El gobierno se empeña en que no se repita con cuatro suspensos

Es razonable pensar que se trata de una medida tomada en vista de los índices de fracaso escolar y de las críticas que llegan desde los organismos educativos europeos. El debate debe plantearse sobre si la situación es realmente tan desesperada que el gobierno está dispuesto a enfrentarse a las críticas de la opinión pública después de la sentencia del Supremo. Una hipótesis es que se trata de una medida “realista” para facilitar que los alumnos vayan aprobando porque de otro modo nunca alcanzaran el titulo de bachiller. Claro que eso se puede interpretar como que la enseñanza en este país precisa de medidas paliativas, como de un enfermo terminal se tratara

La medida en sí misma no es ni buena ni mala. Facilita sin duda que los alumnos que han ingresado en el bachillerato con formación deficitaria puedan terminarlo haciendo una especie de menú con asignaturas de 1º y 2º. Ese es el lado bueno, el de la flexibilidad. El malo es que los pronósticos que hablan de que dicha medida tendría efectos negativos sobre el nivel de exigencia que se fija para aprobar aciertan. El nivel bajará más si cabe.

Podría creerse que la intención del gobierno al lanzar la medida no es la que se le atribuye, de salir del paso con una cataplasma para un enfermo grave, si anunciara que va a plantear por fin un debate abierto a la oposición, a los profesionales –no necesariamente a los sindicatos, en un campo profesional con un índice de filiación muy bajo, especialmente en secundaria- y a la opinión publica en general.

En ese debate se deberían plantear varias cuestiones que están relacionadas. Si el fracaso escolar no guarda relación con tener el bachillerato más corto de la unión europea; si la enseñanza pública no debería asumir, además de la obligación constitucional de escolarizar a la totalidad de la ciudadanía, la de establecer centros de calidad o de excelencia que fijaran para el resto de los centros públicos y privados el nivel deseado de formación. Y finalmente, como se escribía en este periódico el domingo –articulo de José María Herrera—si no va siendo hora de revisar el dogma de la escolarización forzosa hasta los catorce años. Si no nos parecen bien los dogmas ni en la religión, menos aun en un asunto tan complejo e imposible como es la educación.

En ese debate debería prestarse atención al hecho de que el modelo educativo continental nuestro es el franco alemán, no el anglosajón que fía el establecimiento de la excelencia formativa a la institución que la alcance en abierta competencia. Aquí es el Estado quien asume la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones. Y si comparamos las sensibilidades históricas de PSOE y PP ante este problema convendremos en que es la tradición socialista quien se ha postulado como partidaria de una enseñanza publica fuerte y responsable activa de la formación –o instrucción, como gustaban decir—de la ciudadanía. Es más si Zapatero tiene algo claro es que el modelo económico que propone para el futuro se basa en la investigación y en el conocimiento. Pero eso pasa por una enseñanza pre-universitaria exigente y en forma.