Todos los detalles de las seis centrales nucleares que operan en España

En España hay seis centrales nucleares en explotación con ocho reactores operativos que generan en torno al 18% de la electricidad. Las instalaciones nucleares españolas incluyen además una central que ha sido declarada en cese definitivo de explotación, José Cabrera; un reactor, el de Vandellós I, en periodo de latencia; la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca); el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad de El Cabril (Córdoba); y varias instalaciones en desmantelamiento como son las del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), en Madrid, y diversas plantas de concentrados de uranio (fábrica de concentrados de uranio de Andujar, Planta Lobo-G, Planta Elefante, y Planta Quercus).

En 2001, los nueve reactores nucleares entonces en activo produjeron la cifra récord de 63.715 millones de kilovatios hora (kWh), el máximo anual alcanzado desde que entraron en funcionamiento. En 2008 la producción fue de 58.997 millones de kWh, lo que supuso el 18,29% de la producción eléctrica total, según datos del Foro Nuclear.

La primera central nuclear que entró en funcionamiento en España fue la José Cabrera, situada en Almonacid de Zorita (Guadalajara), que comenzó a operar en 1968 -una década después de que se construyera la primera central en el mundo- y fue clausurada en abril de 2006. Era de las llamadas centrales de "primera generación", al igual que las de Santa María de Garoña (Burgos), que comenzó a operar en 1971, y Vandellós I (Tarragona), en 1972. En una segunda fase abrieron sus puertas: Almaraz I y II (Cáceres), en funcionamiento desde 1981 y 1983, respectivamente; Ascó I y II (Tarragona), que llevan en activo desde 1983 y 1985; Cofrentes (Valencia), 1984; Vandellós II (Tarragona), 1987; y Trillo (Guadalajara), 1988.

Luego vino un parón. España fue uno de los primeros países europeos que decidió frenar su programa nuclear. Lo hizo con una moratoria decretada por el Gobierno socialista en 1984, que permitió acabar seis instalaciones entonces en construcción, pero paralizó otras cinco: las dos unidades de Lemóniz (Vizcaya), las dos de Valdecaballeros (Badajoz) y la de Trillo II (Guadalajara). Diez años después, en 1994, la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional (LOSEN) estableció la paralización definitiva de esas centrales en moratoria, una operación cuyo coste se cifró en 729.000 millones de pesetas (4.391 euros), a pagar por los consumidores a través de la tarifa eléctrica.

En 1990 se revocó el permiso de explotación a la central tarraconense de Vandellós I, propiedad de Hispano Francesa de Energía Nuclear SA (Hifrensa) y en activo desde 1972, después del accidente que sufrió en octubre de 1989, el más grave de los acaecidos en la industria nuclear española.

En 1999 se renovó el permiso de explotación a las dos centrales más antiguas, Zorita y Santa María de Garoña, con la diferencia de que Garoña recibió autorización para operar durante otros diez años (hasta julio de 2009), mientras que a Zorita solo se le renovó por tres, hasta el 15 de octubre de 2002. Llegada esa fecha, el Ministerio de Economía decidió prolongar el permiso de Zorita hasta el 30 de abril de 2006 y fijar ese día el cierre definitivo de la planta.

En 2000, se renovaron los permisos de explotación de las dos unidades de Almaraz y de la de Vandellós II; en 2001, los de Ascó I, Ascó II y Cofrentes; y en 2004 el de Trillo. Hasta ahora la única planta nuclear española a la que se ha revocado el permiso de explotación ha sido Vandellós I, cuya clausura fue dictaminada por orden gubernamental tras el incendio que registró el 19 de octubre de 1989, considerado el incidente nuclear más grave ocurrido en la historia de España. El proceso de desmantelamiento de Vandellós I se inició en 1998 y concluyó en 2003, dando paso a los 25 años de latencia del reactor, durante los que se prevé que decaiga el nivel de radioactividad.

