La crisis del CNI y los últimos atentados de ETA

Los responsables de los atentados de Eta son, obviamente, los terroristas, como el causante de una pandemia de gripe es un virus o los culpables de los incendios son los accidentes naturales o los incendiarios.

Todo esto es evidente, y conviene dejarlo sentado.

Pero no nos hacemos un favor como sociedad si no analizamos el grado de eficacia política o social ante estos desastres, porque todos ellos causan estragos muchas veces irreparables.

En el caso de la gripe, los gobiernos (y hablo de cualquier gobierno, no sólo del actual) no han inoculado virus alguno. Pero pueden informar adecuadamente para la prevención de riesgos, pueden facilitar remedios curativos o paliativos, pueden proporcionar vacunas y pueden coordinar estrategias sanitarias para acotar al máximo la enfermedad.

Ante los incendios, los poderes públicos no queman los bosques. Pero pueden prevenir los incendios con labores de limpieza de matorral, pueden vigilar las quemas de rastrojos, pueden proporcionar medios materiales y humanos para la extinción y pueden coordinar a las distintas administraciones para que su actuación sea eficaz y rápida, para mejorar su nivel de prevención y alerta. E, incluso, pueden adoptar iniciativas punitivas ejemplarizantes e investigaciones solventes que atemoricen a los incendiarios.

Si actúan desde estos supuestos, los gobiernos habrán cumplido con su responsabilidad, aunque no la tengan en el origen de los problemas.

El caso del terrorismo no es diferente.

Los gobiernos no matan, pero tienen la sagrada misión de defender a la sociedad de los asesinatos. Cuando cumplen su misión, nos felicitamos, y cuando no tienen esa habilidad o esa fortuna, lo debemos lamentar. Y, en todo caso, nunca nos debemos callar avergonzadamente como si no se pudiera abordar el problema de la seguridad porque tratarlo sería “hacer un favor a los terroristas”.

Este principio es falso en una sociedad que se pretende democrática. Porque nadie discute la capacidad coercitiva de los gobiernos del Estado cuando imponen exacciones, impuestos o multas. Luego los gobiernos del Estado tampoco pueden escudarse en la impunidad cuando la sociedad que paga impuestos reclame eficacia a sus administradores.

La dificultad de luchar contra el terrorismo de una banda revolucionaria e independentista, acolchada en la cobertura ideológica del nacionalismo y promocionada con la educación correspondiente a esa ideología es evidente. Cualquier error de investigación, de información o de prevención puede ser aprovechado por los terroristas, máxime cuando siguen contando con refugios al otro lado de la frontera, donde la persecución es más difícil, por más que enarbole Francia su voluntad de cooperación.

La sofisticación de los medios terroristas es también cada día mayor, y su capacidad letal crece, por más que disminuyan sus efectivos humanos.

Pero nada de eso quita que se reclame de los gobiernos, con la máxima insistencia y sin autocensura, que cumplan con su misión de prevenir los ataques con sus aparatos de inteligencia, de perseguir a los culpables, de proponer leyes disuasorias en su máximo grado, de coordinar a las distintas policías y servicios de seguridad, de alentar iniciativas sociales y políticas de aislamiento de las tramas terroristas y de batallar desde la ideología y la educación para impedir a largo plazo que se mantenga el escándalo de falsificación histórica que ha alimentado el mantenimiento de sucesivas generaciones de terroristas. Y, por supuesto, no pueden jamás caer en la debilidad de alentar la esperanza de los terroristas por vías de diálogo o negociación, pues está absolutamente demostrado que esos procesos retrasan por décadas la lucha antiterrorista.

Los últimos atentados de Eta no han demostrado que haya más terroristas, ni que sean más poderosos. Pero sí que hay algunos terroristas que mantienen su capacidad mortífera. Y han demostrado que la seguridad personal o de las instalaciones ha sido vulnerada.

Es imprescindible saber en qué hemos fallado como sociedad, y en qué han fallado los responsables de nuestra administración. Y, aunque no es nada popular, algunas voces no callan, porque saben que el silencio que da tranquilidad moral a los gobiernos no incrementa su eficacia. Así lo ha hecho la Asociación Unificada de Guardias Civiles, al exigir más medidas de protección.

Hay un elemento que no se ha comentado, al menos que yo sepa: ¿Ha podido existir alguna relación entre el fallo preventivo ante la última ofensiva etarra y la crisis del Centro Nacional de Inteligencia de los pasados meses?

Además de los servicios de información de Guardia Civil, Policía y Ertzaintza, el CNI ha sido un organismo extraordinariamente importante en la lucha contra Eta. Así lo reconoció el Gobierno Zapatero en sus elogios al anterior jefe del Centro, Alberto Sainz, cuando éste comunicó su dimisión por los escándalos difundidos desde el propio CNI sobre sus actuaciones personales.

Esos escándalos fueron posteriores a una crisis interna que incluyó, y esto es lo relevante, la destitución de un jefe de la división antiterrorista y las renuncias de otros por solidaridad.

De esa forma, el CNI perdió efectivos, hasta un punto que es muy difícil de evaluar aquí, en la lucha contra Eta. Es posible que nada tenga esto que ver con las actuaciones últimas de Eta, pero también es obvio que una crisis en este delicado campo no ha debido favorecer demasiado la eficacia de nuestros agentes en los últimos meses.

Ahora, el CNI ha cambiado de manos, y seguro que su actual responsable, el general Sanz Roldán, habrá analizado la situación, e imagino que intentará recomponer la eficacia del Centro, si es que en algo se perdió. Lo que no es improbable, pues la crisis interna quedó bastante clara ante la opinión pública.

Urge, pues, restaurar una eficacia muchas veces demostrada por parte de nuestros servicios de Información. Porque ésa es la última línea de contención en una guerra que, si bien se debe librar en todos los frentes a medio y largo plazo, tiene aquí su trinchera fundamental, y no en las muestras de pesar unitario cuando la catástrofe ya se ha producido.