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¿Quién ha arrebatado a los profesores su autoridad?

sábado 10 de octubre de 2009, 18:29h
Aprovechando que el lunes se celebró el día del docente, un santo que hasta hace poco no era de la devoción de nadie, proseguiré las reflexiones de la semana pasada. Mi propósito hoy es abordar la cuestión de la pérdida de autoridad de los profesores, y más exactamente de las causas de esa pérdida, mal conocidas.

En debates y tertulias se insiste una y otra vez en los comportamientos anómalos de muchos padres y alumnos, una clientela feroz que parece haber convertido escuelas e institutos en una jungla. El ministro ha salido al paso diciendo que no es para tanto. No niega que los conflictos existan, tampoco que hayan aumentado en los últimos tiempos –igual que las agresiones al personal sanitario o los ataques a la policía-, pero juzga, no sin pizca de razón, que continúan siendo algo extraordinario. Una cosa es el uso y otra el abuso, y aunque es innegable que este ha alcanzado niveles preocupantes, las cosas funcionan dentro de un orden y con cierta normalidad.

A pesar de lo anterior, el ministro cree que es preciso reforzar la autoridad de los profesores. Admite, pues, que éstos la han perdido y que la causa de esa pérdida no es el comportamiento anómalo de algunos padres y alumnos. Las conductas abusivas son un efecto de la pérdida de autoridad del profesor, no su causa. Entre las ventajas de contar con un metafísico en el ministerio es que ciertos errores elementales ya no pueden ser cometidos. Pero, entonces, ¿quiénes son los responsables?

Yo sugiero mirar en tres direcciones: las autoridades educativas, la pedagogía y los sindicatos de profesores.

De las primeras depende la gestión de los servicios educativos, una gestión que nunca se evalúa, mejor dicho, que se evalúa en las urnas, y que quizá por eso parece que nada tuviera que ver con los problemas. ¿Significa eso que la administración obra todo el tiempo con diligencia y eficacia? Los docentes admiten que ha aumentado el control administrativo de los centros, de acuerdo con el principio de que la tarea del gobernante es gobernar y la del funcionario, el profesor, obedecer sus directrices, pero el problema es que esas directrices, a menudo concebidas con criterios estrictamente empresariales, chocan frecuentemente con la naturaleza de la labor educativa. La administración desea que los profesores sean servidores laboriosos del Estado y como la docencia ha gozado de cierta mala fama, en el sentido de ser una profesión en la que las cosas se hacen con desahogo, parece empeñada en volver su trabajo lo menos cómodo posible. Esta tal vez sea la causa de que se hayan multiplicado las tareas burocráticas del profesor, las horas de obligada permanencia en los centros (en detrimento del tiempo de libre disposición para preparación de clases), las diligencias para adoptar medidas correctoras, etc. Parece que los gestores de la educación están convencidos de que cuanto mayor sea el control de la actividad del profesor mayor será su rendimiento. Quizá en una industria donde se acoplan piezas o en una oficina donde se registran documentos sea así, pero en el orden educativo resulta bastante dudoso. En todo caso, cuesta creer que una administración que, por necesidades del servicio, pone a un catedrático a vigilar un patio sienta especial estima por la autoridad de sus profesores.

La inteligencia es limitada, decía Einstein, la estulticia no. Esta es una frase muy apropiada como preámbulo a cualquier reflexión sobre la pedagogía, último bastión del progretariado. Aunque siempre se ha sabido que la tarea del profesor es de esas que no pueden ser determinadas desde fuera, la pedagogía, en la versión dominante, ha logrado imponer con la aquiescencia de la clase política una especie de código hipocrático de la buena práctica docente que ha reducido a la nada la idea de experiencia profesional. El profesor de hoy ya no tiene su librillo y si lo tiene debe deshacerse de él, pues rara vez coincide con los mandamientos de la pedagogía, un cuerpo de inmundicias ideológicas cuyo conocimiento y aplicación exige la ley vigente sin pudor. Nuestro catedrático de antes, cuando deja el patio, tiene que asistir a un curso de formación en el que alguien iniciado en los misterios pedagógicos, aunque quizá sin ninguna práctica profesional en la docencia, le explica porqué sigue siendo un mal profesor. ¿Es esto reconocimiento de la autoridad?

En cuanto a los sindicatos, los profesores de instituto admiten su existencia, aún cuando son muy pocos los que han visto alguna vez a un sindicalista. Muchos atribuyen esta invisibilidad a los remordimientos. El recuerdo de su traición en las huelgas de los ochenta, cuando los vendieron sin escrúpulos, parece que todavía pesa. Sin embargo, esgrimiendo a todas horas el discurso de la carrera docente, han logrado, por un lado, el respaldo de los maestros, los únicos que pueden hacer dicha carrera y que condicionan por su número el resultado de cualquier elección sindical en el ámbito de la docencia, y la representación absoluta de los intereses de unos profesionales con los que sólo tienen relaciones virtuales. Para los sucesivos gobiernos, sus patrones económicos, esto ha sido un verdadero chollo y es una de las razones por las que, tras no se sabe cuántos años de negociaciones infructuosas, todavía no hay un estatuto del funcionario docente y sí, en cambio, ingentes cantidades de leyes, normas y reglamentos que, amén de empeorar las condiciones laborales del profesor, lo han convertido en un don nadie administrativo.

Emparedados entre tres fuerzas -la administración educativa que impone su ley, una pedagogía que menosprecia la experiencia profesional y unos sindicatos que sólo se representan a sí mismos-, no es extraño que los profesores hayan perdido autoridad. La prueba es que más o menos abiertamente se les responsabiliza del mal funcionamiento del sistema y que nadie cuenta con ellos más que a las horas del golpe de pecho y de las buenas intenciones.

El ministro ha anunciado que se va a reunir con los partidos de la oposición, con los representantes sindicales y con los expertos pedagogos del ministerio para resolver el problema de la educación en España. Los tertulianos de los medios han comenzado el debate con sus clásicas sandeces, como si el fracaso del sistema tuviera algo que ver con la enseñanza de la educación para la ciudadanía o con la existencia de padres feroces y alumnos traviesos. El despiste es mayúsculo, y lo es porque nadie escucha a los únicos que saben verdaderamente qué pasa. Podemos seguir así varios siglos.
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