Espionaje y democracia en España

El revuelo originado por la denuncia de María Dolores de Cospedal sobre las presuntas escuchas ilegales que se estarían realizando a destacados dirigentes populares abre un frente tan incierto como espinoso. Curiosamente, ha sido a raíz de la comparecencia pública de la secretaria general del PP cuando se ha reparado en este hecho, aunque en realidad los servicios jurídicos populares ya lo habían hecho constar en la denuncia que presentaron a finales del mes pasado en los juzgados de Plaza Castilla en Madrid, a propósito de las filtraciones en el sumario del caso “Gürtel”. La relevancia mediática del caso en cuestión -que, dicho sea de paso, ha tomado un giro jurídico muy distinto al juicio mediático previamente montado y sentenciado- ocultaba la denuncia de algo bastante más grave que el ya famoso cohecho impropio: la posibilidad de que un partido político esté siendo espiado por parte de instancias oficiales.

En democracia, hechos semejantes revisten una gravedad máxima. Los acontecimientos de los últimos meses demuestran bien a las claras que algo extraño sucede en torno al PP. El cúmulo de filtraciones -muchas de ellas falaces- del caso “Gürtel”, a cuyo rebufo han surgido toda clase de insidias contra personas vinculadas al Partido Popular, es tan extenso, tan bien medido, con tanta precisión dosificado, que rebasa los límites de la casualidad. Dicho sea, sin que esta afirmación se malinterprete como coartada para ocultar o desviar la atención de posibles delitos de corrupción que deben seguir siendo investigados por los tribunales y por los medios de comunicación. Desde hace algún tiempo se tienen fundadas sospechas en el seno del PP de que están siendo espiados. O eso afirman los populares con gran énfasis de convicción, asegurando que determinadas revelaciones puntuales así lo atestiguan. Por eso, han empleado la única defensa posible en democracia: acudir a los tribunales y hacer uso de su libertad de expresión para denunciar el presunto espionaje –se entiende que en la inteligencia que la calumnia, en este caso tan grave, es un delito penado por la ley y, con mayor severidad aún, por la opinión pública.

En todo este asunto, la indefensión que viene padeciendo el PP es intolerable en un Estado de Derecho. Si alguno de sus dirigentes ha incurrido en comportamientos irregulares, que pague por ello. Pero en los Tribunales. Y si su gestión política no ha sido la más adecuada en temas puntuales, los dirigentes del Partido Popular deben depurar responsabilidades, como hemos exigido repetidamente en estas páginas, y los votantes deberían penalizarlos en las urnas. Cosa bien distinta es que las conversaciones telefónicas entre sus dirigentes pierdan su imprescindible privacidad. O que el secreto de sumario sea una quimera cuando hay algún miembro del PP relacionado con el mismo. Y que escuchas y filtraciones se produzcan por un uso partidista de los medios y funcionarios del Estado, es un hecho cuya gravedad no hace falta subrayar. De ahí que la airada reacción socialista ante la denuncia popular resulte, cuando menos, sospechosa. Está en entredicho la credibilidad de las instituciones, y tanto Rubalcaba como De la Vega, mal que les pese, deben dar explicaciones. Por higiene democrática.