Colombia: La Bienvenida al Estado de Opinión.

Colombia acaba de firmar su retirada del Estado de Derecho para inscribirse en el Estado de Opinión, el cuál puede resumirse como la suplantación de los controles institucionales y las reglas de funcionamiento democrático, por el imperio de las encuestas de opinión y las alocuciones mediáticas.

Pero a pesar de parecer un asunto complejo, la reciente situación puede describirse en siete puntos de una forma sencilla y clara para los lectores:

1. El gobierno colombiano está encabezado desde el 2002 por Álvaro Uribe Vélez, presidente de la república, quién no pertenece a ningún partido político pero está respaldado por una coalición de 10.

2. Durante el período presidencial un 60% de su bancada parlamentaria ha tenido procesos judiciales por vínculos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Es decir, un 35% del Congreso de la República de Colombia ha legislado con vínculos criminales y un 80% de los partidos políticos que lo componen tienen al menos uno de sus parlamentarios en la cárcel por graves crímenes y delitos.

3. Este congreso reformó la Constitución Política para permitir la primera reelección del actual presidente. Además aprobó las leyes que juzgarían a los paramilitares, una reforma a la justicia e incluso una reforma política que favoreció a plenitud su continuidad en el poder y les otorgó un nivel de blindaje contra los organismos judiciales encargados de juzgar a los parlamentarios.

4. En la legislatura se han violado en 9 ocasiones las leyes de bancadas, de partidos y las normativas del Congreso de la República. En 6 de ellas para promover la segunda reelección del presidente. Como dato adicional, la aprobación de la primera reelección implicó un delito de cohecho y corrupción en el momento en que uno de los ministros del gabinete otorga favores con dinero público a dos congresistas a cambio de su voto favorable al presidente.

5. Recientemente se ha optado por realizar un referendo en el que los ciudadanos decidirán si la constitución debe ser nuevamente reformada para que el presidente pueda reelegirse o no.

6. Dado que la realización de un referendo implica la aprobación del Congreso, 8 parlamentarios de un partido que desaprobaba esta reforma, se retiran y se inscriben en uno de los partidos filiales al presidente para garantizar los votos necesarios con los que se acaba de aprobar la realización de la consulta popular. En argot jurídico esto se conoce como trashumancia y es una clara violación de la ley de bancadas, pero es el mismo Congreso de la república quién juzga si deben o no ser penalizados.

7. En este momento Colombia inicia un nuevo proceso de reforma a las leyes electorales para que los plazos puedan coincidir plenamente y el presidente/candidato pueda optar por una nueva elección.

Supongamos por un momento que un Congreso de estas características actúa en el marco de un orden democrático. Pero la pregunta es: ¿cuál es el límite tolerable de irregularidades y delitos para declarar democrática la decisión del presidente de perpetuarse como figura en el poder sin control alguno por parte de las instituciones?

Si las instituciones que deben ser garantes del cumplimiento de los órdenes constitucionales sólo funcionan a favor del interés privado de un individuo, lo único que resta es el Estado de Opinión, nada democrático y favorable al populismo.
Parece que al día de hoy es el estado perfecto para un tercer mandato del actual presidente: no existe posibilidad de regulación formal, depende de las encuestas y permite continuar con el proceso acelerado de detrimento institucional que caracteriza a Colombia los últimos siete años. Similar a otros países con gobiernos personalistas, el interés público se ha transformado en privado y ya podemos despedirnos de la mínima estabilidad institucional necesaria para sobrellevar graves problemas nacionales como el narcotráfico, el conflicto armado interno, la crisis humanitaria o la inequidad social.