Los cambios estructurales y el B.O.E.

Conviene comenzar por un capítulo de nuestra preocupante situación económica. En primer lugar, si anualizamos el desplome tenido por nuestro PIB en el primer trimestre de 2009, obtenemos un hundimiento del 7’4%. La producción industrial ha disminuido, en los doce meses que concluyen en marzo de 2009, un 14’0%. El IPC Armonizado en mayo ha caído en tasa interanual un 0’8%, y tiene continuos descensos desde el mes de marzo. Eso explica que Gabriel Grésillon, en “Les Echos” de 20/30 mayo 2009 señale que los precios en la Eurozona “se mueven claramente a la baja en España”, con lo que disponemos de más argumentos para sospechar que “no se puede excluir a medio plazo, la deflación”. El desempleo, en marzo de 2009 se ha situado en el 17’4%. El déficit comercial, a pesar de la crisis, que elimina importaciones, en los doce meses que concluyen en marzo de 2009, alcanza los 117.200 millones de dólares; y el déficit por cuenta corriente, aquí en los doce meses que finalizan en febrero de 2009, es el gigantesco de 144.900 millones de dólares, sólo superado en el mundo por el norteamericano. La Comisión Europea, y habría que decir que todos los expertos, consideran que en el año 2009 vamos a tener un déficit presupuestario del orden del 10% del PIB. Por tanto, nos encontramos sumidos en una crisis muy seria.

Por supuesto, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero públicamente lo acaba de negar en su discurso pronunciado en el mitin que ha tenido lugar el 28 de mayo de 2009 en Langreo. Según se lee en “La Nueva España” del día siguiente, exactamente dijo: “Estad seguros que cuando empecemos a remontar la crisis y no tardará mucho, algunos se quedarán callados, y en todo caso, lo advierto, cuando lleguen los buenos datos, y no tardará mucho, dirán que es fruto de la evolución de la economía”. Probablemente, al pasar a conocer todas estas cifras –y seguramente, muchísimos más expuestos por sus asesores y al considerar que no sería malo, a efectos de su futuro político, afianzar en algo los resultados que obtiene la economía española, es cómo ha decidido ir hacia adelante para implantar “una economía sostenible” a través de una serie de ”cambios estructurales” que se pondrían en funcionamiento a través de decretos que, tras ser aprobados rápidamente en Consejo de Ministros, aparezcan en el “Boletín Oficial del Estado”.

Al llegar aquí, por fuerza ha de surgir la perplejidad. En primer lugar, lograr una “economía sostenible” no tiene nada que ver con intentar salir de una crisis tan seria como la que nos atenaza. Se entiende que es lograr un desarrollo sostenible, conseguir aquel que mantiene equilibrios con la naturaleza, dentro de la llamada economía ecológica. Pasemos a la otra cuestión. Los cambios estructurales no se pueden implantar por decreto, porque son de tal índole que precisan un desarrollo legislativo importante, si es que, realmente se desean poner en marcha. Porque lo que ahora es obligado, en primerísimo lugar, es mantener nuestros equilibrios macroeconómicos, para lo cual es preciso adoptar medidas presupuestarias radicales, que rebajen el gasto público y alivien los impuestos. Naturalmente, desde los tiempos de la Carta Magna, o aquí, desde las Cortes medievales, es imposible llevarlo adelante sin tener en cuenta el poder legislativo. Dígase lo mismo para reorganizar radicalmente el Estado de Bienestar, y no digamos nada para ampliar la acción del mercado, alterando el aparato institucional que ahora lo oprime, incluyendo en él una política autonómica muy intervencionista que ha escindido en diecisiete al mercado español, en muchos aspectos. Nada digamos de la idea de prescindir de las Cortes Generales, si han de efectuarse cambios en nuestra estructura financiera, o en la educativa, ahogada precisamente por la ley.

