El Amazonas versus Alan García

La selvática provincia de Bagua, ubicada al noreste de Perú, dejó el anonimato en el que suelen estar resguardadas las localidades que conforman la periferia de la selva amazónica para convertirse en el foco de atención de los principales medios de comunicación del mundo. Una violenta manifestación, que no sólo enfrentó a la policía peruana con más de 5.000 indígenas de la zona, si no al propio Gobierno de Alan García con estas comunidades, colocó a la remota provincia en el centro mediático.

¿La razón? Los nativos amazónicos, liderados por el presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, demandan la derogación de un conjunto de leyes impulsadas por el Ejecutivo peruano que, según ellos, consideran que vulneran sus tierras y sus derechos ciudadanos.

El choque entre la policía y los grupos indígenas, el pasado fin de semana, ha dejado como saldo de 24 policías y 9 manifestantes muertos, según las cifras oficiales. Un dato que se contradice de forma llamativa con los manejados por Aidesep, que asegura que, hasta el momento, hay entre 30 y 50 indígenas muertos.

Ante estos lamentables resultados -que no demuestran otra cosa que a la administración de García perdió el control de una situación que pudo evitarse a través del diálogo- vuelve a plantearse el debate sobre la verdadera condición de los indígenas en América Latina, cuyas comunidades, además de verse desprovistas de un amparo institucional, también ven como son desterradas de sus territorios a causa del desarrollo, la explotación y las mafias narcoterroristas.

Tal situación convierte a estos colectivos en presa fácil para ideologías radicales cada vez más asentadas en Iberoamérica. El líder indígena Alberto Pizango -héroe para su comunidad pero extremista a ojos del gobierno de Alan García- se encuentra actualmente refugiado en la embajada de Nicaragua, debido a que pesa sobre el una orden de captura por parte de la Fiscalía, que le imputa los cargos de sedición, homicidio calificado y ataque a las Fuerzas Armadas. En total, un conjunto de delitos que podrían costarle 35 años de cárcel.
Frente a semejante contexto, el Gobierno peruano debe moverse con cautela, con el objeto de esclarecer y asumir su cuota de responsabilidad en los lamentables hechos acaecidos en Bagua, evitando precipitarse en una cacería de brujas en contra de una figura cada vez más pública que comienza despertar la simpatía de ciertos líderes y grupos políticos al otro lado de la frontera.