Berlusconi pretende una ley mordaza

En los últimos días, el primer ministro italiano ha emprendido una cruzada contra la prensa italiana e internacional, querellándose contra al diario La Repubblica, L’Unità y varios periódicos extranjeros por “difamación” respeto a sus andanzas sexuales y criticas a su gestión política. Además, el cavaliere pide que la Magistratura italiana impida el acceso a las noticias que las páginas Web publican sobre su vida y que él considera “ofensivas”.

La batalla personal en contra de los medios de comunicación representa un acto de intimidación muy grave y un intento manifiesto de ejercer una censura preventiva. La decisión de llevar a los periódicos frente a un tribunal civil por formular “preguntas incómodas” o publicar fotos “no gratas” representa una novedad lamentable para un país democrático y libre o que, al menos, anhela serlo. Pese a que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; [y que] este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión », Berlusconi parece pretender el diseño de una dictadura “pasiva y silenciosa”, despreciando las reglas civiles y convirtiendo Italia en una anomalía entre las democracias occidentales. Su acción judicial representa un intento de silenciar las voces contrarias, un ataque a la libertad de información y un intento de vaciar la realidad de contenido borrando la distinción entre apariencia y sustancia, con el deseo de convertir la información en un “cuento mediático de sus gestas”, adulándole en una retórica mitológica mentirosa y megalómana.

Todo esto podría considerarse ridículo si no fuera trágico para Italia, un país donde el Parlamento ya está en sus manos y la oposición es un poltergeists, ausente y evanescente. Por eso, la prensa, informando a la ciudadanía y animando el espíritu crítico, parece representar el único obstáculo frente a su diseño político-criminal. De este modo, el Presidente parece pensar que no le queda otro remedio que silenciarla o, al menos, atemorizarla. Pero los medios tienen el deber de informar, divulgar cualquier tipo de noticia, grata o no al gobierno. No se puede pedir a los medios que omitan el informar sobre la vida privada-pública del primer magistrado o que sea aséptica.

La libertad de prensa y de expresión representa una de las características fundamentales de una democracia: limitarla y criticarla es un atentado en contra de ello. Cabe esperar que el Tribunal Constitucional no permita a Berlusconi este nuevo despropósito jurídico que atenta contra nuestras libertades. Finalmente, resulta absurdo que el presidente del Gobierno quiera otorgarse la facultad de dictaminar qué se puede publicar y qué no. En este caso, se trataría de una censura ilógica, intolerante e intolerable. En una democracia, los medios de comunicación deben explicar la realidad y contar la verdad con entera libertad y a su modo que, en una sociedad europea, culta, rica y plural como la italiana, siempre será diverso y complejo. El Presidente del Consejo, como cualquier ciudadano italiano, tiene todo el derecho de acudir a los tribunales para defender su honor, fama y buen nombre. Lo que no puede hacer es amordazar la opinión: contra eso también hay leyes, en Italia y en Europa. Afortunadamente.