Convence el anuncio de Aguirre de devolver la autoridad al profesorado

El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, ha recordado que elevar a los docentes a rango de autoridad jurídico-penal es algo que compete al Estado y que si se plantea requiere su aprobación como ley orgánica. Alonso se refiere a las intenciones de Esperanza Aguirre, cuya intención es otorgar a los profesores rango de autoridad pública por medio de una ley autonómica. Con ello, la Fiscalía podría perseguir de oficio los delitos cometidos contra los maestros y profesores, quienes, además, tendrían garantizado el derecho de presunción de veracidad.

El ministro de Educación ha respondido a la propuesta con más predisposición que Alonso. Ángel Gabilondo ha dicho que le gustaría que la propuesta planteada por la presidenta de la Comunidad de Madrid se inscribiera dentro del pacto educativo. "A mi me hubiera gustado más que esta medida se hubiera incorporado dentro del pacto social y político por la educación", junto a otras medidas que sí abordaran un asunto que merece atención, como es el respeto, el respeto al otro, el reconocimiento moral de quien enseña y dedica su vida a enseñar, ha añadido.

El ministro ha insistido en que cree en los pactos educativos y trabaja por ellos. Añadió que es donde "deberíamos decidir que hacemos con el esfuerzo, con la exigencia, con el sentido de la autoridad" y que en esa decisión se tuviera en cuenta a los padres y a las comunidades educativas. "Que no fuera sólo una decisión política", ha añadido el ministro. Gabilondo ha señalado que le parece "positivo, si tiene que ver con la idea de respeto, esfuerzo, exigencia, seriedad, convivencia", y que hay ver "cual es el alcance de esa propuesta. Concretamente, es una ley hay que ver que competencias específicas se le quieren atribuir, como se conciben esas competencias y como se administran. Miraré con mucha atención la propuesta que se hace".

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, apuesta por que los profesores y maestros sean considerados como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y ha recordado que su Grupo ya registró el pasado mes de julio una proposición de Ley en este sentido. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, Sáenz de Santamaría ha dicho “no poder estar más de acuerdo” con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha anunciado que el Gobierno regional elaborará una ley para conferir a los docentes autoridad pública.

Otra voz implicada, el sindicato de profesores ANPE, reconoce que el anuncio de Aguirre es una demanda histórica del sindicato. La autoridad del profesor, explica, "es un componente básico de la relación educativa que proviene de la responsabilidad que el docente tiene sobre sus alumnos. Agredir o amenazar a un docente en el ejercicio de su función es un síntoma grave de deterioro y una sociedad democrática, precisamente porque garantiza los derechos y libertades de todos, no puede tolerarlo".