Además, estas nuevas leyes tendrían que tener muy en cuenta aquel mensaje sapientísimo de Jovellanos, al dirigirse al Consejo de Castilla en su “Informe de la Ley Agraria” que con toda facilidad podemos trasladar al conjunto de la realidad económica española: “No hay alguno que no exija a V.A. nuevas leyes para mejorar la agricultura, sin reflexionar que las causas de su atraso están por la mayor parte en las leyes mismas, y que por consiguiente, no se debía tratar de multiplicarlas, sino de disminuirlas; no tanto de establecer leyes nuevas, como de derogar las antiguas”. Y no digamos lo de establecer decretos y otras disposiciones de menor rango que pueden perturbar aun más nuestra realidad, porque entorpecerían aun más la situación que tenemos. Por ejemplo ese acuerdo del Gobierno que pende como una espada de Damocles presta a atravesarnos y dar muerte a la generación de energía barata, que puede decidir el cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña. De aquí al 5 de julio, por tener esa facultad nuestra Administración, puede comenzar ese disparatado sendero que expuso así Hugo Morán, Secretario Federal del Medio Ambiente del PSOE en “La Gaceta de los Negocios” de 30/31 de mayo de 2009: “No hay que fijarse sólo en Garoña, sino plantear el modelo energético que queremos para España. No es cierto que la energía nuclear sea barata, porque el Estado debe subvenir los gastos que ninguna aseguradora quiere asumir. España ya está en disposición de suplir con renovables la energía producida por Garoña”. Y esto cuando, como se recuerda en este mismo ejemplar de “La Gaceta de los Negocios”, “la cantidad de GWh producidos por Garoña en 2008 4.020’96 es... la demanda eléctrica de más de un millón de españoles en un año. Equivale a todo el sector fotovoltaico que hay instalado en España, pero a un coste dos veces inferior”.

Dígase lo mismo si prosiguen los agobios sobre los cambios educativos –déjese, por ejemplo, que los padres decidan si mantienen separados a los niños de las niñas, o no, en las escuelas concertadas, que las familias optarán libremente , o las aperturas comerciales con ese encastillamiento en Cataluña y Baleares en favor del intervencionismo, o cómo deben convenir los empresarios y los trabajadores. Por cierto que en relación con esto, ese diablillo erudito que los profesores universitarios llevamos dentro, me lleva a recoger de Ludwig von Mises, de su intervención el 30 de marzo de 1945 en la American Academy of Political and Social Science su alusión a cómo “Carlos Marx no creía que la interferencia intervencionista con la actuación del mercado del Gobierno o de las organizaciones sindicales pudiese obtener los fines beneficiosos esperados. Marx y sus coherentes seguidores condenaron tales medidas intervencionistas en su claro lenguaje, como un sinsentido, reformista, un fraude capitalista y una imbecilidad pequeño burguesa. Llamaron a los defensores de tales medidas, reaccionarios”. Y en el mismo lugar y el mismo día, el profesor Tucker señaló que esta marcha hacia el intervencionismo gubernamental era “la vuelta al «despotismo ilustrado»”, definiendo tal intervencionismo como “la sistemática interferencia del Gobierno con el proceso de producción y consumo, con objeto de incrementar la Renta Nacional”.

El Premio Nobel de Economía George Stigler mucho indagó lo que subyace en todo esto y escribió así en sus “Memoirs of an unregulated economist” (Basic Books, 1988): “Con independencia de lo desinteresado que sea el objetivo de la política pública, ésta se inclina a ayudar a los grupos políticamente influyentes a expensas de los menos influyentes”. Y, sobre todo, huyamos del político que, ignorante supremo de la ciencia económica, decide qué es lo que se puede hacer en un terreno concreto, creyendo, además, que con su voluntad logrará el éxito, imponiendo decretos, esto es, armado, en suma, del “Boletín Oficial del Estado”, frente a quienes, basados en la teoría económica, sostienen que así se va al desastre, por lo que pasan a merecer epítetos tan conocidos como el de antipatriotas.

El gran economista Stackelberg, en su ensayo “La ciencia y la práctica de la economía” (Instituto de Estudios Políticos, 1944) escribe, y sirve perfectamente para afianzar este artículo: “En suma: ¿hasta qué punto tienen razón el voluntarismo, el vitalismo y el activismo del práctico frente al racionalismo, al realismo y al criticismo del teórico? Hay que admitir que el genio acierta sin teoría y aun contra ella... Pero... los genios no son tan frecuentes como para fundar en su existencia reglas generales de vida y acción”.

Y más en concreto, en todo esto de los decretos subyace un gran miedo al mercado libre, a la libre competencia. De la mano de otro gran economista, Walter Eucken, en su ensayo “Técnica, concertación y competencia. El problema”, dentro del volumen “Política económica del «laissez faire». Economía planificada. Orden de la competencia” (UIMP, 1949) –hay reedición en “Lecciones de Historia, Economía y Pensamiento” (UIMP, 1999) que conservo firmado por él el 29 de agosto de 1949, debemos aprender esto: “No está anticuada la competencia, sino la creencia de que está anticuada”. Sesenta años después sigue siendo cierto.