Zorita, por su parte, fue la primera central que cerró de manera programada en España. Cesó en su actividad de generación de energía el 30 de abril de 2006, tras 38 años de funcionamiento, y está previsto que su desmantelamiento se realice entre 2009 y 2015. A partir de entonces, y puesto que esta central no requiere dejar un "periodo de latencia" como en Vandellós, se procedería ya a la fase de liberación total del emplazamiento.

Por lo que respecta a los residuos de Zorita, Enresa gestionará los materiales radiactivos de muy baja, baja y media actividad, en total unas 3.600 toneladas, en tanto que para almacenar los de alta radiactividad (100 toneladas de combustible gastado y 35 toneladas de otros materiales) se ha construido un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la propia central. El coste de la gestión del combustible y del Almacén Temporal Individualizado es de 35 millones de euros, y el desmantelamiento, de 135 millones de euros.

La gestión de los residuos de las centrales (tanto los que generan a lo largo de su vida útil como que se obtienen cuando son desmanteladas) es uno de los problemas mas acuciantes que tiene hoy la industria nuclear.

Una central produce anualmente del orden de 25 toneladas de residuos, que en principio se almacenan dentro de las propias instalaciones en bidones y sumergidos en piscinas con agua, si bien, con el paso de los años, esas piscinas se van quedando pequeñas. Para solventar este problema en España se contempla la construcción de uno o mas almacenes temporales centralizados (ATC) y de una serie de almacenes temporales individualizados (ATI) en las propias centrales. Se está estudiando, además, la posibilidad de crear un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), basado en el confinamiento del combustible gastado en formaciones estables a una profundidad de entre los 600 y 1.000 metros.

El incidente más grave ocurrido en las centrales españolas fue el de Vandellós I, en 1989, que llevó al cierre de la planta y que posteriormente fue clasificado en el "nivel 3" de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares, INES (que se aplica en España desde 1990).
Le siguen en importancia otros tres sucesos de "nivel 2" registrados en Trillo (1992), Vandellós II (2004) y Ascó I (2007). De los incidentes de Vandellós II y Ascó I, además, se derivaron millonarias multas. Vandellós II fue multada con 1,6 millones de euros en agosto 2006 y Ascó I recibió, en mayo de 2009, una sanción de 15,4 millones de euros, la mayor impuesta en España a una nuclear.

INSTALACIONES NUCLEARES

JOSE CABRERA
La Central Nuclear José Cabrera dejó de operar el 30 de abril de 2006, después de casi 38 años de funcionamiento. Situada en el término municipal de Almonacid de Zorita (Guadalajara), junto al río Tajo, fue la primera central nuclear que entró en operación en España, y la de menor potencia instalada (sólo 150,1 megavatios).

Su construcción se inició en julio de 1965 y se acopló a la red en 1968. Propiedad de Unión Fenosa, es una central de diseño Westinghouse, del tipo de agua a presión (PWR). Durante 38 años de operación comercial produjo 36.515 millones de kilovatios hora. A lo largo de su vida útil, Zorita pasó por varias "puestas a punto" para ajustarse a la evolución de las normas internacionales y nacionales de seguridad y para reparar sus instalaciones.

En 1994 se detectaron más de 170 grietas en la tapa de la vasija del reactor, lo que determinó que la instalación permaneciera parada durante año y medio. En 1996 se pusieron en funcionamiento nuevas torres de refrigeración del núcleo del reactor y en 1997 se cambió la tapa de la vasija.

En 1999 la central solicitó que se le renovara el permiso de explotación hasta 2008, es decir hasta agotar los 40 años de vida útil para los que fue diseñada. Sin embargo sólo se le concedió autorización para un plazo de tres años (hasta el 15 de octubre de 2002) y condicionada a la implantación de una serie de medidas para aumentar la seguridad.

En abril de 2001, el CSN aprobó el programa de mejoras presentado por la central, que a finales de ese año volvió a pedir autorización hasta el 2008. El 25 de abril de 2002 la seguridad física de sus instalaciones quedó en entredicho cuando varios activistas de Greenpeace se encaramaron a la cúpula para pedir su cierre, lo que motivó la apertura de un expediente a Unión Fenosa, empresa propietaria de la central. El 9 de octubre de 2002, el Congreso acordó, por recomendación del Consejo de Seguridad Nuclear, el cierre de la central que, pese a la oposición de Unión Fenosa, se hizo efectivo el 30 de abril de 2006.

