"Terrorismo agrario" contra los emigrantes españoles en Venezuela

La guerra de Hugo Chávez contra la propiedad privada está usurpando el fruto del trabajo de más de 200 familias de emigrantes españolas, la mayoría gallegas y canarias. Se han visto afectadas por la reforma agraria chavista que permite “al pueblo” ocupar las tierras abandonadas. La campaña contra “el latifundio” que promueve el presidente, y avala la Ley de Tierras, no es otra cosa que “terrorismo agrario”, denuncia una de las afectadas con las que ha contactado EL IMPARCIAL que quiere guardar su anonimato por miedo a represalias.

Estas familias llevan más de medio siglo en el país, han trabajado duro para tener lo que tienen, se han integrado perfectamente en la sociedad y nunca, hasta ahora, se habían planteado volver a la Patria de sus padres y abuelos. Desde hace cinco años viven acosados por los círculos bolivarianos, fuerzas paramilitares sin rango legal coordinadas desde el poder. Tras las amenazas, la invasión de tierras y el robo de maquinaria, ganado y cosechas.

Los que han intentado defender lo que es suyo han sido agredidos. No son escasos los secuestros, unos 40, las violaciones e, incluso, los asesinatos.

Denunciarlos no sirve de nada. La Policía no cursa los trámites pues sabe que los autores de estos ataques son partidarios de la política gubernamental y han sido alentados por las propias instituciones. Pero, hay más, algunos propietarios han sido expulsados de sus tierras a punta de pistola por parte de la Guardia Nacional.

Además, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) tramita, tras recibir una simple declaración sobre el supuesto estado de abandono las tierras, los permisos pertinentes para ocuparlas. “Se te presentan un día con una carta del INTI y con una simple solicitud de permanencia y te echan de tu casa”, afirman las víctimas de la política agraria chavista.



Para colmo, el estado del campo no mejora. Se está produciendo una “chabolización” de las tierras y una drástica caída de la producción agrícola, explica a este periódico, Xavier Reyes, director académico de RANGEL (Redes para la Acción de Nuevos Grupos de Estudios Latinoamericanos).

El odio a los españoles
Los agricultores y ganaderos extorsionados poseen dos características que no gustan a Chávez: son propietarios y españoles, o descendientes. Así, a pesar de que su finca tenga poco más de 100 hectáreas, les llama oligarcas, señores feudales, terratenientes… El rico, comenta Reyes, no forma parte del “pueblo” de Chávez. El rico fue definido por el dirigente comunista como un “animal con forma humana”.

Por otra parte, desde su llegada al poder, el presidente venezolano ha alentado el odio hacia los españoles por ser los herederos de los colonizadores. Este odio forma parte de su discurso antiimperialista e indigenista. Salió a la luz con el derribo de la estatua de Cristóbal Colón en Caracas el 12 de octubre de 2004, día declarado por él como el de la Resistencia Indígena.

De esta manera, Chávez promueve un enfrentamiento social y los invasores de ahora acuden a la “reconquista” de las tierras de los descendientes de los colonizadores.



El desamparo del Gobierno
Las autoridades diplomáticas españolas tienen conocimiento de estas agresiones a sus compatriotas. El ministro ha sido preguntado una docena de veces en el Senado y José Luis Rodríguez Zapatero fue informado personalmente por una víctima de esta extorsión que consiguió en 2005 saltar los controles de seguridad para entregarle un dossier completo.

Sin embargo, denuncian los afectados, poco han hecho desde el Gobierno de España por resolver esta problemática. En un principio se constituyó una comisión mixta integrada por autoridades españolas y venezolanas. Ningún representante de los propietarios estaba invitado a participar.

Se acordó una indemnización escasa para una decena de agricultores y poco más. Los demás, según indica a EL IMPARCIAL la comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Elsa Casas, que ha viajado recientemente a conocer de cerca la realidad del problema, se encuentran desde hace años en un situación de “inseguridad y absoluta indefinición”. La ley agraria dicta que la ocupación de tierras debe de ir acompañada por la expropiación formal y su correspondiente indemnización, o bien, lo usurpado tiene que ser devuelto. Llevan años a la espera de ver resuelto su recurso. Mientras, sus tierras siguen ocupadas.

Este verano los agricultores consiguieron por fin reunirse con Moratinos durante su visita oficial a Venezuela. Le pidieron que tomara las riendas del asunto y el ministro de Exteriores promovió la constitución de una nueva comisión mixta, ésta permanente y con reuniones quincenales. El director de RANGEL, Xavier Reyes, considera que, de momento, la comisión está inoperante. A su parecer, el desinterés del Gobierno por las víctimas responde a los pocos votantes que posee el partido socialista en Venezuela.

Sin embargo, según la comisionada canaria, el Gobierno venezolano está colaborando con el español en solucionar cuanto antes este “escollo” en sus relaciones diplomáticas. “Se puede resolver este conflicto aunque -ha reconocido a este periódico- la solución no guste del todo a los propietarios”, ha declarado.

Para el senador popular Dionisio García Carnero, que lleva años siguiendo este problema, el Gobierno no ha querido tomar las medidas necesarias para acabar de una vez por todas con esta situación. Es la primera vez, asegura, que un ministro se niega públicamente a cumplir lo aprobado en la Cámara. Se trata de una iniciativa popular que busca plantear una queja formal contra el Gobierno de Chávez, una denuncia ante los tribunales internacionales y ofrecía apoyo jurídico y económico a los afectados. “El Gobierno ha consentido con tal de no molestar a Chávez. No quiere enemistarse con él.” , concluye.