Las escuchas de Cospedal

Las tensiones entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Popular no dan señales de tomarse una tregua. Tras las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en las que aseguraba que la Fiscalía recurriría el auto que archiva la causa de Francisco Camps, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, no tardó en reaccionar acusando al Ejecutivo español, de perseguir a los miembros de su partido antes que a los terroristas de ETA.

Unas declaraciones que se mantendrían como un simple intercambio de despropósitos entre de la Vega y Cospedal, si no fuera porque esta última denunció que el gobierno lleva a cabo escuchas ilegales a personas vinculadas al PP que nada tienen que ver con los sumarios judiciales abiertos. La señora Cospedal acusa a los socialistas de nada menos que de instaurar un “Estado policial”, en donde la Fiscalía General, la Policía Judicial, el Ministerio de Interior y el Centro Nacional de Inteligencia, son utilizados para fines partidistas.

De ser cierto lo que asevera la secretaria General del PP, la gravedad de esta situación no tiene parangón: por primera vez en más de tres décadas de democracia, estaríamos ante un hecho que viola de manera flagrante la independencia institucional del Estado español y los derechos de sus ciudadanos.

De tener las pruebas que corroboren lo que Cospedal afirma, el Partido Popular tendría que denunciar ante la judicatura unos hechos, cuya trascendencia sería ocioso subrayar, para que se proceda a su investigación inmediata y exhaustiva. Sin embargo, esto no debe ser excusa para que el PP evada su responsabilidad ante los cabos sueltos del caso Gürtel, que tanta mella han hecho en la imagen del partido y tanto daño hacen a la higiene de la democracia española.

Ahora, deberían ser los jueces quienes depuren responsabilidades y aclaren, evitando cualquier sospecha de partidismo, la verdad de esta situación turbia y confusa que, paulatinamente, está sembrando la incertidumbre y el cansancio en el seno de la sociedad española, cada vez más desconfiada de sus líderes políticos.