En 2007 se construyó en la central un almacén temporal individualizado (ATI) para guardar el combustible gastado, y entre 2009 y 2015 está previsto que se lleve a cabo el proceso de desmantelamiento, con una inversión de 135 millones de euros.
El traslado del combustible gastado de la planta al ATI comenzó en enero de 2009.

SANTA MARIA DE GAROÑA
Situada en la provincia de Burgos, en una península natural formada por un meandro del río Ebro, esta central consta de un sistema nuclear de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera en ebullición (Boiling Water Reactor, BWR) suministrado por General Electric -en España sólo hay dos reactores de este tipo, los de Garoña y Cofrentes-. El de Garoña es el reactor nuclear más antiguo de los ocho actualmente operativos en España. Inició su actividad industrial en marzo de 1971 y es propiedad de Nucleonor, empresa pionera en España en el aprovechamiento de la energía nuclear, participada al 50% por Iberdrola y Endesa.

La central de Santa María de Garoña cuenta con una potencia eléctrica instalada de 466 MW (inicialmente era 460) y su producción anual ronda los 4.000 millones de kilovatios/hora, lo que viene a representar un 7% de la electricidad de origen nuclear y un 2,5% del total de la producción eléctrica anual de España. Durante el año 2004 produjo 4.049,59 millones de kWh, con un factor de carga de 98,93% lo que supone la mejor producción anual desde el inicio de la operación de la planta. En 2008, se aproximó mucho a esos resultados. La producción fue de 4.020,96 millones de kWh, con un factor de carga (producción), del 98,23% y factor de operación (tiempo de conexión a la red eléctrica) del 99,16%.

A finales de 2003, Garoña inauguró un simulador que permite que los operadores de la sala de control puedan cubrir su periodo obligatorio de formación anual sin necesidad, como hacían antes, de desplazarse a Estados Unidos.

En los años 2004 y 2005 la central registró dos incidentes calificados de nivel 1, de acuerdo con la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). En febrero de 2004 se envió, por error, una partida de chatarra radiactiva a una acería de Vizcaya y el 14 de marzo de 2005, en el transcurso de una prueba de vigilancia de las válvulas de ventilación del edificio de contención, se detectó un comportamiento anómalo del sistema. También fue clasificado "de forma preliminar", con nivel 1 un fallo registrado en julio y agosto de 2008 en las baterías de suministro ininterrumpido.

En marzo de 2009, la central llevó a cabo una parada de recarga con una inversión de 19 millones de euros.
El 5 de julio de 1999 se le renovó el permiso de explotación por un plazo de 10 años; y en 2006, Nuclenor solicitó la prórroga por otros diez años más (hasta 2019).

La regulación española obliga a las centrales nucleares a solicitar la renovación de las autorizaciones de explotación cada diez años, asociadas a la introducción de mejoras en su seguridad, y el CSN tiene además establecido un procedimiento especial para los casos en los que la solicitud de renovación supera el tiempo denominado "vida de diseño" (cuarenta años), como ocurre en el caso de Garoña.
El CSN hizo público el 8 de junio de 2009 un informe sobre Garoña en el que se mostraba a favor de ampliar en diez años la licencia de funcionamiento de la central si cumple determinadas condiciones relacionadas con la seguridad. Dicho dictamen, sin embargo, no es vinculante para el Gobierno, que tendrá que decidir sobre el futuro de la Garoña antes del 5 de julio de 2009, fecha en que vence su permiso de explotación.

ALMARAZ
Situada en el municipio de Almaraz (Cáceres) y refrigerada con agua del pantano Arrocampo del río Tajo, consta de dos unidades, cada una con un reactor de agua ligera a presión (PWR) suministrado por Westinghouse. El primero entró en funcionamiento en 1981 y el segundo en 1983. Es propiedad de Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Unión Fenosa (11%). Almaraz I tiene una potencia instalada de 977 MW y Almaraz II, de 980. Durante 2008, la unidad I generó 7.474,44 millones de kWh, con un factor de carga de 87,09%; y la Unidad II, 8.614,99 millones de kWh, con un factor de carga del 100%. El 8 de junio de 2000, ambas unidades renovaron el permiso de explotación por diez años.

