La violencia opaca el informe de gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón

El asesinato de 17 personas en Ciudad Juárez eclipsó hoy el inicio de la segunda mitad de mandato del presidente de México, Felipe Calderón, que en su informe de gestión apeló a la unidad política para enderezar el rumbo de un país vapuleado por la violencia, la corrupción y la crisis económica.

A la misma hora que las cadenas de televisión retransmitían el mensaje que el mandatario había dado por la mañana en un pomposo acto en Palacio Nacional, era difundida la noticia del asesinato múltiple en un centro de rehabilitación para drogadictos de Ciudad Juárez, en el norte del país.

Un grupo de hombres armados llegó al recinto y abrió fuego en uno de los pasillos del albergue, que acoge a más de 50 pacientes. Además de los fallecidos, las balas dejaron cinco heridos graves, que fueron atendidos por las ambulancias de la Cruz Roja llegadas al lugar con escolta de soldados y policías federales.

Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso (Estados Unidos), es la urbe más violenta de México con 1.600 asesinatos de los 6.000 cometidos el año pasado en todo el país. Desde enero las muertes suman más de 1.400 en esa localidad, a pesar del despliegue de 8.000 militares y policías federales.

Calderón, que ha convertido la lucha contra los cárteles de droga en un puntal de su gestión, había hecho horas antes en el Palacio Nacional un llamado a una "gran alianza" política para "cambiar a fondo" el país, en un acto que traslució el divorcio entre el Ejecutivo y Legislativo, controlado por la oposición.

Por segundo año consecutivo, Calderón no pudo leer el informe en el Congreso, en cumplimento de una reforma legal aprobada en 2008, y tuvo que enviarlo la víspera por mediación de uno de sus ministros.

"Las cosas no pueden seguir igual" y "los ciudadanos no están satisfechos con la actuación política" fueron algunas de las arengas lanzadas por Calderón en su discurso.

El crimen de Ciudad Juárez no fue el único suceso sangriento de la jornada, pues en Morelia, capital del estado occidental de Michoacán, un grupo de sicarios mató a tiros al subsecretario de Seguridad Pública estatal, José Manuel Revueltas, a dos de sus escoltas y a un civil.

Michoacán, estado del que es originario Calderón, es controlado por el grupo criminal La Familia Michoacana, enfrentado a Los Zetas, brazo armado del cartel del Golfo.

La infiltración del narcotráfico en la vida michoacana quedó patente en mayo pasado con la detención de una decena de alcaldes.

También con la orden de aprehensión dictada después contra un diputado electo acusado de tener nexos con La Familia y que es hermanastro del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que hoy no acudió al Palacio Nacional como hicieron la mayoría de sus homólogos de los 32 estados del país.

Por razones parecidas eran detenidos este miércoles el secretario de Seguridad Pública, el delegado y el subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), en Quintana, Roo, en el sureste mexicano.

Horas antes, la PGR había informado del encarcelamiento de tres ex agentes de la fiscalía antidrogas y nueve militares en una prisión del estado sureño de Guerrero para ser procesados por vínculos con narcotraficantes.

Consciente de su corresponsabilidad en el asunto por ser el principal consumidor de drogas del mundo, Estados Unidos daba muestras hoy, por su lado, de su solidaridad ante la situación que vive México, con la presencia de dos altos funcionarios en el país.

El secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcotráfico y Procuración de Justicia, David Johnson, concluía una visita a Ciudad de México con el compromiso de abrir en diciembre próximo una oficina de seguimiento de la Iniciativa Mérida en la capital mexicana.

La Iniciativa Mérida es un programa de ayuda antidroga de 1.400 millones de dólares en tres años para México y Centroamérica.

Mientras, en Monterrey, en el norte del país, el zar antidrogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, se reunía con las autoridades locales en compañía del embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, que anunciaba un programa de rastreo de armas para los dos países denominado "E-Trace", pero la violencia no cesa en México.