Vandalismo en España: por una educación responsable

Los sucesos del pasado fin de semana en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde un nutrido grupo de jóvenes provocó todo tipo de destrozos con total impunidad, son la prueba evidente de un problema que viene ya de lejos. Efectivamente, el actual sistema educativo incide machaconamente en el disfrute de derechos, pero poco o nada habla de los deberes inherentes a los mismos. Derechos sí, obligaciones no. Al mismo tiempo, la labor educativa de los docentes españoles lleva años socavándose, toda vez que principios como la responsabilidad, la autoridad y la disciplina son conceptos considerados caducos por una doctrina educativa supuestamente progresista. A un niño conflictivo no se le puede expulsar del colegio donde ha agredido a profesores y alumnos, ni puede repetir curso si es un mal estudiante. Y pobre del docente que se atreva a llamarle la atención.

De esos polvos vienen ahora estos lodos. Agravados, como ha señalado la totalidad de sindicatos policiales, con ese auténtico despropósito que es la Ley del Menor. Los jóvenes que no han alcanzado la mayoría de edad se saben impunes, actuando en consecuencia. Uno de sus máximos responsables -en toda su extensión-, el mediático Javier Urra, no se cansa de repetir que endurecer el texto legislativo en cuestión no serviría de nada, posicionándose en contra de “medidas represivas”. La clave, precisamente, está en el problema de base, la educación, y su plasmación legal, la Ley del Menor. Ambas son consecuencia de un enfoque pseudo-progresista y desenfocado, que confunde libertad con abuso y equipara autoridad con represión. Por descontado que el primer paso ha de darse en el seno doméstico, punto de arranque de la educación de cada niño, pero no basta. Es competencia de los poderes públicos articular soluciones para que la autoridad regrese a las aulas y con ello a la sociedad. También lo es legislar de manera responsable, sin leyes que prácticamente inciten a delinquir. Tan es así que un informe policial alerta sobre el reclutamiento que las bandas de delincuencia organizada están haciendo de menores para que sean ellos quienes incurran en determinados ilícitos penales, sabedores de la lenidad con que serán juzgados. Por cierto, con la actual Ley del Menor, los responsables de herir gravemente a dos policías y de diversa consideración a otros ocho saldarán su deuda con unos cuantos días en un centro abierto. Toda una invitación a repetir sus “hazañas”.