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Cuatro razones para no negociar con ETA y una para hacerlo con los etarras

José Varela Ortega
domingo 09 de agosto de 2009, 20:12h
El NO tiene mala prensa, sobre todo en una sociedad democrática y, lo por tanto, tolerante. Pero la tolerancia no es lo mismo que la incoherencia. Y, a los efectos que nos ocupan, la democracia pluralista es un mecanismo ideado para gestionar e integrar diferencias y contenciosos, que no un fogón de soluciones en marcha arrolladora hacia la armonía universal. Los antiguos inventaron la democracia como isonomia, un sistema de igualdad legal, que no una trituradora de repartos (isomoira) para dar solución a los problemas de desigualdad en la propiedad de la tierra, que era el mayor conflicto de la época. Pero una mecánica afinada para digerir discrepancias tiene, claro, sus exigencias y coherencias. Es incompatible con métodos violentos al servicio de itinerarios hegemónicos, cuya pretensión es precisamente la eliminación de la discrepancia. Los griegos tenían un antídoto contra tales comportamientos. El ostracismo exiliaba por una década a los sospechosos de querer romper violentamente la legalidad con aspiraciones hegemónicas. Los expulsaba de la polis, de la política democrática. Violencia, pues, NO. Por principio filosófico y por coherencia en el funcionamiento del mecanismo que nos hemos dado.

Por eso, desde los principios que gobiernan un sistema libre y democrático, es una falacia filosófica presentar el diálogo y la negociación como la solución de un problema de violencia política pro-activa. Porque equivale a admitir que la violencia puede ser la respuesta a una carencia. Pero, en esa relación de causalidad directa, como artículo de fe, entre “conflicto” (de soberanía) y violencia, está la trampa y el desliz lógico de la proposición. Simplemente, porque no es cierta. En democracia, no. La violencia no es aquí la consecuencia de un problema político previo. La violencia es la causa del problema, que no es lo mismo.

“Conflictos” y problemas de soberanía jalonan la historia de los sistemas representativos en el mundo occidental en los últimos dos siglos. Problemas de soberanía tienen en algún cantón suizo, donde todavía no admiten el voto de la mujer, sin por ello emprenderla a tiros. Han sido y son conflictivos pero el sistema los ha integrado. Y, sin ir más lejos, partidos secesionistas operan en otras partes de España pacífica y legalmente: un hecho que está en la base de la argumentación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo refrendando la marginación política y financiera del entramado etarra.

“El conflicto”, pues, no es el verdadero texto. La redefinición del sujeto de soberanía no es más que un pretexto, una coartada. Porque la violencia no llega aquí como reacción por opresión, sino como acción revolucionaria para la conquista del poder. Una simple comprobación estadística demostrará que la violencia no disminuyó con la llegada de la democracia y la amnistía, ni tampoco con la autonomía. Se incrementó exponencialmente. Concluyamos, pues, que la autonomía, ayer, la autodeterminación, hoy, la secesión, mañana, son etapas. Estaciones en un “proceso, vigilado”; léase una táctica que administra, alternativamente, cataplasmas de tregua con dosis de violencia. Un proceso que pide soberanía pero cuyo objetivo estratégico es el poder. El poder totalitario para los eusko-nazis, se entiende. “Haika”, una organización juvenil de ETA, lo expresó claramente hace años: “primero, nosotros, el PNV y el PSOE contra el PP; luego, nosotros y el PNV contra el PSOE; por fin, nosotros contra el PNV”.

La primera pregunta, pues, que deben hacerse los piadosos mediadores, como monseñor Uriarte, antes de “catalizar” diálogo alguno, es determinar de qué hablamos: ¿del pretexto y sujeto de soberanía, o bien del verdadero objetivo estratégico de poder?. Y, efectivamente, si son honestos, para empezar a hablar –nunca mejor dicho- deberán comenzar por desmontar la falacia “conflicto (de soberanía), ergo, violencia”: una trampa que apuntala, cuando no justifica, filosófica, ya que no moralmente, la violencia. De este modo, la 1ª razón para no negociar es que el pretendido objeto de la negociación (la soberanía) no coincide con el objetivo estratégico de una de las partes que es el poder totalitario. Un objetivo de poder absoluto incompatible con un sistema de democracia pluralista porque, por definición, supone su destrucción -ya sea dentro o fuera de los estados español o francés

