Conde Pumpido y Garzón, en entredicho por el "caso Gürtel"

El "caso Gürtel" se complica según pasan las horas. El último escándalo se ha destapado tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez Baltasar Garzón que eliminara del sumario una conversación en la que Pablo Crespo, el número dos de la trama, reconoció a su abogado que Camps no había recibido trajes como regalo. Así lo ha denunciado este domingo la portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha acusado a la Fiscalía de tratar de eliminar pruebas del caso Gürtel que favorecían la declaración de inocencia del presidente de Valencia, Francisco Camps.

De acuerdo con Sáenz de Santamaría, el contenido de esas conversaciones "no ha estado nunca" en los autos que la Audiencia Nacional remitió a Valencia, donde se continuó el procedimiento y, por ello, cree que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene que comparecer con carácter urgente en el Congreso y explicar "estos intentos de manipulación".

Conde-Pumpido, ha dicho la portavoz del PP, que conocía la existencia de estas conversaciones que exculpaban a Camps, "es el mismo" que, sin embargo, recurrió ante el Tribunal Supremo la decisión judicial de archivar la causa, "y lo hizo, entre otras cosas, porque se lo dijo María Teresa Fernández de la Vega".

En alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha afirmado que en democracia el Ejecutivo "no tiene que dar instrucciones" ni a la Justicia ni al fiscal, y tampoco "es ético" ordenar el archivo de un procedimiento cuando, según la portavoz popular, conocía que había datos en el sumario que dejaban a Camps fuera de la trama Gürtel.

Asimismo, la popular ha subrayado que resulta "intolerable" que la Fiscalía, en lugar de dedicarse a "buscar" la verdad y la justicia, se emplee en "atacar" al PP y en defender los intereses del PSOE.

Así, ha mencionado cómo ha protegido al vicepresidente tercero Manuel Chaves en el asunto de las ayudas públicas concedidas a la empresa en la que trabaja su hija durante su etapa como presidente de Andalucía o se ha empeñado en "tapar las vergüenzas" del anterior director del CNI, Alberto Sainz, a quien ha acusado de utilizar dinero público para fines privados.

Garzón, contra las cuerdas
Estas denuncias coinciden con las del Colegio de la Abogacía, quien se ha pronunciado contra la actuación del juez Garzón en el proceso por intervenir conversaciones de implicados en la trama sin apoyo legal alguno para hacerlo. Al parecer, el pasado 19 de febrero, Baltasar Garzón dictó un auto en el que ordenó intervenir las comunicaciones orales y escritas de los tres principales implicados en el ’caso Gürtel’, Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez, en una medida que se mantenía hasta el 20 de marzo y que incluía las entrevistas de éstos con sus letrados. En ese periodo, efectivamente, se produjeron escuchas, pero también los tres acusados cambiaron de abogado y el auto no se modificó. Por tanto, fueron escuchadas personas que no contempló Garzón aquel 19 de marzo.

Los defensores, que no sus clientes, plantean por tanto presentar una denuncia ante el Tribunal Supremo en las próximas fechas amparados en el artículo 536 del Código Penal: "La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años". La querella irá acompañada de una petición de nulidad de las actuaciones.

Además, este viernes se ha manifestado la Abogacía en la misma línea. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cree que la grabación de las comunicaciones privadas entre presuntos implicados del caso "Gürtel" y varios de sus abogados suponen un atentado contra el Estado de Derecho ya que fueron realizadas "sin apoyo legal", "fuera de la legalidad vigente".

El Consejo manifiesta su "absoluto rechazo" a la "violación del secreto profesional" que, en su opinión, se produjo en el marco de este caso y entiende que es "un gravísimo atentado" contra el Estado de Derecho. Estos procedimientos -subrayan los abogados- están reservados a casos de terrorismo o en los que puede estar implicado el abogado y no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, pues ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.

El Consejo entiende que las grabaciones de las conversaciones entre Francisco Correa y su segundo abogado tenía que haberlas autorizado el juez Baltasar Garzón en un auto, tal y como lo hizo para intervenir las que mantuvo el presunto cerebro de la trama con su primer letrado, implicado en la causa. Por ello, según el CGAE, la grabación de las comunicaciones han sido realizadas "fuera de la legalidad vigente" y deberían haber cesado o destruirse al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado.

De esta forma, según los abogados, no se tenían que haber incorporado en ningún caso las mismas al proceso, lo que supone un "vicio" que debe producir la nulidad del procesamiento. Por todo ello, el CGAE considera que estas prácticas "repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho".

La defensa del presunto 'cerebro' de la trama Gürtel, Francisco Correa, avanzó hace unos días que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la vía de recursos "la nulidad de las actuaciones" del proceso penal instruido por el juez Antonio Pedreira por las que considera "las escuchas ilegales" que se realizaron por orden del juez Baltasar Garzón en el locutorio de la cárcel de Soto del Real entre Correa y su letrado sin dictarse auto para su autorización.