ASCO
Situada en el municipio tarraconense de Ascó, en la margen derecha del río Ebro, consta de dos unidades, cada una con un reactor PWR, de Westinghouse, y con una potencia inicial instalada de 930 MW, que, sin embargo, se ha conseguido elevar hasta los 1032,5 MW, en la unidad I y los 1.027,2, en la II. La unidad I de la central se acopló por primera vez a la red eléctrica el 13 de agosto de 1983, mientras que la unidad II lo hizo el 23 de octubre de 1985.

Ascó I pertenece a Endesa, mientras que la propiedad de Ascó II se reparte entre Endesa (85%) e Iberdrola (15%). Ambas unidades renovaron las autorizaciones de funcionamiento el 1 de octubre de 2001, por un periodo de diez años. En 2008, Ascó I generó 7.778,46 millones de kWh y Ascó II, 7.444,81 millones de kWh.

En noviembre de 2007 se produjo una fuga radiactiva en Ascó I, que no se notificó hasta abril de 2008 y que fue calificada de nivel 2 dentro de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares. Por este incidente, en mayo de 2009 el Ministerio de Industria le impuso una multa de 15,4 millones de euros, la más alta de la historia a una central española. En diciembre de 2008, Ascó II notificó un suceso que el CSN calificó al mes siguiente de nivel 1.

COFRENTES
Está situada en término municipal de Cofrentes (Valencia), en la margen derecha del río Júcar y muy cerca del embalse de Embarcaderos, que le sirve como fuente de refrigeración. Está equipada con un reactor de agua en ebullición del tipo BWR/6, diseñado por General Electric, con una potencia eléctrica de 1.092 MW (la potencia inicial era de 975 MW).

La autorización para su construcción fue concedida en 1975 y se conectó a la red en octubre de 1984. Opera con un permiso de explotación por diez años, que le fue renovado el 19 de marzo de 2001, y es propiedad exclusiva de Iberdrola.
En 2006, la central de Cofrentes alcanzó la máxima producción anual desde su entrada en funcionamiento, 9.218,72 millones de kilovatios hora, con un factor de carga del 96,37%. En 2008 generó 8.155,66 millones de kWh.

VANDELLOS I
Actualmente en proceso de desmantelamiento, Vandellós I es la única central española a la que se ha revocado el permiso de explotación como consecuencia de un accidente. Situada en el término municipal de Vandellós (Tarragona), a orillas del Mediterráneo, operó entre los años 1972 y 1989 con una potencia eléctrica de 480 MW y era la única central de grafito-uranio natural y refrigerada por gas (CO2).

El 19 de octubre de 1989 registró un incendio en la zona de turbinas, a raíz del cual, en 1990 fue clausurada. En 1990, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) puso en marcha un plan de tres fases para el desmantelamiento de la planta: una preparatoria, otra de acometida del desmantelamiento y preparación para la latencia y, la tercera, de desmantelamiento del reactor.

En la primera fase se realizaron trabajos de acondicionamiento y de extracción de residuos de alta actividad, que fueron enviados a Francia para ser reprocesados.

En 1998 comenzó el desmontaje y demolición de las instalaciones, tareas que concluyeron a mediados de 2003, quedando solo en la planta el reactor, protegido por un nuevo cajón de hormigón. Se inició entonces un periodo de latencia, de 25 años, cuya finalidad es que descienda la radiactividad, para poder acometer el desmantelamiento del reactor (fase tres).

El proceso de desmantelamiento conllevó una inversión de 94,6 millones de euros por parte de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa).
En la actual fase de latencia se vigila periódicamente la presión, la temperatura y la humedad del interior del reactor, y cada cinco años se realizará una prueba para comprobar el confinamiento del cajón y una inspección visual para determinar la posible corrosión de sus estructuras internas.