El 2ª razón para no negociar –y la más relevante- se encuentra en uno de los sujetos negociadores. En un extremo de la mesa estarían los militares etarras que no tienen problemas de representación porque su mandato negociador descansa en su propia fuerza militar. Se representan a si mismos, pues. Pero los funcionarios del Estado, de cualquier estado y gobierno democráticos, si que lo tienen. Observemos que monar-quía y oligar-quía se declinan con el sufijo de poder (arché), que nos remite a una forma de “ejercitar el poder”; mientras la demo-cracia cambia significativamente el verbo a kratein, que significa el “ejercicio de la soberanía” del demos. En nuestro sistema, ejercemos esa soberanía a través de una representación. Pero sólo para ciertas cosas. Precisamente, en el caso que nos ocupa, nuestros representantes carecen de representación. Aún en la hipótesis, casi inverosímil, de solventarse la imprescindible revisión constitucional, no tendrían mandato –ni lo pueden tener- para recibir lo que los etarras les ofrecen. La libertad y la vida amenazada de cada uno de los ciudadanos -que es lo que ETA ofrece restituir, a cambio de esta o aquella etapa de soberanía- no la llevan los representantes de este ni de ningún gobierno en la cartera de negociación. Ni pueden hacerlo. Nunca. Por principio. Sencillamente, porque son derechos fundamentales: individuales, intransferibles e indelegables. Derechos ilegislables, que son antes y están por encima del Parlamento -un principio fundamental de filosofía política que enfrentó a los padres fundadores, y primeros demócratas también, con Wetsminster, en relación a la negativa de los americanos a que la Cámara británica legislara sobre el derecho a la libertad religiosa. Por las mismas razones, también la vida y la libertad individuales son ilegislables. Les droits de l’Homme et du Citoyen se proclaman (el verbo es roussoniano) como déclaration, que no legislación. Son derechos pre-constitucionales –como afirmaban conmovedoramente los viejos republicanos españoles. Son irrenunciables y no están sometidos a votación ni pueden, por tanto, suprimirse o derogarse. Y esto no es “paja”: es la clave de la libertad y la alternancia, como le recordó Brüning al todavía cardenal Pacelli, cuando éste le pidió, como jefe del partido católico del Zentrum que era, que votara las leyes especiales, propuestas por Hitler en marzo de 1933.

Sería reconfortante que los políticos españoles, de todos los partidos, recordaran, modestamente por una vez, a su hipotética contraparte etarra –y a los seráficos intermediarios de este universo mundo- que, entre las muchas, quizá demasiadas, potestades que, en una democracia representativa, los ciudadanos hemos delegado en nuestros representantes en el acto de su elección, la vida y la libertad de cada uno de nosotros no van en la papeleta de voto. En suma, no pueden, pues, recibirlas a cambio de nada. Entre otras cosas, porque, de hacerlo, dejarían de ser derechos para convertirse en concesiones temporales, a merced de cualesquiera pistoleros, negociadores de no importa que contencioso.

Y he aquí la 3ª razón para no negociar. Si en este pleito abonamos un precio –lo de menos es cuál y cuánto- y demostramos que la violencia “paga”, ¿cuánto tardará este simio imitativo en utilizar tan sangrienta ganzúa para otros “conflictos”? Nuestra democracia se basa en integrar conflictos, expulsando para ello la violencia. Si le damos la vuelta al mecanismo e integramos la violencia en el sistema, convirtiéndola en moneda política de curso legítimo para resolver contenciosos, penetraremos en un averno hobbesiano insoportable. Una película de terror de los años treinta que ya hemos visto, sabemos que termina mal y no queremos entrar en la segunda sesión.

