La justicia argentina llega tarde para Almirón

Las autoridades judiciales de Argentina han intentado durante varios años procesar a miembros de las dictaduras y organizaciones relacionadas a éstas, acusados de diversos crímenes en contra de la sociedad civil y de personas de grupos opositores. Sin embargo, las leyes de perdón y errores burocráticos han impedido que todas las denuncias y procesos judiciales hayan obtenido un buen y expedito resultado. Rodolfo Eduardo Almirón, ex jefe operativo de la organización radical de derecha argentina Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A, es uno de aquellos a quien se le imputaron cargos, entre ellos de lesa humanidad, cometidos principalmente entre 1973 y 1975 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

La investigación e inicio del proceso en contra de Almirón, quien en 1975 se trasladó a España, ha durado muchos años y se ha topado con errores en el papeleo, lo cual impidió que la orden de captura internacional fuera efectiva desde el inicio de la denuncia en su contra. No es hasta 2006 que su detención se hizo posible y en 2008 su extradición a Argentina. Pero la justicia se enfrentó a una dificultad adicional que, a muchos criminales latinoamericanos relacionados con las dictaduras, les ha beneficiado: problemas de salud. De este modo –y supuestamente debido a una embolia- Almirón no permaneció en la prisión Marcos Paz de la provincia de Buenos Aires, y se decretó su arresto domiciliario. Por asuntos familiares y de salud, fue trasladado posteriormente al hospital de la capital.

Como resultado de una revisión médica en la cual se le declaraba incapaz de enfrentarse a un juicio, el juez federal Norberto Oyarbide dictó el 4 de junio la suspensión del proceso en su contra. El 5 de junio Almirón fallece en el hospital Ramos Mejía sin haber sido condenado. Así, la justicia nunca le alcanzó del todo, ni tampoco a los familiares de sus víctimas y al pueblo argentino.

Los últimos gobiernos argentinos, pero en especial la sociedad de ese país sudamericano, han luchado por subsanar los errores cometidos en el pasado y llevar a la justicia a aquellos que dañaron al país y a su gente. Sin embargo, los procesos judiciales han demostrado ser demasiado lentos para en verdad hacer justicia y condenar a sus criminales y llevar un poco de paz y tranquilidad a sus víctimas.

Por otra parte, en conflictos civiles tan profundos, enconados y extensos como el que padeció la Argentina en los años setenta no es fácil que la justicia llegue a todos y, sobre todo, que lo haga de manera equilibrada y sin que reproduzca la cadena de odios y represalias, entorpeciendo la convivencia democrática. Porque es un hecho que, a los crímenes de la dictadura y de sicarios paramilitares, hay que enfrentar los cometidos por los “montoneros” y otros grupos revolucionarios sangrientos. Como comprendieron los atenienses cientos de años antes de nuestra era, la democracia es convivencia y ésta debe tener un fundamento en la justicia pero es imposible sin que el perdón y la compasión disuelvan y arrumben viejos rencores.