Una innecesaria prueba de acidez

Unas horas después que los investigadores de la Corte Suprema de Justicia, encontraban más de mil millones de pesos en la casa allanada de un senador de la coalición del gobierno de Álvaro Uribe, el Senado apuraba la votación que aprobaba el referendo que le permitiría a Uribe aspirar a una segunda reelección presidencial inmediata.

El allanamiento se había producido como consecuencia de una investigación emprendida por la Corte Suprema de Justicia, a raíz de que el ex Superintendente de Notariado y Registro, reconociera ante las autoridades judiciales que el gobierno había entregado notarías a Congresistas, a cambio de su voto aprobatorio a los proyectos que el gobierno presentaba a consideración del Congreso, entre ellos la aprobación de la reelección presidencial. El hecho no era nuevo. Los colombianos ya habían visto como meses antes, la propia Corte Suprema había condenado a prisión a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, por el delito de cohecho surgido de la recepción de favores a cambio del voto aprobatorio para la primera reelección presidencial de Uribe.

En verdad, el trámite de aprobación del referendo para la segunda reelección, ha estado sometido a todo tipo de irregularidades. Desde los problemas observados en la pregunta formulada a los ciudadanos para aprobar el cambio constitucional, hasta las denuncias de ofrecimientos de prebendas y favores a los congresistas (pasando por las dificultades relacionadas con la violación a los topes de financiación para la recolección de las firmas o con el origen dudoso de los dineros reportados los organizadores de la iniciativa), la aprobación del referendo ha estado en el ojo del huracán. Hasta el propio Jefe del Partido Cambio Radical, Germán Vargas, hasta hace unos días clave en la coalición gubernamental, ha reconocido que el Gobierno ha presionado a sus congresistas para votar el referendo.

Pese a la popularidad del Presidente Uribe, no han sido pocos los sectores políticos, económicos y sociales (incluyendo a la propia Iglesia) que se han expresado en contra de la reelección inmediata de Uribe. O más precisamente, se han pronunciado en contra del cambio en las reglas del juego político y constitucional, para favorecer a una persona en particular, en este caso el Presidente Uribe. Incluso en las encuestas, el apoyo a Uribe baja sustancialmente cuando se trata de la reelección presidencial.

Si bien es cierto que el gobierno Uribe ha tenido políticas exitosas que han llevado a que Colombia se convierta en un país más seguro y en una de las economías más estables y prometedoras de América Latina, también lo es que todavía hay hechos que están por explicar. Los seguimientos y las interceptaciones ilegales por parte de los organismos de inteligencia del Estado a jueces, periodistas, políticos de la oposición, o los asesinatos de personas que, sin serlo, eran presentadas por el ejercito como guerrilleros o paramilitares “dados de baja en combate” (que según las investigaciones de la Fiscalía ya alcanzan las 1500 víctimas), son lunares que junto a los sistemas de favores entre el gobierno y sus congresistas, oscurecen la gestión gubernamental de Uribe.

A corto plazo hay que decir, que la votación del Senado no asegura el paso del referendo. Todavía queda la votación en la Cámara de Representantes, en la que sigue pensado la investigación de la Corte Suprema a 86 de sus miembros por haber votado irregularmente esa iniciativa.

Pero en el mediano y largo plazo hay que decir, que Colombia cuenta con una solidez institucional que ha resistido las más duras pruebas y con una dirigencia política competente y bien calificada. Eso permite pensar que después de Uribe, también hay alternativas políticas que no sólo pueden continuar con sus políticas exitosas, sino que además pueden dar un segundo aire a otras buenas iniciativas que no pudieron despegar. Son demasiados los argumentos políticos y jurídicos para afirmar que Colombia no debería someterse al desgaste de cambiar las reglas para terminar descubriendo que la perpetuación de las personas en el poder, siempre debilita las instituciones democráticas. Es una prueba de acidez, por la que no es necesario pasar.