Posiciones frente al aborto

El comunicado oficial de la Conferencia Episcopal Española, en el que se pide a los católicos (en este caso, se entiende que a los diputados de tal confesión) que voten en contra de la nueva ley del aborto, ha suscitado una agria polémica, como siempre que se habla de tema tan espinoso. Esta vez, los obispos españoles han afinado al máximo en el texto de su declaración, para evitar en lo posible tergiversaciones o salidas de contexto. Si en otras ocasiones se ha acusado a la jerarquía eclesiástica española de injerencias políticas, ahora la situación es diferente. La Conferencia Episcopal tiene todo el derecho del mundo a pronunciarse sobre aquello que crea conveniente, en base a la libertad de expresión de la que todos gozamos en democracia. El mismo derecho que tienen otros a rebatir públicamente sus argumentos. Una argumentación, por cierto, que, esta vez, desde el punto de vista católico –que es la única manera de medir la coherencia de un texto cuyo enfoque filosófico es el católico- parece impecable. Otra cosa, claro, es que ese punto de vista sea tan respetable como discutible y discutido.

En un asunto tan delicado como es el del aborto, lo que los obispos españoles piden a los diputados católicos es que voten de acuerdo a su conciencia de católicos. No parece que tal petición sea algo descabellado. Tampoco lo es la crítica efectuada por la Conferencia Episcopal, a la hora de poner sobre la mesa los aspectos negativos o dudosos de una ley que, incluso desde otras perspectivas distintas a la católica, presenta aristas más que cuestionables: por ejemplo, presentar el aborto como una suerte de conquista social de un derecho, en lugar de un drama, regulable pero trágico; la contradicción entre el aborto de menores en relación a la patria potestad; el ignorar por completo la postura –y lo que debería ser el derecho, de acuerdo con la definición de la propia ley- del progenitor; o bien el problema de la arbitraria definición de los plazos.

Puede que la Iglesia haya errado anteriormente en algo que no es, desde luego, su fuerte: la política de comunicación. Y, sobre todo, en pretender dictar la norma moral a toda la sociedad, interviniendo directamente en la vida política, para luego quejarse de que se les juzgue por esos mismos parámetros. Sin embargo, en esta ocasión han sido mucho más cuidadosos y precisos: dan su opinión general, razonada desde los supuestos que le son propios, pero luego limitan sus directrices a sus fieles. Parece, pues, que han aprendido la lección y de ahí la concreción de su comunicado.

El Gobierno aprovecha para ponerlo en solfa, precisamente por venir de quien viene. Pero en el modo de hacerlo -criticando el anterior texto legislativo del PP- es donde se percibe que los obispos, desde su punto de vista, han atinado en el golpe. Como realidad social, es imprescindible que el aborto tenga un marco legal adecuado y garantista, por poco que guste a la Iglesia. Pero lo que resulta harto discutible es la intención del Gobierno de utilizarlo políticamente como forma de distraer la crisis y movilizar el voto radical contra el PP, trivializándolo, hasta el punto de compararlo con una intervención de estética, o algo que un menor puede efectuar irresponsable y alegremente y dentro de unos plazos cuestionados por gran parte de la comunidad científica. Algo tan serio no debiera convertirse en baraja de “encuesteros” ni ser el objeto propagandístico de personajes intelectualmente tan poco solventes como doña Bibiana Aído.