebas reunidas contra Telleldín antes de octubre de 1995, fecha en la que se considera que Galeano perdió su garantía de imparcialidad al haber iniciado las maniobras para inculpar a los policías. Esto significa que probablemente se realice un nuevo juicio contra Telleldín por su eventual vinculación con el atentado.

Entre tanto, quince interminables años han pasando para los familiares de las víctimas. Lógicamente enfurecidos con la ineficacia de su sistema judicial y con muchos de los líderes de la comunidad judía argentina, a quienes responsabilizan de colaborar con el encubrimiento de los hechos para no enfrentarse al establishment político, todavía no han podido ver a nadie pagar por la perdida de sus seres queridos. Habrá que esperar para saber si los últimos acontecimientos representan pasos reales que los guíen hacia el final del túnel de impunidad en que se ha convertido el caso AMIA.