VANDELLOS II
Ubicada en la provincia de Tarragona, Vandellós II se puso en marcha en marzo de 1988. Consta de un sistema nuclear de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera a presión (PWR) suministrado por Westinghouse.
Tiene una potencia eléctrica instalada de 1.087,14 MW (la inicial era de 982 MW).

Durante el año 2001 fue la central nuclear que produjo mas energía eléctrica y alcanzó valores máximos anuales de energía eléctrica bruta (9.375,8 millones de kWh) y de factor de carga (98,94%). A lo largo del año 2008 generó 7.236,52 millones de kWh.

El 25 de agosto de 2004 se produjo una fuga de agua que motivó la parada del reactor. En marzo de 2005 se reprodujo el problema de fugas lo que obligó a adelantar la parada para recarga de combustible y llevó al CSN a recalificar el incidente de agosto, inicialmente evaluado de nivel 1, al nivel 2 de acuerdo con el INES. El CSN autorizó el arranque de Vandellos II el 12 de agosto de 2005, tras una parada que se prorrogó casi cinco meses.

El 2 de agosto de 2006, el Ministerio de Industria impuso una sanción a la central de 1,6 millones de euros, la mayor hasta entonces (aunque en 2009 fue superada por la de Ascó I) por tres faltas graves cometidas en 2004 en la gestión del suceso de corrosión detectado ese año en la nuclear. Vandellós II cuenta con un permiso de explotación por 10 años, que le fue renovado el 26 de julio de 2000. Pertenece a Endesa (72%) e Iberdrola (28%).

TRILLO
La Central Nuclear de Trillo está situada en el término municipal de Trillo (Guadalajara), en la margen derecha del río Tajo.
Fue la última de las centrales españolas en conectarse a la red, en mayo de 1988, y es la única que emplea tecnología alemana, un reactor de agua ligera a presión (PWR) suministrado por la empresa alemana SIEMENS-KWU. Actualmente cuenta con una potencia eléctrica instalada de 1.066 MW (la inicial era de 1.000).

Desde 2002 esta central cuenta con el primer almacén en seco de combustible gastado de España (denominado Almacén Temporal Individualizado, ATI), una instalación que se hizo necesaria al saturarse la piscina que hasta entonces acogía el combustible gastado de la planta (Trillo fue la primera central española en que se produjo dicha saturación).

Este Almacén Temporal Individualizado es un edificio de planta rectangular de 81 metros de largo por 22 de ancho, y con capacidad para almacenar 80 contenedores de combustible, cada uno de los cuales puede almacenar 21 elementos de combustible gastado. Trillo opera con un permiso de explotación que renovó el 17 de noviembre de 2004 por un período de diez años (hasta el 17 de noviembre de 2014).

La propiedad de esta central se reparte entre Unión Fenosa (34,5%), Iberdrola (48%), Hidrocantábrico (15,5%) y Nuclenor (2%).
En 2008 generó 8.271,82 millones de kWh, con un factor de carga del 88,34%.

ALMACEN DE RESIDUOS DE BAJA Y MEDIA INTENSIDAD -EL CABRIL-
Está situado en la cordobesa Sierra de Albarrana, en el término municipal de Hornachuelos y se puso en marcha en 1992. Su titular es la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), creada en 1984 para gestionar los residuos radiactivos. El almacén de El Cabril dispone de 28 celdas estancas de las que están llenas 16.

Desde el inicio de sus actividades, en enero de 1992, hasta el 31 de diciembre de 2008, la instalación recibió 28.218 metros cúbicos de residuos, lo que supone que se ha ocupado el 58,73% de su capacidad total de almacenamiento. En 2008 El Cabril comenzó a gestionar residuos de muy baja intensidad.

FABRICA DE COMBUSTIBLE NUCLEAR -JUZBADO-
La única fábrica de combustibles de uranio de España se encuentra en el término municipal de Juzbado (Salamanca), opera desde 1985 y pertenece a la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA).

Tiene una capacidad de producción de unas 300 toneladas de uranio al año y fabrica elementos combustibles para centrales nucleares españolas y extranjeras tanto de tipo PWR como BWR.

