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Ligereza prohibida

El Estado constitucional es una forma política algo difícil de entender. Mas que nada porque establece limites al poder democrático, cuya justificación es bien problemática. Primero se trata de limites formales o procedimentales, así el gobierno no puede hacer determinadas cosas, por ejemplo dictar una sentencia, o el parlamento no puede a través de una ley, digamos, resolver un concurso en una contratación de obra publica, ni un tribunal crear una universidad. Estos límites se comprenden con todo, pues se justifican de acuerdo con un argumento técnico o de eficiencia, estaríamos hablando en efecto de actuaciones llevadas a cabo por órganos manifiestamente inapropiados para verificar tal tipo de prácticas.

El problema surge cuando hablamos no de esta clase de imposiciones, formales como decimos, sino propiamente de carácter sustancial en las que se trata de impedir o prohibir a los órganos del Estado, especialmente al legislador, determinadas decisiones, que sencillamente no están, pese a su condición democrática, a su alcance. Estamos hablando evidentemente de límites constitucionales, que son los únicos que pueden enfrentarse al legislador. Naturalmente esos límites existen o pueden existir, aunque suponen una restricción del poder democrático, y sólo son admisibles si están establecidos por la Norma Fundamental.

¿Cuál es la justificación de la limitación del poder estatal, del legislador en este caso? Exclusivamente la voluntad del constituyente que ha de resguardar los derechos fundamentales incluso ante el legislador. No se trata de afirmar el capricho del constituyente frente a la voluntad del legislador, sino de proteger los derechos de todos, como exigencia irrenunciable de la integración política de los ciudadanos, que aceptan la Constitución precisamente porque de la misma reciben la garantía de sus derechos frente al legislador, aun quedando en minoría, y aunque se trate del legislador democrático.

Situémonos ante un supuesto concreto, ante la ley que pretende establecer una ley de plazos en la regulación del aborto. Hay en el planteamiento de la cuestión una situación conflictiva, puesto que una regulación que considere exclusivamente los derechos de la madre, que en realidad venga a enfocar el problema desde las exigencias del respeto de la libertad de disposición de la mujer sobre su cuerpo, o que considere que estamos por tanto, ante una decisión justificada desde el derecho a la privacidad de la madre, no realizaría un planteamiento constitucionalmente adecuado. La Constitución obliga a tener en cuenta las exigencias del respeto de la vida del nasciturus, no para imponerlas sobre los derechos mencionados de la madre, pero si para demandar una solución al conflicto que se lleve a cabo tras una consideración del problema en toda su complejidad, y no en virtud de una deformación o simplificación del mismo.

Reconozcamos entonces, en principio, límites al legislador, aunque se trata de un legislador democrático, que sólo puede actuar respetando las exigencias constitucionales; y partamos, en el caso concreto aducido, de la existencia de un conflicto que ha de ser resuelto prudentemente, sopesando los derechos en tensión, que no tienen por qué tener la misma importancia, pues en una mano tenemos derechos plenos, en la otra obligaciones debidas, en concreto la protección impuesta de un bien jurídico, la vida del nasciturus. Pero huyamos de la simplificación y la ligereza, que nuestro sistema constitucional no consiente.
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