Soberanía y corrupción

Se está estableciendo como un tópico en ciertos actores de la clase política un concepto de soberanía con tintes rousseaunianos y del democratismo decimonónico plebiscitario que conviene hacer patente y matizar, porque a lo que más se parece este concepto de soberanía es al absolutista del poder omnímodo del monarca, transformado ahora en el poder omnímodo de la mayoría de los votantes.

La soberanía popular en las democracias liberales es la fuente de todo poder y un poder en sí mismo en determinadas circunstancias, por ejemplo, en los referendos, pero eso no quiere decir que no esté sujeto a unos principios, los cuales son valores compartidos que se han legislado y, consecuentemente, se han convertido en principios jurídicos y en norma. Se podría decir, aunque puede sonar contradictorio, que la soberanía popular en las democracias liberales tiene límites, los límites que ella misma se ha dado al convertir en norma suprema constitucional determinados valores como son los derechos y libertades fundamentales. Nadie en su sano juicio puede aceptar un principio democrático por el que la parte mayoritaria del demos se imponga a otra parte minoritaria y decrete, por ejemplo, el genocidio de ésta por motivos raciales, ideológicos, etc. Los ejemplos se podrían multiplicar infinitamente.

Algunos dirigentes del Partido Popular en Valencia y en Madrid ha alentado este concepto de soberanía rouseauniano y plebiscitario, como si la soberanía pudiera exonerar del cumplimiento de la ley o impedir a los jueces su función de juzgar los delitos, en función de los resultados electorales obtenidos por el Partido en las últimas elecciones. Los votos de la mayoría no convierten en verdad lo que no lo es ni tapan la mentira. La democracia no decide sobre la verdad ni puede actuar contra la propia ley que se ha dado. La división de poderes debe poder funcionar para que el Estado de derecho camine por la senda correcta. Hace bien el PP en pedir que se garantice el secreto de sumario y que se salvaguarde la presunción de inocencia, pero hace mal en parapetarse en esto y en no emprender una investigación interna que limpie la morralla, para lo que sería bueno no sólo decir que se acatarán las sentencias judiciales sino colaborar intensamente con la justicia.

Es curioso que sean los autodenominados liberales los que saquen este polvoriento concepto de soberanía que, insisto, a lo que más se parece es a la soberanía absolutista, maquillada de la ideología de Rousseau y del democratismo plebiscitario decimonónico. Es aun más curioso que el mismo concepto sea el que flamean los miembros del tripartito catalán y los integrantes de Convengencia i Unió contra la posible sentencia del Tribunal Constitucional sobre algunos de los artículos del nuevo Estatuto. Afirman los catalanes catalanistas que el Tribunal Constitucional no se puede oponer a la sentencia del pueblo catalán, que ha votado a favor del Estatuto. Tal opinión, poco fundamentada, vulnera la división de poderes y parte de un principio erróneo de soberanía, en este caso por un doble motivo, pues al aludido anteriormente hay que añadir que el pueblo catalán no es soberano, sino que forma parte de la soberanía española y que ésta no se ha reflejado sólo en el referendo sobre el Estatuto sino en la aprobación parlamentaria de la Ley Orgánica que es. Y esa soberanía decidió establecer en la Constitución de 1978 un Tribunal Constitucional que sentencia sobre la constitucionalidad de las leyes, sean las que sean, se aprueben por los procedimientos que se aprueben.