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En defensa de la sanidad privada

sábado 17 de octubre de 2009, 15:30h
El autor denuncia que la sanidad privada es ignorada por las administraciones salvo cuando gestionan de forma ineficiente sus recursos y la demanda asistencial supera la esperada. Opina que lo privado es básico como complemento de lo público para garantizar una asistencia de calidad.

Antes de nada, me gustaría aclarar que no pretendo que lo que se desprenda de estas líneas sea una queja sino, más bien, una denuncia de la realidad que vivimos diariamente y ante la cual la principal respuesta debería de estar en los diferentes miembros que constituimos el sector sanitario privado.

No resulta fácil prosperar si te dedicas a la sanidad privada. La competitividad existe en cualquier sector, pero en sanidad se ve exponencialmente aumentada por la pública y la actitud de la Administración. Por defecto, en lo que respecta a las administraciones públicas, parece que todo lo referente a la salud es por y para la sanidad pública. Contemplamos cómo las autoridades sanitarias planifican y desarrollan sus planes sin considerar en ningún aspecto a la sanidad privada. Asistimos perplejos a hechos como el informe de la Fiscalía General del Estado de 25 de noviembre del 2008, por el que se considera atentado la agresión al personal sanitario, exclusivamente público. ¿Los que se dedican a la sanidad privada no realizan una función pública y no merecen esta salvaguarda?

Políticamente, mientras los de un lado se empeñan en que la culpa de todos los males de la sanidad la tiene la "privatización", cuando en las comunidades en las que gobiernan en ocasiones dejan todo el servicio sanitario en manos privadas, los privatizadores del otro se empeñan en plantear que, a pesar de que ponen en manos del sector privado la sanidad pública, no la están privatizando. Es como si asistiéramos a un partido de fútbol en el que la sanidad privada es la pelota a la que se sitúa en un lado u otro del campo según interese, pero en el que nadie se quiere hacer cargo de ella. Es aquello que se entiende como que la "pelota quema". Pero sin ella no hay partido.

A saber. La sanidad privada implica el 30 por ciento de la sanidad global del país. Genera, por sí sola cerca del 2,5 por ciento del PIB, y en el caso del doble aseguramiento (la gente que tiene sanidad pública y póliza de seguros) descarga a la sanidad pública de muchos miles de millones de euros. En concreto, y por ejemplo en la Comunidad Autónoma de Madrid, cerca de 500 euros al año por cada madrileño. Es decir, cantidades que, si no fuera así, harían necesario valorar hasta dónde se podría ver comprometido el sistema sanitario.

Existen más datos esclarecedores de la importancia de la sanidad privada en el sistema sanitario. Siempre sin tratar de dañar a la sanidad pública, que bastante hace con las dificultades de base que tiene para afrontar su cometido, pero sí aclarando rotundamente que, al igual que en la privada, existe un porcentaje de sanidad buena y mala. De los cerca de dos millones de funcionarios que tienen la opción de cubrir sus necesidades sanitarias en el sistema público o en la privado, cerca del 85 por ciento eligen la segunda opción, a pesar de las tremendas trabas y dificultades que tienen las aseguradoras para aceptar las condiciones que ofertan desde la Dirección General de Muface.

Como si no existiéramos
En este país, y hablando de sanidad, la privada, por defecto, se toma por incompetente y por deshonesta, y de los que dependemos políticamente, salvo excepciones, no se aprestan a representarnos abiertamente. Al revés, parece que se avergüenzan. Quedamos para recurrir cuando, por falta de recursos, incapacidad para gestionar de manera viable o cuando existe una plétora asistencial inesperada que no hay forma de absorber por el sistema público de turno, se ven con el agua al cuello. Para lo demás se nos mantiene en el más puro ostracismo y marginalidad. Por mucho que hagamos méritos, consigamos acreditaciones, expongamos nuestros resultados o lideremos proyectos de innovación asistencial, tecnológica o de investigación, ni se tienen en cuenta. Cuando no hacemos falta es, sencillamente, como si no existiéramos.

Hay que destacar, además, que la sanidad pública vive un momento de difícil solución. El incremento del coste se produce de manera irreversible por múltiples motivos conocidos y la realidad de la sanidad universal está en entredicho. Pues si bien es verdad que todo el mundo tiene acceso a la sanidad, no es igual, sin duda alguna, ponerse enfermo en determinadas áreas de la capital que en un pueblo de cualquier provincia. Los medios y los recursos no están al alcance de todo el mundo. Y ya no hablemos si el paciente sufre determinadas patologías, como cáncer, por ejemplo.

La Constitución y las leyes que la desarrollan reconocen el derecho a la sanidad universal en condiciones de igualdad efectiva para todos los españoles. Pero, sin duda, no determina mediante qué o quién se deben ejecutar estos derechos.

Por tanto, los que conformamos el sector sanitario privado debemos, por una parte, tratar de mantener una oferta sanitaria de la más alta calidad posible y, por otra, dar a conocer que, con el modelo de gestión privada de la salud, que tiene como pivote el sistema asegurador, se puede ofertar una solución a la demanda de los ciudadanos que, hoy por hoy, y más si cabe con una regulación efectiva en función de las cualidades y capacidades de cada uno, es definitiva, alternativa y complementaria a la sanidad pública.

Las administraciones públicas, por su parte, deberían desviar su foco de atención de quién oferta esa asistencia universal, no politizar la sanidad y salvaguardar el derecho a la salud como derecho elemental que es, a salvo de luchas políticas que al ciudadano no le aportan nada. Al ciudadano, en general, mientras no le cueste y le atiendan con calidad, le da lo mismo quién lo haga.
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