Dispone de tres líneas para la fabricación de combustible de óxido de uranio para centrales de agua a presión y de agua en ebullición, y una cuarta para fabricación de barras de combustible con óxido de gadolinio.

Durante el año 2008 ENUSA gestionó y suministró a las centrales nucleares españolas 172 toneladas de uranio de distintos grados de enriquecimiento.

Sucesos en las centrales nucleares
En España, el suceso mas grave en una instalación nuclear fue el registrado el 19 de octubre de 1989 en Vandellós I, cuando se declaró un incendio en el grupo turbo-alternador principal de la central, que produjo la rotura de las tuberías de aceite de lubricación de la turbina y una fuga de hidrógeno de refrigeración del alternador.

Esto ocurrió antes de que comenzara a utilizarse en España la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), en la que, según los expertos, habría alcanzado el nivel 3.

La escala INES es un instrumento establecido por el Organismo Internacional de Energía Atómica para explicar al público el significado que tienen para la seguridad los sucesos ocurridos en las centrales nucleares, y que clasifica los incidentes en siete niveles, según su repercusión dentro y fuera del emplazamiento de la planta y al funcionamiento de los sistemas de defensa en profundidad.

El significado de los niveles es el siguiente: 1 (anomalía), 2 (incidente), 3 (incidente importante), 4 (accidente sin riesgo significativo fuera del emplazamiento), 5 (accidente con riesgo fuera del emplazamiento), 6 (accidente importante) y 7 (accidente grave, como el ocurrido en la central de Chernóbil, en 1986).

En las centrales nucleares españolas, desde que comenzó a aplicarse la escala INES, el 1 de octubre de 1990, hasta enero de 2008 se han registrado 41 sucesos de nivel 1, y tres de nivel 2.

Los incidentes de "nivel 2" se registraron en la central de Trillo, el 31 de enero de 1992, en la de Vandellós II, el 25 de agosto de 2004, y en la de Ascó I, el 28 de noviembre de 2007. Todos ellos, fueron inicialmente evaluados como de nivel 1 y posteriormente reclasificados en el nivel 2.

El suceso de Trillo se produjo mientras la planta estaba en operación, al descubrirse un fallo en el sistema de refrigeración de emergencia.
En el caso de Vandellós II se detectó un problema de fuga de aguas en el sistema de refrigeración de la planta, que volvió a reproducirse en marzo de 2005. Por la gestión de este suceso, el 2 de agosto de 2006 el Ministerio de Industria impuso a Vandellós II una multa de 1,6 millones de euros, la más alta dada a una nuclear en España.

En cuanto al incidente registrado en las instalaciones de Ascó I -un escape de partículas radiacativas procedentes de la ventilación de la planta-, tuvo lugar el 26 de noviembre de 2007, aunque no se conoció hasta abril de 2008, a raíz de una denuncia de Greenpeace, lo que provocó alarma social y numerosas críticas.

Como consecuencia, el presidente de la central, Rafael Gasca, fue destituido, un grupo de expertos de la Comisión Europea realizó una visita de verificación, y se efectuaron 2.000 controles a personas que habían accedido a la zona protegida entre el 28 de noviembre y el 8 de mayo (entre ellas, escolares).

A mediados de mayo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reconoció que la actividad radiológica alcanzaba los 176 millones de bequerelios, una cifra 750 veces superior a lo notificado inicialmente por la central.

Y en junio de 2008, la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten compareció en el Congreso de los Diputados y anunció la apertura de un expediente sancionador a Ascó.

Durante el año 2007 el Consejo de Seguridad Nuclear recibió 93 sucesos notificables por parte de las centrales nucleares, todos ellos clasificados con "nivel 0" salvo el registrado en Ascó II en mayo de ese año, de "nivel 1".

También se comunicaron cinco sucesos en otras instalaciones nucleares distintas de las centrales nucleares (los cinco en la fábrica de combustible nuclear de Juzbado), cuatro clasificados de nivel cero y uno de nivel 1. El incidente de nivel 1 se registró en septiembre de 2007 y consistió en el hallazgo de material nuclear fuera de la zona controlada.

