Argentina después del 28 de junio: momento de inflexión

El 28 de junio de 1966, el presidente constitucional Arturo Illía era derrocado por las Fuerzas Armadas instaurándose una vez más en la Argentina un nuevo ciclo militar dentro del largo período de intervencionismo castrense inaugurado en 1930 y clausurado en 1983.

A diferencia de aquella trágica jornada y cuarenta tres años después, se realizaron las elecciones legislativas que abrieron la puerta de largada para el inicio de la sucesión presidencial en la Argentina, marcando el fin de un ciclo político y el inicio de una nueva e incierta etapa de la democracia. Por este motivo sosteníamos en notas anteriores que se trataba de una elección que, en definitiva, debería ser analizada sin el dramatismo de dilemas como el kirchnerista “gobernabilidad o caos”, pero si con la seriedad de reconocer su importancia para definir la carrera por la sucesión política de Cristina Fernández de Kirchner.

Merece ser destacado que la experiencia argentina desde 1983 está plagada de actos electorales de esta importancia: el triunfo del peronismo en los comicios del mes de septiembre de 1987 enterró el sueño reeleccionista de Raúl Alfonsín y con el uno de los más ambiciosos proyectos de reforma desde los tiempos de Arturo Frondizi; en 1997 la victoria de la alianza electoral entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Por Un País Solidario (FREPASO) marcó el principio del fin del proyecto de Carlos Menem; cuatro años después los resultados de las elecciones legislativas en octubre del 2001 constituyeron la antesala de la crisis institucional que desencadenó la renuncia de Fernando De La Rúa y el retorno del peronismo al poder.

En una nota anteriormente publicada –Argentina: y a la final la oposición no pudo-, sosteníamos que la disputa que se avecinaba para las elecciones del 28 de junio se desarrollaría en cuatro diferentes direcciones: en primer lugar la confrontación entre la oposición (peronista y pan radical-socialista) y el oficialismo “kirchnerista”; en segundo lugar la disputa dentro del peronismo entre sus expresiones “oficialista” y “disidente” dirimiendo una vez el peronismo sus cuestiones internas en una contienda nacional; tercero, una competencia política en la oposición entre el peronismo “disidente” y el pan radicalismo-socialismo con vistas a definir en el terreno electoral que actor del arco opositor se constituirá como el referente “natural” del mismo, y finalmente la contienda que tendrá lugar en el seno de la coalición panradical-socialista por la sucesión presidencial en el 2011.

De esta disputa desarrollada pueden delinearse estas primeras consecuencias:

1. La derrota del proyecto político de Néstor Kirchner –a estas horas el ex presidente acaba de presentar su renuncia a la jefatura del Partido Justicialista- iniciándose el final del ciclo kirchnerista y la lucha por la sucesión en el liderazgo del peronismo –con el surgimiento de “nuevos” referentes como Carlos Reutemann, Francisco de Narváez, Mario Das Neves y Jorge Capitanich entre otros- en un contexto de crisis y fragmentación en el seno de dicho movimiento político.

2. El fortalecimiento de liderazgos “políticamente antipolíticos” como el de Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del triunfo de su candidata Gabriela Michetti en la elecciones legislativas, aunque por un porcentaje de votos sustantivamente menor a aquel obtenido por el propio Macri en el año 2007, y con serias dudas en cuanto a su capacidad de articulación de una opción política más allá de los límites de la ciudad de Buenos Aires al no disponer su fuerza -el PRO- de una estructura partidaria con anclaje territorial fuera del distrito federal.

3. El resurgimiento del radicalismo más allá de la estructura oficial de la Unión Cívica Radical (UCR), constituyendo el panradicalismo –en alianza con el Partido Socialista- la segunda fuerza parlamentaria luego del Frente para la Victoria. Los resultados electorales obtenidos en esta fuerza política fortalecen las aspiraciones presidenciales del vicepresidente de la nación Julio Cobos, en detrimento de otros referentes como la diputada Elisa Carrió o el gobernador de la provincia de Santa Fé Hermes Binner.

4. Aquí, la construcción del Acuerdo Cívico y Social (ACYS) nos recuerda a otras experiencias similares en la Argentina: el/la arquitecto/a de una construcción política no resulta ser beneficiario/a de la misma. Ejemplos de ello han sido los de Carlos Menem en relación a la renovación peronista de los años ´80 o Fernando De La Rúa y la Alianza a final de la última década. En el caso del ACYS todo parece indicar que Elisa Carrió y Julio Cobos viene a representar los papeles de arquitecta y beneficiario respectivamente.

Estamos entonces en presencia de nuevos vientos de cambio, pero de distinta naturaleza a los de aquella funesta madrugada del 28 de junio de 1966.