La 4ª razón para no negociar es el corolario inverso de la anterior. Si entendemos que la remuneración estimula la violencia para este y para otros pleitos, convendremos que, argumentando desde intereses democráticos, conviene penalizarla. De modo tal que, en lugar de sumar, la violencia reste. ¿No dicen que igual que en Irlanda? Pues tomémosles la palabra. Disciplina inglesa: a más violencia, menos autogobierno. Los liberales del ochocientos, que eran políticamente incorrectos, lo tenían claro. El auto-gobierno daba derechos en la misma medida que imponía responsabilidades. Los pueblos incapaces de observar disciplina económica e imponer el orden público, demostraban con ello su incapacidad para el auto-gobierno. Eran “pueblos infantiles”, aseguraba lord Salisbury.

Y la 5ª razón para no negociar nos la prestan los propios etarras dándole la vuelta a su propio razonamiento. Para negociar –nos dicen- hay que “poner muertos sobre la mesa”. Pues bien, hagamos lo contrario. Ya que, desgraciadamente, no siempre podemos evitar los muertos, quitémosles “la mesa”. Y devolvamos los muertos a los cementerios para que descansen en el recuerdo doloroso de casi todos. Afirmar que la muerte no tiene precio no es sólo una proposición moral. Es también una propuesta política ponderada y acertada: el camino imprescindible para terminar con la violencia. Retiremos, pues, la mesa y las apuestas para siempre. Y evitemos que la negociación ponga un precio políticamente inasumible a lo que siempre será una tragedia irreparable.

¿Es eso todo? Claro está que no. Hay mucho que hacer, muchas acciones complementarias que emprender: informativas, policiales, judiciales, económicas e internacionales. Y en todos los frentes se ha progresado mucho. Para empezar, se les han cortado las subvenciones públicas, al desmontar legalmente gran parte del tinglado político de ETA. En palabras más descarnadas, se ha logrado evitar que los asesinos se financien con nuestros impuestos; esto es, con el dinero de las víctimas, pasadas o futuras. A todos se nos alcanza la importancia de que los terroristas euko-nazis vean sus fondos severamente mermados. ¿Pero estamos seguros que nos conviene asfixiarles? ¿Nos interesan angustiados y acosados o desesperados? Debemos pensárnoslo porque no es lo mismo. ¿No deberíamos quizá inspirarnos en la política de los Aliados para con el general Franco, quienes primero dejaron al Caudillo casi sin petróleo, para luego dosificárselo en relación inversamente proporcional a sus entusiasmos por el Eje nazi-fascista?

Y aquí llegamos a la única razón para negociar, no con ETA, pero si con los etarras. Tienen razón los del PNV, que los entienden porque hasta los comprenden. Eso de entregar las armas y sanseacabó es una de esas tonterías que “alguien dijo alguna vez y todo el mundo repite desde entonces”, que diría el barón de Montesquieu. Porque las armas, lo mismo que se entregan, se vuelven a adquirir. Así pues, naturalmente que hay que hablar. Y negociar también. Pero individualmente. De uno en uno y por su orden. Cuando estén a dos velas y angustiados, pero no desesperados, hay que ir comprando su retirada. Caso por caso. Generosamente. A cambio de nada. Basta con que dejen el negocio de la muerte. Es duro y es injusto. Pero es efectivo. Como todo totalitarismo utópico, resistirán mal el contraste con la realidad. Y las deserciones subvencionadas serán un golpe quizá irrecuperable para el mito del gudari implacable pero heroico. Empezarán como un goteo y terminarán en cascada. A la postre, las cuatro monedas han sido el destino frecuente y prosaico de mucho mesiánico sangriento. El asesinato político es un oficio con un perfil económico inelástico, difícilmente homologable. La retirada no es sencilla. Hay que facilitársela, garantizándoles además una suerte de programa de protección de criminales, para que no acaben como Yoyes o Pertur. Son pocos. Todos viven en un mundo cerrado y extraño, alucinante y alucinado. Pero sólo algunos son psicópatas adictos a la sangre. La mayoría –tiene razón Rubalcaba- se sienten rodeados, están asustados y no saben cómo salir. Hay que acosarles con propósito y destino. Hay que ojearles, taponándoles todas las ratoneras políticas imposibles para que, desde el desánimo y el desaliento, vayamos conduciéndoles hasta la única salida posible, para nosotros y para ellos: el desistimiento individual, subvencionado y protegido.

José Varela Ortega

Editor de EL IMPARCIAL

José Varela Ortega es editor de EL IMPARCIAL e historiador

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