El gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón ha sentado como una de sus prioridades el combate al crimen organizado, particularmente al narcotráfico. Muchas medidas se han adoptado: reestructuración de las instituciones de seguridad pública, mayores atribuciones a los cuerpos policíacos y mejor coordinación con el Ejército Mexicano, e incluso iniciativas controvertidas que conduzcan a mejor coordinación, investigación, detención, extradición y procesamiento con las autoridades estadounidenses.
El gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón ha sentado como una de sus prioridades el combate al crimen organizado, particularmente al narcotráfico. Muchas medidas se han adoptado:
reestructuración de las instituciones de seguridad pública, mayores atribuciones a los cuerpos policíacos y mejor coordinación con el Ejército Mexicano, e incluso iniciativas controvertidas que conduzcan a mejor coordinación, investigación, detención, extradición y procesamiento con las autoridades estadounidenses.
El 29 de mayo pasado el Presidente Calderón anunció y publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo cambio dirigido a mejorar la seguridad y el procesamiento judicial: la promulgación de la nueva Ley de Extinción de Dominio y la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR). La primera ley, respecto al combate al crimen organizado, tiene que ver con la rapidez con que el estado pueda decomisar y adjudicarse bienes y propiedades que hayan sido utilizados por delincuentes, y que hayan sido obtenidos de manera ilegal. En cuanto a la ley orgánica de la PGR, principal institución encargada de la seguridad del país, ésta tiene como uno de sus principales objetivos profesionalizar a los miembros del ministerio público federal y a los cuerpos policíacos, con el objeto de también poder combatir la corrupción e infiltración del narcotráfico en las agencias gubernamentales. De esta forma se anuncia la desaparición de la Agencia Federal de Investigaciones y la creación de la Policía Federal Ministerial.
Los empleados de la PGR, así como los que quieran ingresar, deberán de
aprobar diferentes evaluaciones, tales como pruebas psicológicas, toxicológicas, de patrimonio y varias más para poder obtener la “certificación”. Además el Ministerio Público tendrá mayores facultades, como solicitar la localización y detención de indiciados, vigilar el resguardo de pruebas, recibir denuncias y verificarlas, así como, proteger la identidad de víctimas.
Las reformas a la Procuraduría General de la República intentan estrechar la relación entre los cuerpos policíacos y los órganos de justicia, combatir la corrupción en el gobierno, y tratar de recuperar, si es que alguna vez ha existido, la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Sin embargo hay personas en el congreso y en la sociedad que ven con escepticismo estas medidas. Los cambios en el papel
no suponen para ellos un cambio real, pero comprenden que, de llevarse a cabo la profesionalización y control de los trabajadores de las instituciones de seguridad, podría haber un cierto progreso en cuanto al combate al crimen organizado.
Quedan más de 30 leyes a ser aprobadas por el congreso, algunas de ellas dirigidas a atacar al narcomenudeo y a la inseguridad pública. El que no se hayan aprobado aún estas leyes es objeto de crítica por parte de varios sectores, pero la discusión partidista en el congreso no ha permitido que esto suceda aún.
Las acciones del gobierno mexicano para combatir al narcotráfico han resultado en una alta cifra de muertos, varias detenciones, algunas extradiciones, pero las organizaciones criminales se recomponen y continúan con sus actividades ilegales, cada vez más fuertes al entablar acuerdos con grupos similares de otras regiones, como los cárteles colombianos, con la Camorra napolitana o la N’dranghreta calabresa.
La sociedad mexicana espera que las nuevas leyes faciliten las detenciones, que haya procesos más ágiles y justos, y que la confianza a las autoridades sea posible.