En instalaciones radiactivas y transporte se notificaron 30 incidentes. El más importante de ellos se produjo el 22 de octubre de 2007 en la delegación de la empresa SGS Tecnos de Zamudio (Vizcaya), cuando un trabajador sufrió una sobreexposición accidental, con superación de límites de dosis permitida, mientras realizaba operaciones de gammagrafía, debido al uso de un búnker de radiografiado en condiciones de seguridad deficientes.

Aunque estos casos no se rigen por la escala internacional de sucesos nucleares, si se aplicara una escala similar, este suceso estaría clasificado como nivel 3 (en una escala de cero a siete).

En 2008, según datos provisionales del Foro Nuclear, las centrales nucleares españolas en operación notificaron 72 sucesos, además de un suceso notificado por la fabrica de combustible de Juzbado y otro por la central José Cabrera, en proceso de desmantelamiento.
Del total de incidentes, uno fue calificado de nivel 2: la fuga de partículas en la central Nuclear de Ascó I, que aunque se produjo en noviembre de 2007 no se comunicó hasta abril de 2008.

Hubo también dos incidentes de nivel 1: uno ocurrido en Ascó I, en el mes de abril, cuando se detectó radiactividad en el pórtico de una empresa de reciclado al paso de un camión de transporte de material metálico reciclable; y otro en Ascó II, relacionado con la calibración de los caudalímetros, que fue notificado en diciembre.

Otro de los incidentes más llamativos de 2008 fue un incendio ocurrido el 24 de agosto en Vandellós, calificado de nivel 0, pero que provocó una prealerta de emergencia.

Sanciones económicas impuestas a las centrales
La multa de 15,4 millones de euros que el Ministerio de Industria impuso, en mayo de 2009, a Ascó I por la fuga radiactiva ocurrida en noviembre de 2007 es la sanción más dura aplicada a una nuclear en España, seguida de los 1,6 millones que tuvo que abonar el titular de Vandellós II en 2006.

Ascó I fue sancionada por la comisión de cuatro infracciones graves en relación con la liberación de partículas radiactivas, hecho notificado en abril de 2008.

En el caso de Vandellós, la multa se debió a la gestión del problema de corrosión en el sistema de aguas esenciales que se había detectado en agosto de 2004 y que mantuvo la planta parada 5 meses y medio al año siguiente.
En los últimos años varias centrales nucleares han recibido cuantiosas sanciones. Junto a la de Vandellós II, destaca la sanción económica aplicada a la central de Almaraz en la década de los noventa, la segunda más grave. Esta ascendió a 90 millones de pesetas (unos 540.000 euros) y se debió a un problema del sistema de alimentación de aguas esenciales. Almaraz también recibió en 1995 un sanción de dos millones de pesetas (12.000 euros) por un retraso en la declaración de Prealerta de Emergencia, durante una parada no programada ocurrida en 1993.

Vandellós I fue multada con 40 millones de pesetas (240.000 euros) por un grave accidente ocurrido en 1989 que motivó el cierre de la planta. Asimismo la planta de Trillo tuvo que afrontar multas de cinco y tres millones de pesetas (30.000 y 18.000 euros) por incidentes registrados en 1992.

En 1997, Vandellós II recibió una multa de 300.500 euros (50 millones de pesetas) y en mayo de 2006 fue cerrada definitivamente la central de Zorita, que en 2002 fue multada con 240.000 euros por permitir que se mantuviera en funcionamiento, pese a que los sistemas de aspersión de la cúpula del reactor no funcionaban adecuadamente.

En 1999 se modificó la Ley de Energía Nuclear, lo que permitió que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pudiera sustituir sanciones pecuniarias (multas) por apercibimientos (advertencias a los titulares en las que se les conmina a cumplir sus obligaciones).
En octubre de 2007, sin embargo, se aprobó una ley de reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (Ley 33/2007, de 7 de noviembre) que multiplicó por diez las multas a las nucleares por infracciones, pasando las de mayor gravedad de tres a treinta millones de euros.