Ley mordaza para la prensa

Los Kirchner no dan respiro. Hace muy pocos días, tras comparar el “secuestro de goles” en manos de un grupo multimedios con la desaparición de miles de personas durante el último régimen militar, la presidenta anunció el acuerdo del gobierno con la Asociación del Fútbol Argentino para estatizar la transmisión televisiva de los partidos (decisión que le costará al erario público más de 600 millones de pesos al año).

Ahora, la presidenta acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley de servicios audiovisuales que viene a confirmar que el periodismo constituye para este gobierno, como escribió Joaquín Morales Solá, una “presencia maldita... salvo que difunda lo que el poder necesita que se difunda”.

El proyecto propone reducir drásticamente (de veinticuatro a diez) el número de licencias de televisión abierta y radio que pueden pertenecer a un mismo adjudicatario. Además, impide que un operador de cable pueda ser simultáneamente dueño de un canal de aire, otorga al Estado un tercio del espacio radioeléctrico (restringiendo por tanto la presencia de la industria audiovisual privada) y establece que cada dos años los canales de televisión y las radios deberán someter sus licencias a una revisión del Poder Ejecutivo.

Al presentar el proyecto, la presidenta afirmó: “La libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión”. En rigor, muchos nos preguntamos por qué esta preocupación no embargaba al gobierno mientras contaba con el favoritismo de algunos medios. Más bien, el propósito que parece esconderse detrás del proyecto, animado por un espíritu revanchista, es callar a la prensa opositora y hacerlo expeditivamente, es decir, antes del recambio legislativo de diciembre. No caben dudas, pues, de que al gobierno poco le importa la opinión mayoritaria (la que lo castigó en los comicios de junio) ni siquiera a la hora de tratar una ley fundamental como ésta.

Un gobierno que presume de ser democrático debería saber que la libertad de expresión es un principio correlativo al de la soberanía del pueblo. Asimismo, debería saber que entre libertad de expresión y censura no caben medias tintas y que, como decía Tocqueville, todo intento de silenciar la opinión independiente a efectos de limitar sus posibles abusos nos termina encontrando bajo los pies de un déspota.

Se habla de la inspiración chavista de este proyecto. ¿Adónde quieren llevarnos?