Las escuchas de 'Gürtel' abren un interrogante sobre la legalidad del proceso

El 'caso Gürtel' se basa en múltiples escuchas que para cada vez más voces se están produciendo de forma ilegal. La última denuncia viene del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Muchos creen incluso que Baltasar Garzón, en un efecto bumerán, puede ser llevado a los tribunales por 'Gürtel' por prevaricación y por violar las garantías constitucionales.

El Consejo manifiesta su "absoluto rechazo" a la "violación del secreto profesional" que, en su opinión, se produjo en el marco de este caso y entiende que es "un gravísimo atentado" contra el Estado de Derecho. Estos procedimientos -subrayan los abogados- están reservados a casos de terrorismo o en los que puede estar implicado el abogado y no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia pues ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.

El Consejo entiende que las grabaciones de las conversaciones entre Francisco Correa y su segundo abogado tenía que haberlas autorizado el juez Baltasar Garzón en un auto, tal y como lo hizo para intervenir las que mantuvo el presunto cerebro de la trama con su primer letrado, implicado en la causa. Por ello, según el CGAE, la grabación de las comunicaciones han sido realizadas "fuera de la legalidad vigente" y deberían haber cesado o destruirse al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado.

De esta forma, según los abogados, no se tenían que haber incorporado en ningún caso las mismas al proceso, lo que supone un "vicio" que debe producir la nulidad del procesamiento. Por todo ello, el CGAE considera que estas prácticas "repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho".