Ley de medios: una aclaración

Quiero hacerme eco de alguna de las críticas que recibí a propósito de la columna titulada “Ley mordaza para la prensa” que, por lo visto, causó cierta irritación. De seguro es mía la culpa por no haberme expresado con la suficiente precisión, toda vez que mis palabras apuntaban principalmente a cuestionar la oportunidad del proyecto enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que, por añadidura, pone potencialmente en riesgo la libertad de expresión.

Quienquiera haya frecuentado estas columnas sabrá con qué insistencia suelo pronunciarme contra las hegemonías de toda índole desde fundamentos que son propios de la democracia liberal o pluralista. La máxima de que quien tiene poder tiende a abusar del poder (Montesquieu) me parece tan universalmente válida que mal podría yo discutir una iniciativa tendiente a evitar la concentración de los medios de prensa. Sin embargo, el proyecto de marras lleva a pensar que detrás de él se esconden otros fines que van más allá del rechazo a los monopolios informativos o la reforma de una ley sancionada en 1980, durante el último régimen militar, aunque parcialmente modificada con posterioridad.

Si el propósito fuese sólo evitar la formación de grandes grupos multimedios, ¿por qué el proyecto autoriza el ingreso de las telefónicas en el negocio del cable posibilitando así una mayor concentración dado que una misma compañía podrá brindar servicios de Internet, telefonía y televisión? ¿Por qué, además, los que esgrimen hoy el argumento contra los monopolios son los mismos que, durante la presidencia de Néstor Kirchner, ayudaron a fortalecerlos?

Estos y otros interrogantes se debaten acaloradamente en el Congreso. Veremos cuál es el desenlace. Mientras tanto, las sospechas no se disipan y no sería la primera vez en la historia que los designios reales de los actores se disfrazan de retórica, buenas intenciones o, lo que es peor, de ideología.